Ripoll se concentra este sábado en favor del derecho al padrón

La sociedad civil de Ripoll ha organizado para este sábado 20 de enero a las 11.00 horas una concentración en favor del derecho al empadronamiento. El acto llega tres días después que EL PERIÓDICO destapara las trabas que la nueva alcaldesa ultra, Silvia Orriols, está tratando de imponer para evitar que los recién llegados puedan vivir con plenos derechos en el municipio. El Gobierno central y la Sindicatura de Greuges en Catalunya ya han movido ficha e iniciado investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Bajo el lema 'Totes Som Ripolleses' (Todas Somos Ripollesas), la sociedad civil de Ripoll quiere así desmarcarse de las prácticas de Orriols. Se trata de un convocatoria organizada a través de las redes sociales "para garantizar el derecho al empadronamiento", según reza el cartel que ya se ha empezado a difundir.

El trazo grueso de la alcaldesa ultra de Ripoll

Trabajadores municipales han confirmado a este diario que ha habido un cambio en el proceso de empadronamiento desde que gobierna el partido ultra independentista de Aliança Catalana. Hay al menos una decena de familias afectadas, algunas con menores que están sin pediatra ni escuela.

La Síndica de Greuges reabre un estudio sobre el padrón en Catalunya a raíz del caso de Ripoll

En algunos casos, si el interesado cuenta con toda la documentación en regla, las solicitudes para el padrón se llegan a alargar hasta tres meses. Un tiempo que, a pesar de ser legal, está afectando la escolarización de los menores e impidiendo la obtención de la tarjeta sanitaria y el acceso a la sanidad pública más elemental. En otros casos, en el que los afectados comparten piso o habitaciones, directamente han sido disuadidos de realizar el trámite, según explican los propios afectados a EL PERIÓDICO.

Más allá de Ripoll: las oenegés denuncian que aumentan los ayuntamientos que dificultan el padrón a migrantes

Tras este trabajo periodístico, varias administraciones han tomado cartas en el asunto. La degelación del Gobierno en Catalunya, a través del subdelegado en Girona, ha pedido explicaciones a la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols. En menos de 20 días hábiles, Orriols debe explicar por qué y cómo está empadronando en el municipio. "No permitimos actitudes xenófobas ni en esta ni en ninguna administración", ha insistido el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. Orriols, que sigue sin responder a las preguntas de los periodistas, ha respondido con una evasiva en las redes sociales: "Que el Gobierno se preocupe de España", ha soltado.

El Govern propone una cumbre de alcaldes para garantizar el empadronamiento en Catalunya

Por su parte, la Síndica de Greuges también ha reactivado un estudio sobre el empadronamiento en Catalunya. Según ha podido saber este diario, responsables del organismo que dirige Esther Giménez-Salinas ya se han puesto en contacto con algunos de los migrantes que explicaron su caso a EL PERIÓDICO para intentar que se aceleren los trámites para que los menores afectados puedan tener una escuela asignada en los próximos días.

Partidos y abogados piden a la Conselleria d'Igualtat que actúe de oficio y multe a la alcaldesa de Ripoll

Abogados, oenegés y formaciones políticas reclaman al Govern que inicie una investigación de oficio para sancionar a Orriols por racista y xenófoba. Según estos expertos, la ley catalana por la igualdad de trato y no discriminación obliga a la Administración pública a actuar de oficio en casos de racismo. Pero la Conselleria d'Igualtat de la Generalitat, aunque sospecha que las trabas al padrón podrían ser una actuación discriminatoria, prefiere abordar el tema con formaciones al personal técnico de los consistorios y con una cumbre de alcaldes que aún está por agendar.

Y es que Ripoll no es el único municipio donde los ayuntamientos ponen dificultades para que los recién llegados se empadronen. Hay más de una cincuentena de municipios que han impuesto algún tipo de dificultad, según un informe elaborado por entidades sociales, asociaciones vecinales y sindicaturas locales. Las entidades sociales apuntan que cada vez son más los alcaldes y municipios que impiden a los migrantes establecerse oficialmente en los municipios.

A diferencia del caso de Orriols, que lo hace incluso con ciudadanos que disponen de contratos de alquiler o escrituras de compra de viviendas, estos consistorios catalanes imponen esperas y trabas burocráticas a aquellos ciudadanos que no disponen de documentos acreditativos sobre el lugar en el que viven porque lo hacen en condiciones extremadamente precarias.