Acuerdo de legislatura

PSOE y Sumar pactan "impulsar" la reducción de vuelos cortos en las rutas con alternativa inferior a 2,5 horas en tren

La prohibición de vuelos cortos podría afectar a cinco rutas en España y 3,2 millones de pasajeros

Sánchez y Díaz presentan su pacto para "cuatro años más" que incluye la jornada laboral de 37,5 horas

Las claves del acuerdo entre PSOE y Sumar

Estos son los vuelos en ESpaña que podrían eliminarse para ahorrar CO2

Estos son los vuelos en ESpaña que podrían eliminarse para ahorrar CO2 / Pixabay

Sara Ledo

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El acuerdo de legislatura alcanzado entre el PSOE y Sumar incluye "impulsar" la reducción de vuelos cortos además de prorrogar de forma indefinida los gravámenes extraordinarios sobre la banca y sobre las empresas energéticas o aumentar el salario mínimo.

Vuelos cortos

"El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso se van a acabar los vuelos cortos cuando haya alternativa por tren", aseguró la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz. Una prohibición que en el acuerdo sellado por PSOE y Sumar se matiza con el verbo "impulsar". El texto afirma que se potenciará "tal y como han hecho otros países del entorno" la reducción de los "vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de 2 horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales". El caso al que parece hacer referencia el acuerdo es el de Francia, el primer país europeo que prohibió este tipo de trayectos en avión, aunque su puesta en práctica ha sido más simbólica que eficaz. En España su aplicación práctica también sería limitada, pues solo hay cinco rutas --los trazados que unen Madrid con Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla-- que se pueden recorrer en 2,5 horas o menos en tren, pero en muchos casos sirven a los vuelos de conexión. Las aerolíneas se han opuesto siempre a esta medida.

Servicio público aéreo

Entre las novedades del pacto se incluye también la implantación de una "experiencia piloto" de Obligación de Servicio Público aérea entre Menorca y Barcelona, que afirman se replicará en las conexiones de Ibiza y Menorca con Madrid, Barcelona y Valencia, si los resultados son exitosos.

Nuevo regulador

Entre las novedades se cita la creación de un nuevo regulador que se llamará Comisión Nacional de la Energía, que define como un organismo "especializado que cuente con los recursos adecuados para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática". "También se reforzarán sus capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores", añade.

En la práctica actual todas estas funciones las realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), creada en 2013 de la unión de la autoridad de competencia nacional y los organismos reguladores (energía, telecomunicaciones, postal, audiovisual, ferroviario y aeroportuario) para otorgar una visión "integradora" y garantizar su independencia y seguridad jurídica. El acuerdo no dice nada de la CNMC, que en su día se quiso volver a disgregar, pero sí se añade el refuerzo de los "instrumentos para limitar la excesiva concentración empresarial y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas" a través de la revisión de la Ley de Defensa de la Competencia y de la de Ley de creación de la CNMC.

Beneficios 'caídos del cielo'

También se incluye "continuar profundizando en la reforma del mercado eléctrico mayorista" (esto es materia europea) para "resolver los elementos perjudiciales" del sistema marginalista actual y los "llamados 'beneficios caídos del cielo'". Esto último formó parte también del acuerdo del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos y, aunque hubo alguna propuesta para darle forma en los albores de la crisis energética. Lo más parecido que se hizo en esta dirección es el recorte a los ingresos de nucleares e hidráulicas que supone limitar los contratos de venta de esta energía a 67 euros por megavatio-hora de forma temporal (de momento, hasta el 31 de diciembre). El objetivo, añade el texto, será trasladar el "beneficio de las energías renovables a los consumidores, abaratando la factura eléctrica para hogares y empresas, con una mayor equidad y seguridad de suministro, al tiempo que se proporcionan las señales adecuadas para atraer inversiones".

Ayudas en la factura de la luz 

Otra de los objetivos es aumentar el número de beneficiarios de descuentos en la factura de la luz (bono social) que en la actualidad se sitúa en 1,5 millones de beneficiarios, una cifra muy baja si se tiene en cuenta el número de perceptores de esta ayuda en 2018 (2,44 millones) y el incremento de hogares que sufren pobreza energética en España. "Revisaremos y desplegaremos la estrategia contra la Pobreza Energética reforzando los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables. En el marco de esta estrategia, los agentes competentes en materia de servicios sociales y consumo, en colaboración con las entidades sociales, llevarán a cabo los planes necesarios con el objetivo de, al menos, duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico", dice el texto.

En la actualidad esta ayuda está acotada siguiendo criterios de renta (siguiendo el índice IPREM), aunque desde las entidades sociales se ha expresado en varias ocasiones que el hecho de que los hogares tengan que solicitarla y su aplicación no sea automática limita a los hogares acogidos a esta medida. Entre las medidas también se incluye el incremento "progresivo del IPREM a lo largo de la legislatura para facilitar el acceso de las familias más vulnerables a las distintas ayudas y subvenciones".

Impulsar el Corredor Mediterráneo

En el pacto también se recoge la "ampliación de la financiación" y la "aceleración" de las obras del Corredor Mediterráneo, que pretende unir todo el eje suroriental hasta Francia. El acuerdo dará un especial impulso a "la conexión Bobadilla-Algeciras por su componente estratégico también para el Corredor Atlántico, y del Corredor Sagunto-Zaragoza-Bilbao, como ejes ferroviarios prioritarios para la conexión ferroviaria valenciana". Además, se promete reabrir la línea Zaragoza-Canfranc-Pau, e "impulsar" el corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Despliegue "racional" del hidrógeno renovable

En materia energética también se apuesta por el despliegue "racional" del hidrógeno renovable "atendiendo a su viabilidad técnico-económica y al potencial internacional de España en el desarrollo y producción de este vector energético". El hidrógeno renovable, llamado a sustituir a los combustibles fósiles en aquellos "procesos de difícil electrificación" como ciertos usos industriales, transporte pesado terrestre, aviación, transporte marítimo. Este vector energético ha sido objeto de un auténtico 'boom' de proyectos por parte de las empresas, aunque de momento su desarrollo todavía es muy incipiente. No se incluye en el texto, pero entre los proyectos españoles destaca el corredor que pretende conectar la Península Ibérica con Alemania a través del tubo submarino entre Barcelona y Marsella. En un encuentro organizado por El Periódico de la Energía este verano, el representante de Sumar Fernando Ferrando mostró su oposición a este proyecto al que calificó de "inversión varada".