Proyecto controvertido

Comienzan las obras en la última masía virgen de Sarrià: casi 60 pisos de lujo y 22 árboles talados

La tala de un pino monumental en Barcelona aviva el conflicto de Can Raventós

La sequía amenaza con más caídas de árboles en Barcelona

Sigue la tala de árboles en una masía de Sarrià para construir pisos de lujo

Sigue la tala de árboles en una masía de Sarrià para construir pisos de lujo. / VÍDEO: PLATAFORMA SALVEM CAN RAVENTÓS

Jordi Ribalaygue

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Una excavadora apila los troncos talados y las ramas de los árboles serrados tras la tapia de Can Raventós, la última masía que no había sucumbido hasta ahora a la construcción en el barrio de Sarrià, en Barcelona. “Al volver de vacaciones, me lo encontré así, por sorpresa. Me apena. Llegué hace 52 años a Sarrià y siempre había visto esos árboles”, lamenta una anciana que pasea por la calle Fontcoberta. 

Los trabajadores desbrozan el terreno tras la reja. Preludian las obras para alzar dos bloques de una promoción que cuenta con autorización del Ayuntamiento para dotarse con 59 viviendas como máximo. La promotora Corp la publicita ya para hallar clientes que habiten los pisos, calificados de ‘ecoluxury’.

La señora que observa el trasiego en el solar cree que ya existen suficientes “edificios superlujosos” en la zona. “Lo que necesitamos son zonas verdes y jardines”, opone. “¡Talan los árboles como si fueran mala hierba! -reprocha otra vecina, que se suma a la conversación-. Hasta hace poco, había un níspero lleno de frutos, pero también lo han cortado. Y para que crezca un árbol de nuevo tienen que pasar muchos años…”.

La reforma a punto de empezar prevé arrancar 22 árboles, trasplantar tres que se reubicarán dentro del recinto y conservar 13, según detalla el consistorio. El plan urbanístico alega que se salvan los ejemplares “más significativos” y que desaparece la vegetación “de menos envergadura y calidad”, la alineada junto a los muros, justo donde se edificará. El jardín seguirá siendo privado, aunque se rodeará de un cercado que dejará contemplarlo desde la calle. 

El gobierno del alcalde Jaume Collboni recalca que la propietaria -la empresa Bigdal 5000 SL- tendrá que pagar por cada árbol arrasado. Con el importe, el Ayuntamiento se compromete a plantar "árboles por el mismo valor en los entornos de la finca”.

Un estudio municipal de 2018 estimó que el titular debía abonar 16.342,94 euros por 14 ejemplares catalogados como no trasplantables. El importe se planteaba en concepto de indemnización para “paliar la pérdida de masa arbórea”. Aparte, proponía depositar un aval por valor de 13.267,31 euros como garantía por la “supervivencia” de siete árboles a replantar y otro de 10.687,08 euros, a modo de fianza frente a eventuales daños de cuatro a conservar. 

Refugio climático

La plataforma Defensem Can Raventós no traga con la tala, tampoco con que se canjee por una indemnización económica ni por vegetación plantada fuera de la finca. “Queremos salvar los árboles para tener un jardín con sombra y que se convierta en un refugio climático”, propugna. Aboga por una permuta para que al menos parte de la construcción se traslade a otras parcelas y el jardín se acondicione para que, en vez de un recinto cerrado, sea un parque abierto a la vecindad. No obstante, el consistorio reveló semanas atrás que las negociaciones con la promotora para intercambiar solares y rebajar edificabilidad no prosperaron.  

Defensem Can Raventós también postula que la masía se adapte para ser un espacio climatizado, accesible para aliviar las olas de calor y que albergue equipamientos. La casa, de 1848, está catalogada y se mantendrá en pie. El proyecto obliga a restaurar las fachadas -el coste se presupuesta en 118.400 euros- y dispone que se habiliten nuevos domicilios en el inmueble decimonónico. 

Una excavadora dentro de la finca de Can Raventós, en el barrio de Sarrià, en Barcelona.

Una excavadora dentro de la finca de Can Raventós, en el barrio de Sarrià, en Barcelona. / MANU MITRU

La irrupción de la maquinaria y los operarios ha sorprendido en pleno agosto a los integrantes del movimiento vecinal. Adrià divisa el ajetreo que se ha apoderado de la propiedad desde el balcón. “Allí había un cactus que han tirado -repara, señalando sus restos-. Había bastantes arbolitos más que ya se han cargado”.

El malestar se reavivó al tirarse abajo un monumental pino canario: era el que más sobresalía tras la pared y el primero en ser derribado. “Lo grave es que, en una situación de crisis climática y sequía continua, no se proteja esta zona verde, cuando no tenemos otra próxima”, se queja el vecino.  

Sentencia pendiente

Defensem Can Raventós pleitea contra el plan aprobado en 2020, con los votos favorables de Barcelona en Comú, PSC y Valents. La plataforma interpuso un contencioso hace más de dos años, pendiente de fallo. 

“Está visto para sentencia, pero el mal estará hecho si tarda uno o dos años”, temen sus integrantes. Recuerdan el caso de la manzana Sandoz, enfrente de la finca histórica: la Justicia dio la razón a los vecinos en repetidas ocasiones, porque la edificabilidad y la altura no se ceñían a la ley, pero las resoluciones llegaron cuando el inmueble ya estaba erigido y habitado.  

Protesta por las obras en la finca de Can Raventós, en el barrio de Sarrià, en Barcelona.

Protesta por las obras en la finca de Can Raventós, en el barrio de Sarrià, en Barcelona. / MANU MITRU

La organización detecta “errores urbanísticos y procedimentales” en el proyecto de Can Raventós. Entre otras supuestas anomalías, advierte de que se cursó presuntamente de forma indebida cuando el expediente para tramitarlo llevaba más de un año caducado.

También sostiene que las tres plantas de altura que se permiten a los nuevos edificios no se ajustan presuntamente a la norma. Añade que la franja de protección de 10 metros que el catálogo del patrimonio de la ciudad exige entre la masía y las nuevas construcciones no se respeta: en un punto, la distancia se reduce a 4,21 metros.

El ejecutivo municipal ha dado a entender que da los contactos con la propiedad por cerrados y que concede vía libre a las obras porque, a su entender, se ajustan a la normativa. A su vez, el movimiento vecinal exige conocer el resultado de un informe que el ejecutivo de Ada Colau encargó para chequear si el plan cumple la legalidad urbanística. La Sindicatura de Greuges ha instado al consistorio a entregar la documentación "cuanto antes mejor".

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