Revés al 'puerta a puerta' de Barcelona por intrusismo y violar la intimidad

La entrega de datos personales y la obligación de depositar residuos en bolsas translúcidas o cubos junto a la entrada de las viviendas por la recogida Puerta a puerta de Sant Andreu “implica un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas usuarias del servicio”. Es una de las duras conclusiones a las que llegan las dos amonestaciones que la Autoridad Catalana de Protección de Datos ha dictado contra el Ayuntamiento de Barcelona, al que acusa de cometer tres infracciones de las normativas que preservan la intimidad al implantar la retirada individualizada de desechos en parte del barrio de Sant Andreu del Palomar. El método -instaurado desde 2021 y defendido por el sector de los ‘comuns’ del gobierno municipal- ha sido objeto de quejas vecinales, incluidas las que lo tachan de intrusivo, que han comportado rectificaciones y han aplazado la expansión a otros puntos de la ciudad.  

A raíz de la denuncia de un particular, Protección de Datos atribuye una infracción grave al consistorio, al no haber analizado posibles perjuicios para los vecinos antes de poner a prueba el sistema. El organismo de rango autonómico recrimina que el ayuntamiento obvió comprobar si, en ciertos casos, el Puerta a puerta invadía la esfera privada de quienes se registraron para recibir las bolsas y los cubos del servicio, con el que se pretende incrementar el reciclaje. 

En otro procedimiento iniciado por la queja de una entidad, se achaca un incumplimiento muy grave por parte del consistorio, al haber requerido que se especificara la razón para emplear el servicio de recogida de pañales. La solicitud obligaba a los demandantes a revelar detalles “vinculados en algún caso a datos relativos a la salud”, constata Protección de Datos. El Ayuntamiento destaca que reemplazó los formularios "en poco más de un día" tras ponerlos a disposición. 

A su vez, se imputa una vulneración leve porque tanto el impreso retirado como el que lo sustituyó no explicitaban que los inscritos tienen derecho a cancelar el consentimiento para procesar los datos proporcionados. El gobierno local contesta que ya lo corrigió. Los apercibimientos no acarrean sanciones al consistorio, si bien resalta defectos en el Puerta a puerta de Sant Andreu e instan a revisar presuntas vulneraciones a la privacidad. El ayuntamiento enfatiza que "pese a los requerimientos, ningún dato de los usuarios ha estado en riesgo".

Análisis a posteriori

Una de las resoluciones del ente resalta que las dos evaluaciones de impacto de protección de datos que el Ayuntamiento de Barcelona elaboró sobre el método de recogida de basura en Sant Andreu fueron posteriores a que se comenzaran a tratar datos de los residentes. Añade que en los estudios “no se tuvieron en cuenta determinados riesgos, como la elaboración de perfiles, el acceso a los residuos por terceras personas mientras están en la vía pública, el uso de bolsas semitransparentes o el riesgo de reidentificación”. El ejecutivo redacta una evaluación más amplia después de que el ente le haya concedido un mes para hacerla.

Las bolsas y los cubos repartidos en Sant Andreu para dejar la basura a pie de calle se caracterizan por contener etiquetas y códigos de identificación mediante lectores digitales. El ayuntamiento defiende que la entrega de datos y la identificación es imprescindible para extender bonificaciones fiscales que alienten a reciclar más. El ejecutivo municipal alegó ante Protección de Datos que la información que recopiló de los vecinos no se clasifica de modo que permita asociar los desperdicios a ciudadanos con nombre y apellido, sino a viviendas y negocios. Sostiene que es improbable que una tercera persona descodifique los chips. 

El ente lo rebate. Afirma que, al usar, códigos alfanuméricos siempre idénticos para las diferentes fracciones se podría facilitar que personas ajenas a la brigada de limpieza descifrasen a quién pertenecen los residuos. “Es un riesgo presente y que se debería evaluar”, avisa. 

Por otro lado, observa que el ayuntamiento “puede vincular la información que recoge con la vivienda y, en consecuencia, con las personas que la ocupan”. “Se pueden establecer las rutinas, las preferencias de las personas afectadas en el uso del servicio (qué residuo recicla con más o menos facilidad, con qué frecuencia, etcétera) e información sobre los hábitos de vida en función de los residuos generados”, cuestiona. El gobierno municipal esgrime que no evalúa aspectos personales en el Puerta a puerta.

A la vista de extraños

El órgano también se muestra crítico con que la basura quede a la vista de extraños. Alerta de que puede ser un foco de información “de una especial sensibilidad”, subraya, y airear “número de residentes, hábitos, preferencias e, incluso, posibles enfermedades” en un mismo domicilio. Apostilla que “su revelación podría tener importantes consecuencias para la esfera íntima” de los interesados.

Protección de Datos resuelve que el consistorio tendría que haber valorado a tiempo las repercusiones de que los desechos queden expuestos en la acera. Lo define como un “riesgo inherente” del Puerta a puerta al apilar los desechos en el portal, con el que “se puede llegar a determinar” a qué hogar corresponden, en especial “en el supuesto de viviendas unifamiliares”, indica. 

La segunda reprimenda de la institución afea que el documento para reclamar la recogida de pañales a domicilio forzara a concretar el porqué de la necesidad. Se debía elegir entre tres posibles motivos: convivir con menores de tres años, con personas que utilicen pañales o con pacientes de enfermedades que precisan de curas diarias y material desechable. Protección de Datos concluye que eran “datos innecesarios” para prestar el servicio. El ente admite que el folleto solo se distribuyó durante dos días y que el ayuntamiento subsanó el error con celeridad, aunque añade que 71 vecinos rellenaron el controvertido formulario.

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