Derecho a decidir... con información veraz

Es el ciudadano el que decide con su voto cómo y por quién va a ser  gobernado, pero ciudadanos somos todos, más o menos informados, con  mayor o menor nivel académico y más o menos versados en política o  economía. Los partidos políticos lo saben, y también saben desde los  albores de la publicidad, entendida como técnica propagandística, que  son los mensajes simples los que calan más hondo y resultan más efectivos.

Aún hoy entre los defensores del independentismo se escucha el  mantra del déficit de los famosos 16.000 millones de la balanza  fiscal. Convendría recordar que existen varios métodos para calcular  esta balanza.

Para calcular estos 16.000 millones la Generalitat usó el método de  flujo monetario, que tiene en cuenta el gasto estatal que se efectúa  directamente en un territorio determinado, en este caso sería lo que  España invierte en Catalunya. Por poner un ejemplo, el Tribunal Supremo  está en Madrid, así que no computaría, pero ¿acaso no beneficia  también a los residentes en Catalunya?

El método por carga-beneficio, sin embargo, evalúa la rentabilidad  generada aunque no se haya generado en el territorio, por ejemplo el  VOR de Calamocha que guía a los aviones en el puente aéreo Madrid-  Barcelona está en Aragón, pero también beneficia a Catalunya.

El otro ardid que se usó para que saliera una balanza tan  descompensada fue neutralizarla, lo que consiste en repartir el  déficit del estado español entre las diferentes autonomías para  calcular el gasto que correspondería a cada una, con lo que el déficit  se dispara. Los resultados de esta balanza neutralizada distan mucho  de los que se obtendrían con una balanza-observada, que es la que  observa los flujos de ingresos y gastos reales.

Todos estos modelos de balanza son útiles y reales, y miden  conceptos diferentes, pero a la ciudadanía se le hizo llegar un  mensaje mucho más simple: España roba 16.000 millones al año a  Catalunya, como si además las balanzas fueran idénticas un año tras  otro. Los ciudadanos tenemos derecho a decidir, pero también tenemos  la responsabilidad de informarnos para hacerlo de un modo responsable.