Las claves del acuerdo entre PSOE y Sumar: de la jornada de 37,5 horas y cambios en el despido a nuevos permisos por nacimiento

Reducción de la jornada laboral, ampliación de los permisos por nacimiento, derogar la denominada ley mordaza o garantizar las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). El programa que marcará los ejes prioritarios de la acción de gobierno, si Pedro Sánchez logra sacar adelante su investidura, se presenta con un marcado tono social y progresista.

El texto, que recoge 230 medidas a lo largo de 48 páginas, tiene también un acento laborista, identificado con Sumar, y por el que los negociadores del partido liderado por Yolanda Díaz han batallado hasta el último momento. El acuerdo, que se cerró esta madrugada, lo han presentado, tras el Consejo de Ministros de hoy, Sánchez y Díaz.

Transportes

La mayoría de medidas en materia laboral y verde fueron anunciadas en un primer momento por Sumar y no estaban en el comunicado conjunto entre ambos partidos, aunque sí constan en el documento del acuerdo de Gobierno. Es el caso de "la sustitución de vuelos cortos" en la península cuando haya alternativa de "viajes asequibles en tren".

"Impulsaremos la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de 2 horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales", señala el documento, que se limita a "impulsar" y no a prohibir, y que a priori excluye los vuelos que tengan como origen y destino los aeropuertos de Madrid o Barcelona, entre otros.

En materia de trasportes, el acuerdo también recoge mantener la bonificación universal de los abonos transporte durante el año 2024 "y transformaremos más adelante esta medida en una política de transporte permanente para determinados colectivos, con la cofinanciación de las Comunidades Autónomas y la administración local".

El documento también se compromete a facilitar el acceso al vehículo eléctrico, y "para ello simplificaremos las ayudas a la compra, las haremos más progresivas e impulsaremos una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales". 

Reducción de jornada

El principal escollo, que se situó en la reducción de la jornada laboral, se ha superado con el compromiso de impulsar la bajada de las 40 horas semanales “sin reducción salarial” hasta las 37,5 horas semanales. Aunque Sumar defendió en campaña que esta reducción se aplicase para 2024, el acuerdo lo aplaza a 2025.

"Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas. 

En el ámbito laboral, PSOE y Sumar habrían pactado también, siempre según el partido de Yolanda Díaz, una reforma para regular las causas del despido. El denominado "despido restaurativo" que busca aumentar las indemnizaciones por despido en función de las diferentes casuísticas.

Permisos de maternidad y paternidad

En materia de cuidados se propone la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento y la universalización de la educación de 0 a 3 años. Sobre lo primero, los socios de Gobierno acuerdan elevar a 20 semanas el permiso parental, ahora fijado en 16 semanas, aunque sin fecha concreta para esta medida. La propuesta final, que fue defendida por el PSOE en campaña, refleja otorgar "mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16".

Además, el documento también señala que "avanzaremos en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados", planteando "el objetivo de remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público".

En lo referente al impulso de la universalización de la educación de cero a tres años, el acuerdo se sella con la garantía de que "al final de la legislatura el acceso a la educación pública para niñas y niños de 2 años será universal". 

Fiscalidad

En cuanto a la reforma fiscal, el documento se compromete a aumentar la presión fiscal para las grandes empresas y "alcanzar una tributación del 15% efectivo sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE", además de "la mejora de la progresividad en el IRPF, un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo en este impuesto. 

En cuanto a los impuestos a la banca y a las empresas energéticas, un asunto que Sumar había reclamado, el acuerdo contempla una revisión de estos gravámenes, "con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar".

También las grandes fortunas se verán afectadas, después de que PSOE y Sumar hayan abierto la puerta a hacer permanente este temporal y hayan pactado evaluar los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas "con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios".

Salario mínimo

La subida del SMI es otra de las medidas del programa que más conflicto han generado. Sumar apostaba por vincularlo a la inflación y el PSOE se resistía anteponiendo su prioridad de fijarlo por ley en el 60% del salario medio. Finalmente, el acuerdo evita vincularlo por ley, pero incluye una referencia al poder adquisitivo.

"El SMI seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio", reza el texto.

Ley Mordaza

En cuanto a la derogación de la Ley Mordaza que había anunciado Sumar y que ya estaba en el anterior acuerdo de coalición de 2019, el texto también rebaja el anuncio inicial, y lo limita a una reforma y derogación de algunos aspectos, además de reformar las sanciones para adaptarlas al perfil del sancionado

"Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la «ley mordaza» y el Código Penal)", reza el texto. "En concreto, garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Introduciremos un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados".

Además, introduce el compromiso de regular "entre otros, el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes".

Estado de Palestina

Una de las últimas exigencias que Sumar había puesto sobre la mesa, el lunes de la semana pasada, fue el reconocimiento "inmediato, unilateral e incondicional" del estado de Palestina por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, en caso de salir adelante. Una exigencia que se ha visto diluida en el texto final. Sí hay una referencia a Palestina, en la última medida que recoge el documento, pero viene referenciada a la iniciativa aprobada en el Congreso de los Diputados en 2014, cuando gobernaba el PP, que condicionaba el reconocimiento del estado palestino a un acuerdo dentro de la propia Unión Europea.

Así, el texto refleja lo siguiente: El Gobierno de España trabajará activamente para favorecer las vías diplomáticas que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio y entre Israel y Palestina, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y garantizando el respeto al derecho internacional. Apostaremos por el reconocimiento del Estado palestino conformemente a la Resolución del Congreso de los Diputados de 18 de noviembre de 2014.

CGPJ

En cuanto a la negociación abierta entre Sumar y PSOE sobre el sistema de elección del CGPJ, que acumula cuatro años de bloqueo desde su fecha prevista de renovación, los aliados de Gobierno se han limitado finalmente a asegurar que "garantizamos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas". Un compromiso político que, sin embargo, no aclara cómo lo llevarán a cabo.

Vivienda

Entre otras medidas, el acuerdo incluye aumento del parque público de vivienda con el "objetivo de que alcance el 20% del parque total", además de desarrollar "las medidas contempladas en la Ley por el Derecho a la Vivienda para la contención de los precios, incluyendo tanto los incentivos fiscales como los mecanismos de regulación de los alquileres", detalla el acuerdo. "En concreto, se definirá con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres"

El documento recoge además una somera referencia a los alquileres turísticos, un asunto que Sumar había priorizado en campaña y que finalmente viene reflejado de manera genérica. "Revisaremos la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas", zanja el acuerdo.

La revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático o una reforma fiscal para que "la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público". El actual impuesto a la banca es de carácter temporal y Sumar ha empujado por convertirlo en permanente. En materia de vivienda el acuerdo busca desarrollar los índices de precios que quedó pendiente en la ley de vivienda para su correcta aplicación.

Hipotecas

Otra de las prioridades de Yolanda Díaz consistía en aliviar la subida del precio de las hipotecas, un compromiso que finalmente se ha visto reflejado en el acuerdo pero sin carácter vinculante, puesto que consiste en reformar el Código de Buenas Prácticas que lanzó el Gobierno el año pasado y que es opcional para las entidades bancarias. A estas medidas podían cogerse familias con rentas de 29.400 euros, un umbral que PSOE y Sumar se comprometen a ampliar hasta los 37.800 euros.

En esta materia, también figura el compromiso de "eliminar los obstáculos a la portabilidad real de hipotecas entre entidades, reforzando la supervisión tanto financiera como de competencia e impulsando la transparencia", aunque sin concretar cómo se llevará a cabo ni los plazos que se manejan.

Sistema de financiación

El acuerdo contempla también el impulso de la reforma del sistema de financiación autonómica "que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad". Un modelo basado en los principios de "equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, y que corrija la infrafinanciación de determinadas Comunidades Autónomas".

En este punto, el texto hace una referencia explícita y un compromiso presupuestario para la Comunidad Valenciana, una reivindicación de Compromís, que tiene dos diputados dentro de Sumar, y que omite otras regiones como Andalucía o Murcia. Así, el documento señala que "mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de Comunidades Autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado".

Sobre los equilibrios territoriales, también se recoge una reforma de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, "estableciendo un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera" y la aprobación de una Ley de Régimen Local "que refuerce la autonomía local, con unas competencias definidas de los entes locales".

Fuentes de la Moncloa ya avanzaron su intención de vincular la “armonización fiscal” a una futura reforma del sistema de financiación autonómica. Esto es, poner freno a la carrera entre varias regiones gobernadas por el PP para suprimir el impuesto de sucesiones. La armonización fiscal fue uno de los pocos puntos para la reforma que compartían todos los barones socialistas en la pasada legislatura, ya que sobre el método de cálculo manifestaron las diferencias clásicas entre las comunidades más poblaciones y las que tienen una demografía más reducida y dispersa.

El PSOE ya llevó en su programa electoral el compromiso de poner coto a la “competencia fiscal desleal” entre CCAA. Asimismo, se apostaba por avanzar en el debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios". La armonización fiscal como medida para luchar contra las bonificaciones en impuestos como el de patrimonio en Madrid y Andalucía. Entonces, todavía no habían iniciado el proceso de supresión otras comunidades a las que el PP accedió al poder tras las pasadas elecciones autonómicas, como Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Canarias.

Encajar todas las piezas

El texto del acuerdo contiene medidas concretas y líneas más generales que todavía se deberán aterrizar en la letra pequeña. Los socialistas buscaban una redacción más genérica para no alejar a Junts o PNV de un acuerdo de legislatura. La compleja aritmética parlamentaria salida de las urnas, que obliga a contar con el apoyo de los socios potenciales en todas las votaciones, refuerza la necesidad de desarrollar un programa de gobierno que no comprometa ningún apoyo. Principalmente, los de posconvergentes y jeltzales, las formaciones más conservadoras en materia económica y laboral.

Queda margen de negociación para encajar todas las piezas y convertir los acuerdos en investidura en pactos de legislatura. Sobre esto último, el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, ya apostó tras reunirse con Sánchez por buscar mecanismos de “desarrollo de la legislatura” con una orientación más centrada de las medidas del Gobierno y, por tanto, consensuada con todos los socios potenciales. “Tenemos que saber distinguir qué se puede aprobar”, advirtió mirando al horizonte de los próximos cuatro años. Con todo, el acuerdo delimita algunas de las líneas básicas en las que PSOE y Sumar justifican un programa “de ampliación de derechos para trabajadores, jóvenes, mujeres y la mayoría social de este país".