Alfons Aragoneses: "En 2024 habrá jueces que empezarán a investigar torturas del franquismo"

Hace poco más de un año que Alfons Aragoneses (1973) tomó posesión como director general de Memòria Democràtica de la Generalitat. Este viernes hace balance de los avances del plan de fosas, que en este último año ha permitido la exhumación de 124 cuerpos de víctimas del franquismo, y, en esta entrevista con EL PERIÓDICO, fija los retos que le quedan por cumplir antes de que se termine la legislatura.

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¿El Parlament aprobará en 2024 la nueva ley de memoria democrática catalana?

Espero que sí. Estamos empezando a elaborar las enmiendas y me encantaría que se aprobara antes de verano. Una vez aprobada, tiene que desplegarse y eso implica elaborar un reglamento, difundirla y formar a las personas que la tendrán que aplicar. Ya hicimos unas jornadas y preparamos más para el año que viene, empezando por los jueces.

¿Cómo encaja la judicatura este tipo de formación?

La acogida de las jornadas que hicimos fue muy buena. Hay una generación joven de jueces que empieza a ver que la defensa de la memoria no es un capricho de un grupo ideológico. En la sociedad hay personas que buscan a sus familiares desaparecidos, que quieren acceder a la información y que este es un asunto pendiente. Poco a poco eso va llegando a la judicatura. 

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Hasta ahora ha sido más bien reticente...

Es verdad que ha habido pronunciamientos que no han tenido en cuenta el derecho internacional o incluso la normativa estatal, pero creo que va calando. Los jueces que acceden ahora a la judicatura es gente muy diversa y con cierta sensibilidad, no pueden ser impermeables. 

La ley incluye la formación en memoria democrática desde la educación primaria. ¿Las nuevas generaciones están perdiendo consciencia de lo que supuso el franquismo y la dictadura?

Se hace mucho trabajo en las escuelas y queremos sistematizar que se haga en todos los centros. Es importante tratar este tema y cómo se trata, utilizar formas y contenidos que la hagan atractiva y que no genere rechazo.

¿Hasta qué punto la desmemoria puede vincularse al auge de la extrema derecha?

En parte, hay una relación, pero en países como Israel, Brasil y Alemania, que son referentes en educación en memoria, la extrema derecha cada vez es más fuerte. Si la memoria genera rechazo o indiferencia, tenemos un problema, porque la memoria debe servir para prevenir el odio al otro y el autoritarismo.  

El Estado ha entendido que hay que promover la cultura de la memoria para prevenir el autoritarismo

¿Hay rechazo a las políticas de memoria en parte de la sociedad española?

Seguramente sí, y tiene que ver con la falta de programas de educación y el silencio institucional. El Estado optó por no hablar de estos temas en los años 80 y 90 porque pensó que el relato franquista sobre el pasado iría desapareciendo. Hemos llegado tarde, pero no demasiado tarde. Muchas instituciones estamos implicadas y el Estado ha entendido que hay que promover la cultura de la memoria para prevenir el autoritarismo, pero también para proyectar una mejor imagen.

¿Ese "silencio institucional" se ha roto lo suficiente? Siguen sin investigarse los crímenes del franquismo.

Soy optimista y creo que ha habido cambios. Por ejemplo, la ley de memoria estatal de 2022 declara nulos todos los consejos de guerra, cosa que Catalunya hizo en 2017, y las sentencias represivas. Es una decisión importante que acaba afectando a la cultura de los jueces. Los cambios en el comportamiento y las mentalidades a veces tardan, pero se están produciendo.

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La querella de Carles Vallejo contra los policías que lo torturaron en Via Laietana ha sido archivada por el juez.

Pero la Fiscalía ha recurrido la decisión, que esperemos que se acepte y el juez investigue. En Madrid se están tomando declaraciones a una víctima de torturas y creo que en 2024 veremos casos en que los jueces empezarán a investigar. La ley de amnistía del 77 no impide investigar y abrir juicios que prueben hechos y crear un relato jurídico. Es el derecho a la verdad, a la reparación y a abrir un proceso judicial aunque acabe con una absolución. 

¿El Govern prevé personarse como acusación en otros casos como hizo con el de Vallejo?

Si en algún caso se considera necesario, lo valoraremos y lo haremos. Pero también hay una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria que ha empezado a trabajar. Por eso creo que en 2024 veremos cómo se abren procesos judiciales.

¿Qué balance hace del plan de fosas después de que, hace un año, se duplicara el presupuesto, hasta 4,5 millones, para acelerar las exhumaciones?

Hemos intervenido en 15 fosas y exhumado 124 cuerpos. Es una cifra importante si se tiene en cuenta que desde 1999 se han exhumado más de 800. Tiene que ver con el presupuesto, pero también con un trabajo riguroso de todos los profesionales que participan, que son historiadores, arqueólogos, antropólogos, genetistas… Se está consolidando una metodología que ha dado buenos resultados.

Tenemos que ser conscientes de que en Catalunya las identificaciones no serán como en otros sitios

Se han identificado 25 y hay 13.000 difuntos referenciados. Son pocos...

De estos 800 a algunos hay que hacerles las pruebas de ADN, pero sí, la proporción es muy baja. Lo importante es exhumar y sacar de estas fosas indignas que están fuera de los cementerios a soldados y represaliados e inhumarlos con dignidad. Tenemos que ser conscientes de que en Catalunya las identificaciones no serán como en otros sitios.

¿Por qué?

Porque en Catalunya hay muchas fosas de la Guerra Civil y muchas relacionadas con la batalla del Ebro y el frente del Segre, donde fue a luchar mucha gente joven que no tenía familiares, que venía de otros lugares de España y también de fuera y de los que nunca encontraremos a sus allegados. Tenemos que asumir eso, que Catalunya fue escenario de una de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil, que fue una picadora de carne y que lo importante es sacar los cuerpos de las fosas y dignificarlos. Pensando siempre en la identificación y entrega, pero sabiendo que es muy difícil por las circunstancias históricas.

El caso de Cipriano Martos ha sido de éxito, pero no todos tienen familiares o periodistas que los busquen. ¿Cuesta todavía que haya descendientes que reabran episodios que son dolorosos?

Es una lucha. Queremos incidir más en la difusión del censo de personas desaparecidas y el programa de identificación. Yo viajo mucho por el país y aún me sorprendo cuando alguien se emociona explicando cosas que no habían trascendido. 

Identificados los restos del antifranquista Cipriano Martos en una fosa de Reus

¿Los luchadores del tardofranquismo son los grandes olvidados?

Lo han sido. Pero se está recuperando su memoria. Que nos presentáramos como acusación en el caso de Vallejo es una prueba de ello. También que el Memorial Democràtic esté insistiendo en la señalización de espacios de esta época. Hablamos de víctimas, pero también de luchadores gracias a los cuales tenemos la democracia que tenemos. Tenemos que tener muy en cuenta que nadie nos la regaló y que es fruto de esa lucha. Hay que incidir en que no se pierda la memoria de esta generación.

Hay que incidir para que no se pierda la memoria de la generación que luchó en los años 60 y 70 por la democracia

¿Qué se hace o hará con los objetos que se encuentran en las fosas?

Queremos hacer un banco de objetos, un banco digital que esté en red y que permita a los ciudadanos consultarlo. Son importantísimos porque nos permiten conocer mejor las circunstancias de la muerte de estas personas y de su cotidianidad, investigar mejor y avanzar en conocimiento histórico, así como satisfacer el derecho a la verdad.

El Gobierno reconoce que la jefatura de Via Laietana fue un centro de torturas

¿Teme que, si hay un cambio de Govern, el Memorial Democràtic vuelva a sufrir recortes? 

La mejor garantía es el consenso que genera su actividad entre las asociaciones memorialistas y las fuerzas políticas. Creo que los partidos y la sociedad se han dado cuenta de que el Memorial, el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (Comebe) o el Museo Memorial del Exilio (MUME) son instituciones que hacen una labor de país.  

¿Mantiene también el optimismo con que el Gobierno acepte que la comisaría de Via Laietana sea un espacio de memoria? Hasta ahora, ha sido inamovible.

No hay nada inamovible. Creo que hay un consenso en el Estado sobre Via Laietana de que es un lugar de represión que hay que resignificar para reparar a esas víctimas y garantizar el derecho a la verdad. Si Alemania, Argentina el Chad o incluso Marruecos han resignificado lugares de represión, la comisaría de Via Laietana no puede quedar al margen. 

Si Alemania, Argentina el Chad o incluso Marruecos han resignificado lugares de represión, la comisaría de Via Laietana no puede quedar al margen

¿Será en 2024?

Eso ya es más difícil de decir, pero estamos en un buen momento de cultura de memoria aquí y allí. Apostamos por la cooperación.

Si la ley de memoria se aprueba el año que viene, ¿veremos el monumento franquista de Tortosa retirado antes de 2027?

Con la normativa actual, ya debería haberse retirado. El problema es que dos colectivos impulsaron procesos judiciales y ahora está en manos del juez. Pero con la norma actual, tanto la catalana como la española, tiene que quitarse. Esta batalla la ganaremos. Espero que pronto llegue la sentencia que permita desmontarlo.

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