Todas las claves de la ley de amnistía del 'procés'
Bajo el título 'Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya', la concesión más arriesgada de Pedro Sánchez al independentismo a cambio de su investidura inicia un tortuoso camino en el Congreso, el Senado y los tribunales. El PSOE ha intentado blindar la proposición de ley para lograr una rápida aplicación de la amnistía y evitar que los jueces puedan paralizar su vigencia.
Estas son las principales claves de la norma que busca dar carpetazo judicial al 'procés'
¿Qué dice la ley?
1. La justificación
La ley justifica su promulgación en la "tensión institucional, social y política" que se ha vivido en Catalunya desde el recorte del Estatut, en 2010, que "provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales". Una tensión "que todavía no ha desaparecido y que podría agravarse en los próximos años a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no solo a los líderes de aquel proceso (que son los menos), sino también a los múltiples casos de ciudadanos e, incluso, a empleados públicos".
2. El periodo amnistiado
Quedan amnistiados "los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta del 9-N de 2014 y al referéndum del 1-O de 2017, que se hubiesen realizado entre el 1 de enero de 2012 (año de inicio del 'procés' y el 13 de noviembre de 2023 (fecha de registro de la ley)"
3. Los hechos amnistiados
La amnistía abarca todos los actos preparatorios, las acciones de protesta (ya sean de desobediencia, desórdenes públicos o atentado contra la autoridad, lo que incluye a los CDR y el Tsunami Democràtic) para defenderlos o para oponerse al procesamiento y condena de sus responsables, así como "la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables". En el ámbito no penal, la norma extingue todas las responsabilidades civiles y contables que tengan que ver con los hechos incluidos en ella.
4. El 'lawfare'
El redactado no menciona el 'lawfare' (persecución judicial por motivos políticos), pero de él se desprende que permite incluir a los colaboradores de Carles Puigdemont. La norma, por tanto, está pensada para que se aplique a todos los niveles, desde el expresident, que en principio podrá volver a España, a los directores de colegio que fueron imputados por abrir sus centros en el referéndum de 2017.
¿A qué políticos afecta?
Según los cálculos de los autores de la ley, la amnistía podría beneficiar a un total de 309 personas del ámbito independentista con procesos penales abiertos en los tribunales, a 73 policías nacionales y a una treintena de encausados por el Tribunal de Cuentas.
En el siguiente buscador puedes localizar a los principales beneficiados por la ley de amnistía
¿Qué delitos no serán perdonados?
La ley excluye de la amnistía los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas tipificadas en la normativa europea, que abarca desde atentados a fabricación de explosivos. También quedan fuera del perdón los delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes "siempre que superen un umbral mínimo de gravedad".
De esta forma, se facilita la amnistía de los policías nacionales y guardias civiles imputados por lesiones durante las cargas para impedir el 1-O, pero no a aquellos que estén investigados por delitos contra la integridad moral.
Las dos causas abiertas con acusaciones de terrorismo, las protestas de Tsunami Democràtic (en la que se investiga a Carles Puigdemont y Marta Rovira) y las de los CDR, seguramente serán amnistiadas porque difícilmente habrá sentencia firme cuando entre en vigor la ley. La del Tsunami está en fase de instrucción y la de los CDR, pendiente de juicio.
¿En cuánto tiempo podría aprobarse?
La entrada en vigor de la ley de amnistía podría tardar todavía unos cuantos meses. La tramitación y la aprobación en el Congreso podría resolverse en un mes gracias a la mayoría de la investidura, pero el procedimiento en el Senado podría retrasarse hasta mediados de marzo por una reforma del reglamento que dilata los plazos impulsada por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara alta. Si el Senado tumba la iniciativa como introduce enmiendas, el texto deberá regresar al Congreso para levantar el veto.
¿Pueden frenarlo los jueces?
La ley de amnistía es recurrible por grupos parlamentarios, comunidades autónomas, jueces y el Defensor del Pueblo.
- Si la recurre un grupo parlamentario, una autonomía o el Defensor del Pueblo: la suspensión de la norma no es automática, sino que tendría que solicitarse como medida cautelar y acordarla el Tribunal Constitucional (TC), en cuyo caso todas las causas judiciales quedarían paralizadas.
- Si la recurre un juzgado o un tribunal: antes de acordar el archivo de una causa, cualquier juez que dude de la constitucionalidad de la norma puede plantearlo así ante el TC.
- Si la recurre el Tribunal Supremo: puede presentar una doble impugnación, esto es, una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC y una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. La impugnación ante el Constitucional suspende la aplicación de la ley en los casos que sean competencia del tribunal que lo plantea.
Para delimitar sus tiempos y evitar que los jueces intentan retrasar su puesta en práctica una vez entre en vigor, la ley deja claro que para la aplicación de la norma, los "órganos judiciales, administrativos y contables" adoptarán sus decisiones en "el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos".
¿Qué pasará con la causa independentista en Europa?
Puede ser analizada a pesar de la amnistía o archivada. El artículo 37 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé su archivo cuando "las circunstancias permitan comprobar: que el demandante ya no está dispuesto a mantenerla; que el litigio haya sido ya resuelto; o que, por cualquier otro motivo verificado por el tribunal, ya no esté justificada la continuación del examen de la demanda".
No obstante, a continuación añade una previsión: "El tribunal proseguirá el examen de la demanda si así lo exige el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y sus Protocolos".
La admisión formal de las demandas del 'procés' no se realizará hasta estudiar las alegaciones de España, que tiene hasta el 12 de enero para presentarlas, porque de momento solo se ha comprometido a estudiar los argumentos de ambas partes.
Un reportaje de EL PERIÓDICO
Textos: Jose Rico, Júlia Regué, Juan Ruiz Sierra, Ángeles Vázquez y Miguel Ángel Rodríguez
Infografías: Francisco J. Moya
Coordinación: Rafa Julve
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