64 ancianos muertos por covid

"Las mascarillas se cambiaban cada 15 días": las 10 negligencias del geriátrico de Tremp

La investigación policial señala a la exdirectora del centro y a una monja de edad avanzada con funciones de control sanitario como responsables de la "propagación desproporcionada" del virus, que mató a 64 ancianos

Traslado de un residente de la residencia geriátrica de Tremp a un hospital

Traslado de un residente de la residencia geriátrica de Tremp a un hospital / JORDI V. POU

Elisenda Colell

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Obligar a reutilizar una mascarilla quirúrgica durante dos semanas y a ir a trabajar con fiebre, saltándose todos los protocolos y medidas sanitarias. Tardar más de tres días en aislar a pacientes infectados, y una responsable higiénico-sanitaria fantasma que nunca ejerció como tal. Mentir ante Salut y asegurar que tenían personal suplente para cubrir bajas. Estas son algunas de las graves negligencias que, según la investigación de los Mossos, gestaron un macrocontagio de coronavirus en la residencia de Tremp, gestionada por la fundación eclesial Fiella, a la que ahora acusan dos trabajadoras que aseguran que 20 días antes del brote letal se celebró una 'castanyada' ilegal.

En este centro murieron 64 ancianos, casi la mitad de los que vivían allí, y resultó infectado el tercio de la plantilla durante la segunda ola de la pandemia (noviembre y diciembre de 2020). EL PERIÓDICO ha accedido al atestado policial, que señala una decena de negligencias muy graves, cometidas por una monja y responsable sanitaria, Maria Rosa Nabaroa, y la exidirectora del centro, Remei Navarri. Una jueza las investiga por homicidio imprudente y trato degradante.

Ignorancia total del plan de contingencia

Después de la debacle en las residencias durante la primera ola de la pandemia, la Generalitat obligó a los geriátricos a tener un plan de contingencia que dictaba el proceder del centro ante un caso de covid, y que debía actualizarse puntualmente. La residencia de Tremp redactó el suyo en mayo de 2020 y lo actualizó en septiembre de ese año, con la firma de la directora del centro y la responsable higiénico-sanitaria. Jamás incorporó las correcciones que reclamó la Conselleria de Salut. Distintos empleados interrogados por los Mossos demuestran, además, que era papel mojado. "El personal del centro desconocía que había que sectorizar [separar a los enfermos para prevenir las infecciones] la residencia (ni sabia cómo hacerlo), ni tomar medidas para evitar contagios y contaminación cruzada", afirma la investigación policial.

Responsable sanitaria fantasma

Desde el año 2000, las residencias catalanas deben contar con un responsable higiénico-sanitario, encargado de coordinarse con sanitarios, supervisar medicaciones, menús y controlar la higiene. En pandemia, esta figura diseñaba los planes de aislamiento, garantizaba su cumplimiento y supervisaba el uso de los equipos de protección (epi).

En la residencia Fiella esta responsable era Maria Rosa Nabaroa, una monja de edad avanzada que, a pesar de contar con una mínima formación sanitaria, su función era "nula", según los investigadores. Como muestra, las declaraciones de los empleados, que ni sabían que este cargo existía: "Allí nadie supervisaba nada", declaró una auxiliar.

Formación escasa y denegada

Para que todas las medidas anticovid pudieran aplicarse correctamente, era necesario que los trabajadores las conocieran. El plan de contingencia de la residencia de Tremp preveía "diferentes formaciones". La documentación dice que se realizaron tres, duraron un día y fueron impartidas por el CAP. Al comprobar que los empleados no sabían ponerse los epi, una sanitaria del hospital del Pallars se ofreció a formales, pero la responsable higiénico-sanitaria se lo denegó. "No recuerdo asistir a ninguna formación", declararon a la policía algunos empleados del geriátrico.

Una mascarilla para dos semanas

El cúmulo de despropósitos se evidencia con el uso de los epis. "La supervisión de su correcto uso fue inexistente", según los Mossos, que dicen que estos trajes especiales eran "inadecuados", "insuficientes" y "limitados". "Solo se usaban guantes y mascarilla quirúrgica. Solo una, la cual se cambiaba cada 15 días. Cuando ya estaban estropeadas de tanto limpiarla con alcohol, entonces podíamos pedir otra a la hermana Maria Rosa", declaró a los Mossos una empleada del geriátrico.

El material debía de reutilizarse y estaba guardado bajo llave en un cuarto, solo controlado por la responsable higiénico-sanitaria, la señora Nabaroa. En los dos primeros días del brote, los empleados solo podían usar una bata de tela y una mascarilla quirúrgica (nada de monos ni las mascarilla FFP2 que dictaba el protocolo). Tampoco se cambiaban al salir de las habitaciones infectadas y seguían llevando la misma ropa en las estancias con usuarios sanos, explicaron los empleados e inspectores de Salut a la policía catalana. Las negligencias, sin embargo, eran anteriores al brote. "Había compañeros que iban sin mascarilla y nadie decía nada", declaró una empleada.

Respuesta lenta

El día que se hizo el primer cribado en el centro, el 20 de noviembre de 2020, se detectaron 51 residentes infectados y 6 empleados. Fue entonces cuando se debían tomar medidas para frenar la expansión del virus. Pero los Mossos hablan de "dilación", "lentitud" y "retraso" en muchas decisiones claves. Por ejemplo, el traslado de los residentes infectados para aislarlos del resto. Salut pidió que lo hicieran el 21 de noviembre, pero dos días más tarde aún no se había realizado. "Tardaron tres días, fue un caos", explica una testigo. "La directora decía que sí a todo lo que le proponíamos pero nunca lo llevaba a cabo", se queja una testigo del Departament de Salut.

La 'conselleria' tardó una semana en intervenir el geriátrico y cambiarlo de manos. "Era prácticamente imposible hacerlo antes", se excusó a los agentes el jefe de la región sanitaria. Los Mossos también señalan "dilación" con la desinfección: tardaron 10 días para activar a los Bomberos, cuando más del 90% de los residentes ya estaban infectados. La policía catalana también constata que jamás se pidió ayuda al Ejército aunque hay una caserna a cinco minutos en coche.

Mentiras con los suplentes

"De personal vamos sobrados", respondió la directora de la residencia a un cargo de Salut, cuando le preguntaron si tenían personal suplente suficiente ante el brote. El plan sanitario exigía a los geriátricos tener una bolsa de suplentes en caso de infección. Navarri contaba con 17 suplentes, pero solo la mitad estaban formados para ello. Los Mossos concluyen que el número de trabajadores fue "insuficiente", y muchas bajas de personal (que enfermó de covid) no se pudieron suplir. La semana más crítica, del 5 al 11 de diciembre, permanecían de baja el 37% de la plantilla: 29 trabajadores. "Hay dudas de que se infringiera la ratio mínima", mantiene el atestado.

Sin registros ni reportar datos

La responsable higienico-sanitaria del centro tenía la obligación de reportar a diario la situación ante el CAP y las 'conselleries' de Salut y Drets Socials a través de un portal informático. Esto no se hizo durante siete meses, desde abril de 2020 al 26 de noviembre del mismo año, según apunta la investigación policial con testigos y documentos de ambas 'conselleries'. Jamás se registró la temperatura de los empleados del geriátrico, aunque lo tenían que hacer a diario, ni tampoco se les asignó por zonas para evitar esparcir el virus. También se esfumó el registro de los pacientes ingresados, y el de trabajadores estaba desactualizado.

Limpiadores haciendo de auxiliares

Otra de las ilegalidades que ha destapado la investigación es que, ante la falta de personal, los agentes encontraron hasta 11 empleados de limpieza, sin formación ni experiencia, trabajando como auxiliares de gerontología; es decir, cuidando de residentes. Este extremo es especialmente grave porque, además, estaban subcontratados por una empresa de limpieza. La ley catalana de servicios sociales estipula que los cuidadores de los geriátricos no pueden estar contratados por ninguna empresa externa.

Visitas privilegiadas y descontroladas

Las normas sanitarias del momento establecían que los familiares de los residentes solo podían visitarles una vez a la semana y solamente la misma persona. "No en todos los casos se respetó esta norma, creando un agravio", dice el atestado policial. Lo que se desprende de los interrogatorios es que había "familiares amigos", que visitaban a los residentes en sus habitaciones cada día y sin limitaciones. "Fue una puerta más de acceso al virus", concluyen los agentes.

Obligada a trabajar con fiebre

Aunque oficialmente el primer contagio del brote se produjo el día 19 de noviembre, la investigación policial ha descubierto una negligencia gravísima. El día 17 de noviembre una empleada, que tenía fiebre, fue obligada a ir a trabajar con el argumento de que el hospital le había diagnosticado bronquitis, no covid. Días después del brote, cuando le hicieron una prueba PCR, dio positivo de coronavirus. "Es posible que este sea el inicio del brote", apunta la investigación policial, que sospecha que este caso se escondió para evitar represalias por incumplimiento de la normativa.

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