La Audiencia Nacional se remite al Supremo para avalar la investigación por terrorismo de Tsunami Democràtic

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado sobre el primer recurso interpuesto por los imputados de Tsunami Democràtic. Lo ha rechazado en todos sus extremos, incluido el fundamental, el que alegaba inexistencia de terrorismo, al que se adhirió el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo. Los magistrados se remiten en este punto a la resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que abrió un procedimiento penal contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg por ese delito.

Puigdemont afrontará un largo recorrido judicial pese a la ley de amnistía

El auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia afirma que el recurso del empresario Oriol Soler contra la realización de nuevas diligencias también se dirige contra la imputación por terrorismo, pero en este aspecto debe remitirse al auto del Tribunal Supremo del pasado 29 de febrero que señaló "la existencia de indicios de que se han cometido por los integrantes del movimiento Tsunami Democràtic delitos graves de carácter terrorista, subsumibles en el artículo 573.1 del Código Penal".

En esa resolución el alto tribunal acordó declarar su competencia para investigar a las personas aforadas que se citan en el auto y devolver la causa respecto al resto, entre los que están el propio Soler y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al Juzgado Central de Instrucción número 6 para que prosiga las diligencias referidas a ellos.

García Castellón reprocha "sesgo político" a Suiza y le dice que está obligada a ayudarle si es terrorismo

En el recurso de Soler se solicitaba a la Sala de lo Penal de la Audiencia que impusiera "límites, controles y garantías, empezando por rechazar las diligencias acordadas y continuando por disciplinar el presente expediente recentrándolo en su objeto procesal y, por lo tanto, a la vista del agotamiento de la instrucción, cerrando definitivamente la investigación".

Entre las diligencias solicitadas por el juez Manuel García Castellón figuraba cursar una comisión rogatoria a Suiza para localizar a Rovira e investigar una cuenta desde la que supuestamente se financió a la plataforma que convocó protestas contra la sentencia del Supremo del 14 de octubre de 2019. Ante una primera respuesta de las autoridades helvéticas, el magistrado les reprochó "sesgo político", porque se interesaban por la promulgación de la ley de amnistía de cara a su contestación de forma definitiva.

A Plaza de Castilla

Precisamente, en una segunda resolución, la Sala de lo Penal ha ordenado a García Castellón que remita a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla la investigación que abrió por haberse conocido la contestación suiza a través de la prensa antes de que llegara a la Audiencia Nacional. La colaboración judicial internacional se tramita a través de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, que es el que en última instancia lo manda al juzgado correspondiente. Que la filtración se investigue en Plaza de Castilla obedece a que el delito de revelación de secretos no está incluido entre los que son competencia de la Audiencia Nacional.

El juez García Castellón también se dirigió a la UE y a la OTAN para determinar el alcance de algunas de las protestas convocadas por Tsunami, en especial, la que supuso el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat, al concentrarse alrededor de 8.000 personas en las terminales el mismo día que se conoció la resolución que condenó a los líderes del 'procés'. Durante la protesta falleció un turista francés, afectado de una cardiopatía.

El Supremo apreciaba indicios de delito de terrorismo para investigar a Puigdemont y Wagensberg, entre otros motivos, porque con la convocatoria de la plataforma se habría impedido la libre circulación de los controladores aéreos de la torre de control del aeropuerto, así como por las graves lesiones sufridas el 18 de octubre de 2019 en Via Laietana y la plaza de Urquinaona de Barcelona por dos policías, cuya personación como acusación particular ya ha sido admitida por el alto tribunal. También podrá ejercer la acusación popular la asociación de victimas del terrorismo Dignidad y Justicia. Ese día se desarrolló una huelga general convocada por Tsunami.