Tras el 23-J

¿Qué han pactado el PSOE y ERC? Todas las claves del acuerdo para la investidura de Sánchez

ERC y el PSOE sellan el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez

PSOE y Junts acuerdan el mediador y se encallan en un párrafo de la ley de amnistía

PSOE y ERC pactan la condonación de más de 15.000 millones de deuda de la Generalitat

Oriol Junqueras y Félix Bolaños en la signatura del pacto de investidura de Pedro Sánchez

Oriol Junqueras y Félix Bolaños en la signatura del pacto de investidura de Pedro Sánchez

Carlota Camps
Quim Bertomeu
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Más de tres meses después de las elecciones del 23-J, finalmente ERC y el PSOE han alcanzado este jueves una acuerdo para que los siete diputados de los republicanos en el Congreso voten 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez. El pacto tiene cuatro puntos clave: la amnistía y la mesa de diálogo; la figura de una especie de 'mediador'; el traspaso de Rodalies a la Generalitat y, finalmente, la condonación de la deuda. Con este acuerdo, Esquerra deja más cerca la reelección de Pedro Sánchez, a la espera de que Junts consiga culminar también las negociaciones con los socialistas, en estos momentos encalladas por en un punto de la ley de amnistía.

Amnistía y mesa de diálogo

El texto sellado este jueves por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no incluye los detalles específicos de la amnistía, que se conocerán cuando se registre la ley. Sí deja claro, sin embargo, que la "culminación" de la desjudicialización se hará "a través de la aprobación de una la ley" que tendrá por objetivo "procurar la plena normalidad política, institucional y social". Es una amnistía "para todos los represaliados sin excepción", ha defendido del president Pere Aragonès este jueves en un acto en Barcelona.

¿Para qué tiene que servir esta amnistía? Pues debe ser el "requisito imprescindible" para "afrontar un diálogo y una negociación". Aquí el PSOE admite de nuevo que hay un "conflicto sobre el futuro político de Catalunya", pero se ahorra que el acuerdo refleje que debe solucionarse con un referéndum, como querría ERC.

También han acordado reanudar la mesa de diálogo que republicanos y socialistas pactaron a cambio de la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020. El texto circunscribe la negociación "entre gobiernos", lo que deja fuera a Junts per Catalunya, aunque plantea que dichas delegaciones -que en principio deben ser solo de consellers y ministros- se pueda ampliar si hay acuerdo entre estas dos partes. Es, en definitiva, una puerta abierta a que Junts pueda formar parte, aunque difícilmente surtirá efecto porque los posconvergentes siempre han sido escépticos. El redactado también habla de "reuniones periódicas" de la mesa de diálogo -sin concretar el calendario- y de que los eventuales acuerdos "puedan ser refrendados por el pueblo catalán".

Mediador

En paralelo, ERC y PSOE también crean otro espacio de negociación entre "ambos partidos" que tendrá la función "de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue". Y para hacerlo, se establece la figura de una especie de 'mediador', como pedía Junts per Cataluya en sus conversaciones con los socialistas. Aunque aún no se da a conocer quién será, el texto especifica que "se designará de común acuerdo" y que será una persona "de reconocido prestigio para realizar dichas labores".

El texto valora positivamente la colaboración entre los dos partidos durante "la primera fase de diálogo", especialmente respecto el proceso de desjudicialización, así como "en la defensa y promoción de la lengua catalana" y la "progresiva normalización del diálogo político e institucional".

Traspaso de Rodalies

Una de las partes más complejas de la negociación ha sido la carpeta de Rodalies. El acuerdo finalmente incluye "culminar y ampliar el traspaso integral" del servicio, aunque lo hace con letra pequeña. No se habla de recursos concretos y tampoco se incluyen todas las líneas. De momento, los tramos de infraestructura que serán objeto de traspaso son la línea del Maresme (la R1), la de Sant Vicenç de Calders (R2) y la de Vic y Puigcerdà (R3). A partir de aquí se deja abierta la puerta a "posibles traspasos futuros".

El texto establece la creación de una nueva empresa, Rodalies Catalunya, participada por la Generalitat -de forma mayoritaria- y también por el Gobierno español. El presidente de dicha empresa será elegido por su consejo de administración, aunque el Govern tendrá "voto de calidad", y dispondrá de un "convenio de colaboración y cooperación con Renfe" para asegurar la "movilidad laboral" y los "derechos adquiridos" de los trabajadores.

El traspaso de Rodalies es una demanda histórica de la Generalitat. Hubo un primer traspaso parcial a finales del 2009 negociado entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y el Govern de José Montilla (PSC). Aunque entonces fue presentado como un pacto "histórico", en seguida fue visto insuficiente desde Catalunya porque no incluía ni los trenes, ni las vías, ni las catenarias. Hasta ahora, la Generalitat solo podía decidir sobre tarifas y horarios.

Condonación de la deuda

Finalmente, la última de las patas del acuerdo es la de la mejora de la financiación de la Generalitat. Se hace a través de la condonación de 15.000 millones de la deuda adquirida por la Generalitat con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Esto es un 20% del total. En total supondrá un ahorro de 1.300 millones que debería haber pagado el Govern por los intereses. Hoy quién gana es Catalunya", ha defendido el presidente de ERC, Oriol Junqueras. La intención del Gobierno español es que esta condonación se haga extensiva al resto de comunidades autónomas.

Además, el acuerdo incluye que, durante el primer trimestre de 2024, se hará una comisión bilateral entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat para abordar cómo debería ser la financiación de Catalunya para que se garantizara "la suficiencia financiera de los servicios públicos de Catalunya". En definitiva, se estudiará como Catalunya podría mejorar sus recursos, pero no se garantiza su aplicación.

Finalmente, se ha pactado "profundizar en el sistema de gobernanza compartida" en materia de infraestructuras, por lo que se "sistematizará el nuevo sistema de encomiendas de gestión", que se pactó ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, y que permitirá a la Generalitat materializar aquellas inversiones del Estado que "no sean críticas para infraestructuras de interés general".

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