PSOE y Sumar pactan un refuerzo de emergencia de la financiación de Valencia y otras comunidades

En su programa electoral de cara al pasado 23 de julio, el PSOE ya incorporó el compromiso de impulsar la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica "en el plazo máximo de un año", es decir, en 2024. Ahora el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar apunta que "mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado".

Esta fórmula constituye una salvaguarda para el caso de que la fragmentación parlamentaria y la rivalidad con el PP impida sacar adelante una pronta reforma de un modelo cuya renovación acumula un retraso de casi 10 años, desde 2014. "Impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija la infrafinanciación de comunidades autónomas como por ejemplo Valencia", ha dicho la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, durante la presentación del acuerdo de legislatura que acababa de firmar con Pedro Sánchez.

De Baleares a Cantabria, pasando por Catalunya

La Comunidad Valenciana es la única que cita de forma expresa en el texto del acuerdo de legislatura. Según los datos más recientes del Ministerio de Hacienda, correspondientes a la liquidación definitiva de la financiación autonómica de 2021, las comunidades que recibieron del modelo una financiación por habitante ajustado por debajo de la media de 2.764,94 euros fueron las de Baleares (2.296,63 euros), Canarias (2.388,17 euros), Comunidad Valenciana (2.495,87 euros), Murcia (2.627,45 euros) y Andalucía (2.715,64 euros).

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Catalunya, con 2.769,62 euros por habitante ajustado, apenas se sitúa un 0,16% por encima de la media, ligeramente por debajo de Castilla La Mancha (2.787,93 euros)

En el otro extremo de la tabla, las comunidades con una mayor financiación homogénea por habitante ajustado, por encima de los 3.000 euros, fueron las de Cantabria (3.533,64 euros), La Rioja (3.272,52 euros), Extremadura (3.093,42 euros) y Aragón ( 3.036,04 euros). Les siguen las de Castilla y León (2.993,55), Asturias (2.937,44), Madrid (2.887,71) y Galicia (2.863,02 euros).

"Competencia fiscal desleal" entre autonomías

Las referencias a la reforma de la financiación autonómica son muy escasas en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. Cuando se alude al nuevo impuesto estatal sobre los patrimonios netos superiores a tres millones de euros -el llamado 'impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas'- Sánchez y Díaz se comprometen a "evaluar" los resultados de esta figura tributaria "con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios".

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Referencias genéricas

Por lo demás, las referencias a la reforma del sistema de financiación autonómica que figuran en el texto del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar son muy genéricas. "Impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad. Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, y que corrija la infrafinanciación de determinadas comunidades autónomas", se afirma de forma vaga en el texto.

Igual de genérico es el párrafo que se refiere a la reforma de la financiación local: "Reformaremos en paralelo la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, estableciendo un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera de forma que se asegure la prestación de unos servicios públicos de calidad por los municipios. Aprobaremos asimismo una Ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, con unas competencias definidas de los entes locales para que se puedan desarrollar las políticas públicas con garantías de calidad y transparencia"