Pobreza energética

Los españoles que no pueden mantener caliente su casa ascienden al 17,1% y duplican la media europea

Sobrevivir a 39º dentro de casa, las garras de la pobreza energética

La pobreza energética se duplica en dos años en Catalunya

Pobreza energética.

Pobreza energética. / CARLOS MONTAÑÉS

Sara Ledo

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Los efectos económicos del coronavirus y la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania han disparado el número de hogares que sufren pobreza energética, según se desprende de la encuesta anual realiza por Eurostat, publicada este lunes. El brazo estadístico de la Comisión Europea eleva casi en tres puntos porcentuales la tasa de españoles que afirmaron en 2022 que no pueden mantener su casa caliente, hasta el 17,1%, el porcentaje más alto de la última década. En el conjunto de la Unión, el porcentaje es casi la mitad, con el 9,3% de la población, lo que supone un aumento de 2,4 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Según Eurostat, España fue el sexto país con mayor proporción de familias que no pudieron mantener su casa caliente, mientras que el año pasado se situaba en tercera posición. Los que más problemas tuvieron para mantener su vivienda a temperatura adecuada fueron los ciudadanos de Bulgaria, con una cuarta parte de la población (22,5%, 1,5 puntos porcentuales menos que un año antes), seguidos de la población de Chipre (19,2%), Grecia (18,7%), Lituania (17,5%) y Portugal (17,5%). Por el contrario, Finlancia (1,4%), Luxemburgo (2,1%), Eslovenia (2,6%), Austria (2,7%), Chequia (2,9%), Suecia (3,3%) y Estonia (3,4%) registraron los porcentajes más bajos.

El de 2022 es el peor porcentaje de los últimos diez años para España, que solía tener una media de entre el 8% y el 10% de su población con una temperatura inadecuada en su hogar hasta 2020, cuando la tasa se disparó hasta 10,9%. Ese año el incremento estuvo marcado por la crisis económica derivada del coronavirus que tuvo un impacto más duradero en España que en resto de países europeos y le llevó entonces a desvincularse por completo de los niveles medios registrados por los Veintisiete países de la Unión Europea.

Los efectos del 2020 en los hogares lejos de mejorar en los años siguientes se agravó por el alza del precio de la energía, que se inició en la primavera de 2021 y llegó a alcanzar niveles históricos tras el estallido de la guerra de Ucrania con precios medios mayoristas de la luz y el gas por encima de los 200 y los 100 euros por megavatio-hora, respectivamente. España fue uno de los países más impactados por la subida de precios por la relación directa del precio mayorista de la luz en la factura. No obstante, el impacto en los usuarios fue desigual en función de su tipo de contrato, siendo en el caso del gas el mercado regulado el más barato porque estaba intervenido por el Gobierno, mientras en el caso de la luz era el mercado libre el más asequible.

Bono social

La estadística europea coincide con el incremento del número de beneficiarios del bono social eléctrico dentro de la categoría de mayor pobreza que han ascendido a cifras históricas en el último año, hasta alcanzar un total de 783.779 hogares, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica que hacen referencia al mes de mayo.

El bono social eléctrico es un descuento en el recibo de la luz de entre el 25% y el 40% --ayudas que se elevaron al 65% y al 80%, respectivamente, hasta final de este año por la crisis energética-- que pueden recibir los consumidores con un contrato regulado de la luz (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) que lo soliciten y cumplan con determinados límites de renta. El bono social eléctrico supone la perceción automática del bono térmico que implica un cheque para la calefacción en los meses de invierno.

En función de sus niveles de pobreza hay dos tipos de categorías de bono social distintas, la de consumidor vulnerable y vulnerable severo. Antes del estallido de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, el número de usuarios que disfrutaban del primero de estos descuentos era de 605.523 y 591.549 perceptores, respectivamente. Un año y tres meses después, en mayo de 2023, el número de beneficiarios vulnerables se ha incrementado ligeramente (hasta 679.196), pero el de vulnerables severos se ha disparado (783.779).