La limpieza en Barcelona: preocupación récord pese a una inversión histórica

Todo discurso basado en el orden en un municipio se sostiene sobre dos fundamentos extremadamente sensibles. Por un lado, los datos con que los gobernantes tratan de defender su gestión en limpieza y seguridad. Y por otro, la impresión de los vecinos, más trascendente ante unas elecciones que un balance de estadísticas asépticas. Tras ocho ejercicios al mando en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau puede presumir de que su gobierno ha pagado en 2022 más que nunca para asear las calles de Barcelona, tras unos años con la inversión congelada, cuando no menguante. Sin embargo, el aumento del gasto no ha contribuido por ahora a mejorar la opinión de los barceloneses, al contrario: nunca tantos habían mencionado la suciedad como el principal problema de la capital en las encuestas que el Ayuntamiento elabora, una flaqueza del ejecutivo local en que la oposición ha hurgado.  

El consistorio pagó 293,6 millones de euros durante el año pasado por la limpieza viaria y la recogida de residuos, según los informes de ejecución presupuestaria municipal. Es un 10,75% más que el importe que sumaron ambos conceptos en 2015, al inicio del mandato de Colau, y un 19,6% más que en 2021, con el desembolso en descenso mientras el anterior contrato quedó en prórroga, sin posibilidad de ampliación. El declive se acentuó con el derrumbe del consumo y el turismo durante el bienio de la pandemia, en que el acopio de basura cayó un 9% respecto a las toneladas acumuladas en 2018 y 2019. 

La basura que esquiva el 'puerta a puerta' de Sant Andreu (Barcelona) se dispara de 3 a 5 toneladas semanales

El incremento de los fondos destinados a limpieza responde a la implantación de la nueva contrata del servicio, más costosa porque moderniza la flota, incrementa la frecuencia del cuidado de la vía pública y contrata unos 400 trabajadores más. Las novedades se empezaron a desplegar a lo largo de 2022, en dos fases distintas y extendidas a los diez distritos de la urbe. 

El segundo problema de la ciudad

En todo caso, el juicio crítico que los sondeos plasman sobre el estado del espacio público no se ha suavizado para nada con los primeros compases del cambio de modelo, vigente hasta 2030 por un coste total de 2.582 millones de euros. El barómetro semestral del ayuntamiento -de referencia para tomar el pulso de la calle- traza una preocupación creciente por la higiene deficiente en Barcelona, avivada a raíz de la propagación del covid. Desde entonces, la progresión ha sido al alza, casi sin freno. 

El 16% de los consultados en el último estudio de opinión municipal señalaron la suciedad como la mayor tacha de la ciudad. Le supera la inseguridad, que lidera la clasificación de los desvelos barceloneses. En cualquier caso, y a diferencia de lo que ocurre con la delincuencia, la falta de limpieza nunca antes había sido tan citada por los encuestados, a tenor de la serie histórica del informe, que se remonta hasta 1988. 

Pocos meses antes de decretarse el primer confinamiento por la expansión del virus, solo el 2% de los consultados se refirieron al desaseo como el peor defecto de Barcelona. En cambio, a finales de 2020 era el principal inconveniente para el 6%. Un año más tarde, la percepción se había expandido al 12% de los entrevistados. Hay que remontarse a finales del 2000 y de 2005, bajo el período de Joan Clos, para hallar resultados similares. La suciedad se encaramaba también entonces como la segunda molestia, aunque con un tanto por ciento inferior al alcanzado en la última edición del barómetro.

Vehículos pendientes

Sensaciones al margen, la puesta en marcha de la actual contrata ha topado con contratiempos. El más notorio es el retraso en la llegada de la nueva maquinaria. En los últimos meses, la ciudad ha carecido de decenas de vehículos que los proveedores no han podido proporcionar en el plazo fijado a causa de la crisis mundial de suministros. A finales del año pasado, y ya superadas las fechas límites de entrega, a Barcelona le faltaban 448 modelos de los 1.245 que se incorporan a través del nuevo contrato. En febrero, 334 camiones y otros prototipos con años de desgaste seguían en circulación, a la espera de que los nuevos los suplan. 

Parte de los modelos pendientes son eléctricos, que abarcarán el 44% de la flota de recogida de desechos y el 75% de la dedicada a limpieza viaria. El gobierno municipal y las concesionarias resaltan que Barcelona incorpora vehículos dotados de una tecnología nunca puesta a prueba antes en otras ciudades, con lo que subrayan que el servicio está ganando en innovación y exigencia.      

Si bien las adjudicatarias niegan repercusiones graves por la dilación en el suministro de vehículos, Colau admitió que "hubo barrios que sufrieron las consecuencias de que no llegaran algunos vehículos". Más allá de esa autocrítica, el consistorio ha justificado las demoras, al atribuirlas a la dificultad internacional en el abastecimiento de componentes. De ahí que haya descartado multar a los proveedores, como Fiat, Renault e Iveco, entre otras grandes firmas. Emplazado por la oposición, el gobierno municipal se comprometió a redactar una auditoría para examinar si algún supuesto es sancionable. El dictamen tenía que estar listo en enero, pero no se tiene noticia de que se haya cerrado. 

El debate de los contenedores

Aparte, la distribución de los nuevos contenedores ha generado debate. El ejecutivo ha dispuesto que se prescinda de un 31% de los depósitos grises, los de desperdicios que no se reciclan. La reducción será progresiva a lo largo de los ocho años del contrato y se acompaña de un incremento del 29% de los contenedores de recogida selectiva. También se han cambiado de ubicación en algunas calles. 

Parte de la oposición ha cuestionado la estrategia, a la que ha atribuido que se produzcan desbordamientos de basura, desperdigada fuera de los depósitos. La medida pretende aumentar el reciclaje, que Barcelona le está costando fomentar: el 39,5% de los desechos se recuperaron en la ciudad en 2022, solo un 0,3% más que en 2021 y lejos del 55% que la Unión Europea exige para 2025. 

Donde el ayuntamiento resalta que se alcanzan cotas muy por encima de las que Bruselas dicta es en Sant Andreu de Palomar. El sistema Puerta a puerta ha disparado la recogida selectiva al 81,7%, pero las quejas de parte del vecindario por las molestias de dejar basura ante el portal y las polémicas por la recopilación de datos personales han paralizado la expansión de este método de recogida a otros puntos de la ciudad. El concejal responsable del ramo, Eloi Badia, no repite en la lista electoral de Barcelona en Comú.

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