Las empresas de geriátricos logran el 10% de beneficios en adjudicaciones públicas, el doble que las entidades sociales

Las empresas privadas que gestionan residencias públicas obtienen el 10% de beneficios, frente al 3,9% que registran las entidades y fundaciones sin ánimo de lucro que también se encargan del funcionamiento de estos centros y al 2% de las ganancias logradas en los geriátricos dirigidos por el personal de la administración. En estos dos últimos casos, los beneficios deben reinvertirse en las propias residencias.

Las cifras aparecen en un informe presentado este viernes por el Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals), que apunta a que estas ganancias se obtienen al mantener sueldos precarios que, a su vez, repercuten en una peor calidad del servicio. Las empresas privadas gastan un 25% menos en personal por hora trabajada en comparación con los salarios gestionados por la administración.

Grandes empresas privadas están gestionando la gran mayoría de servicios públicos que se encargan de cuidar a los mayores, en un sistema en el que no hay transparencia, no se garantiza la calidad del servicio y en el que los empleados están mal pagados. Esta sería la foto fija sobre los geriátricos que realiza un informe presentado este viernes por el Observatori DESC, sobre la red pública de cuidados a los ancianos, bajo el título 'Hacia un modelo público comunitario para la provisión de servicios públicos. El caso de los servicios de cuidados en Catalunya'.

Uno de los datos que aporta este estudio es que, si bien en las residencias públicas gestionadas por la administración un trabajador cobra 10,1 euros la hora, en las dirigidas por empresas privadas este precio es de 7,7 euros, una cuarta parte menos. Las entidades sociales pagan a 8 euros la hora. Por tanto, no es de extrañar, según el estudio, que estas empresas obtengan el 10% de beneficios, una cifra menor a la registrada por las entidades sociales y centros públicos. Una situación que, según los autores del informe, repercute directamente en la vida de los ancianos. Las cifras son de 2019, año antes de la pandemia del coronavirus, cuando las deficiencias se hicieron evidentes, con más de 8.000 defunciones en Catalunya.

Fuga de personal

"Servicios más físicos como la limpieza o el apoyo a realizar actividades diarias pueden eclipsar servicios como hablar con las personas y ayudar en la soledad", señala el texto. "Dadas las condiciones precarias del trabajo de los cuidados, la rotación de mano de obra puede llegar a superar un 15 o un 20%", recoge el informe, mientras incide en que los usuarios, los mayores, buscan todo lo contrario, seguridad, confort y estabilidad.

Los autores señalan que este problema de calidad del servicio viene de lejos, ya que tradicionalmente las administraciones prefieren subcontratar servicios públicos antes que gestionarlos ellas mismas. Un modelo, que dicen, beneficia a las grandes multinacionales. "Se atrae a la contratación a entidades dispuestas a reducir el precio sabiendo que no podrán cumplir con los pliegues técnicos, aunque formalmente los cumplan en el momento de la licitación", señalan. Un problema que, dicen, se agrava porque el peso del precio en una licitación es lo más importante y los niveles de inspección y control son bajos.

Nula transparencia con las sanciones

Se trata de uno de los problemas más graves que señala el informe. "Existen numerosas dificultades para hacer cumplir los requisitos establecidos, imponer sanciones, rescindir los contratos o evitar proveedores de baja calidad", señalan los autores. Explican varias causas: hay pocos licitadores alternativos de calidad para gestionar servicios de gran volumen, los gobiernos no quieren tener malas relaciones con las empresas y, a la vez, temen los costes de entrar en un proceso judicial o de rescisión de contrato. A todo ello, dicen, hay que sumar la poca "transparencia" y "accesibilidad" de todas las sanciones y quejas acumuladas. No tan solo con la ciudadanía sino entre las distintas administraciones que proveen servicios, que no pueden acceder a ellas ni conocerlas. Algo que, dicen, perjudica gravemente la calidad del servicio.

El estudio también aporta algunas soluciones de mejora. Entre ellas, modificar las leyes de concertación o de dependencia. También proponen aplicar cláusulas de limitación de generación de beneficios excesivos en la gestión de servicios públicos, y aumentar los requerimientos de transparencia e información pública de las cuentas de las entidades gestoras. A la vez, piden reforzar los controles de calidad, potenciar la contratación con empresas públicas especializadas y mejorar las condiciones laborales. Una forma de hacerlo, opinan, es impulsando cooperativas de trabajadores de servicios públicos, como ya funcionan en Andalucía o Valencia.