Con toga y contra la dictadura: el Govern recupera la memoria de los jueces antifranquistas

Vestían de negra toga durante un régimen que daba sus últimos coletazos, pero en el que la vulneración de derechos era norma. Y ellos decidieron convertirse en lo que denominaron como 'jueces delincuentes' que, en la clandestinidad y en la más absoluta confidencialidad, redactaban informes sobre las torturas sistémicas en los procesos judiciales contra los opositores a la dictadura, la falta de independencia de la magistratura, casos de corrupción y ausencia de garantías procesales. Entre 1971 y 1976, jueces, fiscales, magistrados y trabajadores del ámbito de la justicia en el Estado operaron ocultos bajo el paraguas de la asociación Justicia Democrática para acreditar lo que había realmente tras los tribunales franquistas y que las memorias oficiales escondían.

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Esas contramemorias quedaron impresas en el libro 'Los jueces contra la dictadura', que esa minoría de juristas se encargó de alumbrar y distribuir anónimamente en 1976. Una publicación olvidada durante años que la 'conselleria' de Justícia, Drets i Memòria ha decidido reeditar por primera vez con el objetivo de rendir tributo a esa minoría en la magistratura que se jugó su carrera y su libertad. "Hay que recuperar la memoria de los jueces y fiscales antifranquistas. Siempre hemos hablado, y es cierto, de las líneas de continuidad entre la justicia de la dictadura y de la democracia, pero eso no debe impedir recuperar la memoria democrática de los que se opusieron desde la judicatura para luchar contra el régimen", explica a EL PERIÓDICO el director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Alfons Aragoneses.

Un "movimiento" con referentes

El documento, asegura, no solo tiene un valor memorialista y reparador, sino que también permite contar con un relato jurídico de lo que sucedía en esos años y ponerlo a disposición de la investigación académica para que no quede solo la visión "sesgada" de los documentos oficiales de entonces, así como de la formación en materia de memoria que la 'conselleria' promueve entre jueces y fiscales. De hecho, el próximo 3 de noviembre hay una actividad prevista con este propósito bajo el título 'Los retos de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y su contexto histórico' dirigida a los colectivos de la administración de justicia.

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La asociación Justicia Democrática se fraguó en 1971 en Barcelona, aunque formalmente se constituyó el año siguiente en casa del magistrado madrileño Clemente Auger. Su primer y único congreso fue en 1977 en Madrid aún en un contexto de ilegalidad, y se disolvió tras la aprobación de la Constitución de 1978. Aunque los textos no tienen firma ninguna y su clandestinidad hace difícil definir cuántos eran exactamente, algunos de los que formaron parte del colectivo sí que salieron del anonimato. Uno de ellos, el magistrado emérito del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, explica que, más que una organización, lo que pusieron en marcha fue un "movimiento" y que por ello no tuvo nunca una lista de integrantes ni cuotas, pero sí personas de referencia que cubrieron "prácticamente toda la geografía" con "dedicación" y "compromiso".

En Barcelona, por ejemplo, estaban los fiscales Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena, en Madrid Jesús Vicente Chamorro y Eduardo Jauralde, o en Galicia el juez Claudio Movilla. "Yo tuve, de hecho, un papel similar, cuando me incorporé al Juzgado de Toro, en Zamora", recuerda. El emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín fue otro de los implicados en la asociación. No obstante, Perfecto Andrés relata que "el sencillo soporte organizativo" que tenían corrió "en buena medida a cargo de personas de la órbita del Partido Comunista". "De hecho, los documentos fundamentales llevan el marchamo inconfundible de publicaciones clandestinas de aquel, que en este caso prestó una logística que entonces nadie más habría podido prestar", concluye.

Una contestación "netamente profesional"

En el prólogo del libro de 314 páginas que relanzará el Govern, también de autoría anónima, los juristas antifranquistas relataban que se habían organizado como "expresión del profundo malestar que la situación institucional producía en un sector de la magistratura", porque el poder judicial ejercía de "institución complicada en el dispositivo estatal antidemocrático". Una contestación, la suya, que aseguraban que era "netamente profesional" e inspirada en los principios del estado liberal democrático de derecho. Los trabajos no fueron individuales, sino que fueron debatidos en comisiones de forma "muy participativa" y en el ostracismo de la dictadura.

"Un sector cualificado de la 'intelectualidad orgánica' del aparato de estado franquista pasó a convertirse en oposición clandestina, con la subsiguiente aparición de una figura enormemente significativa y desde luego atípica: la de una suerte de 'juez delincuente'", resumieron entonces para justificar su existencia ante abusos, injerencias y corrupciones que consideraban que no podían quedar impunes ni blanqueados. "Todos teníamos consciencia del riesgo, sabíamos que nuestra actividad entraba, directamente, en el Código Penal. Pero nos movíamos con discreción y guardábamos precauciones elementales en materia de comunicaciones y de encuentros", asegura el juez emérito, convencido de la contribución que hizo el colectivo para "generar una cultura, luego constitucional, de la jurisdicción" entonces impensable si no se hacía desde el ostracismo.

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