Similitudes y diferencias entre la pérdida del escaño de Laura Borràs, Pau Juvillà y Quim Torra

La retirada del escaño a Laura Borràs estaba prácticamente escrita. Aunque la naturaleza de sus casos fue muy distinta, ya se vivió con el exdiputado Pau Juvillà y el 'expresident' Quim Torra. Nada pudo hacer Roger Torrent, el primero en tener que gestionar una orden de la Junta Electoral Central (JEC) para desposeer una acta, nada pudo hacer la misma Borràs pese a defender que no actuaría como su antecesor y nada podrá hacer ahora Alba Vergés como vicepresidenta con funciones de presidenta de la Cámara. El final se dibuja como el mismo para los tres, aunque cada uno de sus casos han tenido también sus propias vicisitudes y unas consecuencias distintas fruto de un contexto político cambiante.

El origen de los casos y las condenas

El entonces diputado y 'president' de la Generalitat, Quim Torra, descolgó fuera del plazo establecido una pancarta del Palau de la Generalitat en periodo electoral y el diputado y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, no retiró unos lazos amarillos de su despacho en la Paeria de Lleida en 2019, cuando era concejal. Ambos acabaron inhabilitados por una condena por desobediencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Torra, durante un año y medio; Juvillà, durante seis meses. En cambio, Borràs ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental por haber adjudicado a dedo contratos a un amigo en su etapa como presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. Antes, el 28 de julio del año pasado, ya fue suspendida por la mayoría del Parlament cuando se le abrió juicio oral, motivo por el que la Cámara lleva nueve meses en una insólita interinidad.

¿Quién movió ficha ante la JEC?

Quienes han movido ficha ante la Junta Electoral sin esperar a que las sentencias fueran firmes han sido siempre PP y Ciutadans, y en los casos de Juvillà y de Borràs también Vox, que irrumpió en el Parlament en 2021. En los tres precedentes reclamaron a la JEC que retirara de forma inmediata la credencial de diputado y tanto los afectados como el Parlament presentaron alegaciones. De poco sirvió, ya que el órgano administrativo ordena aplicar el artículo 6.2 de la LOREG, el de la "inelegibilidad sobrevenida", sin necesidad de esperar a que haya sentencia firme. En el caso de Torra, la orden llegó el 3 de enero de 2020, bajo la presidencia de Torrent. Juvillà quedó fuera de la institución con fecha 20 de enero del año pasado, cuando Borràs ejercía de presidenta con plenas funciones. Y es con fecha 3 de mayo que se certifica la salida de la Cámara de la líder de Junts.

La defensa de los escaños

En los tres casos, el Parlament ha presentado alegaciones con el argumento de que el artículo 24 del reglamento, la norma por la que se rige la institución, establece que solo puede retirarse el acta a un diputado cuando la sentencia es firme, pero la interpretación de la JEC es que la Loreg pasa por encima. En el caso de Borràs, la institución argumentó que la dirigente, además, está suspendida. Sin embargo, las fórmulas para defender los escaños en los tres casos ha variado fruto de la experiencia acumulada, pero también del origen de la situación.

Está por ver cómo se gestionará la situación de Borràs, pero esta vez, ni ERC ni CUP prevén una especial beligerancia en la defensa del escaño porque consideran que la dirigente está condenada "por corrupción". La previsión es que, pese al recurso al contencioso que ha presentado para tratar de dilatar su salida, el acta se le retire igualmente porque . La actitud es distinta a la que se tuvo con Juvillà y Torra, con los que se exploraron vías para intentar frenar que perdieran la condición de diputados antes de la condena firme. El PSC ha votado esta vez en contra directamente de presentar recurso. En las tres situaciones, eso sí, se ha primado no poner en riesgo a los funcionarios.

En el caso de Juvillà se acordó que el recurso contencioso-administrativo que iba a presentar ante el Tribunal Supremo se votara en el pleno antes de su formalización, lo mismo que se ha hecho con Borràs, ya que en el caso de Torra se votó a posteriori, cuando ya no tenía el acta, y después de que así lo reclamara el tribunal. También se intentó aprovechar un resquicio legal de la sentencia del Supremo sobre el 'expresident' en la que se indica que la competencia para decidir los efectos de condición de un diputado que se puedan derivar de una inhabilitación sin sentencia firme es del Parlament y, en caso de "inactividad", de la JEC. Se convocó la comisión del estatuto de los diputados y se elaboró un dictamen que se votó en el pleno el 17 de diciembre en defensa del escaño de Juvillà -sin que él pudiera ya votar-, pero también cayó en saco roto. Ahora, la intención de ERC y de la CUP, pese al recurso presentado, es no llegar al punto de reunir la comisión para elaborar un dictamen, mientras Ciutadans ha denunciado a la Mesa ante la JEC por no cumplir de forma inmediata con la retirada del escaño.

La reacción de los independentistas

ERC y CUP no han apoyado a Borràs durante el proceso judicial porque consideran que no se trata de un caso de persecución política, sino de mala praxis. Tanto ellos como el resto de partidos del Parlament, a excepción de Junts, le han reclamado que se vaya por su propio pie y, ante su negativa, se ha activado una reforma del reglamento impulsada por el PSC para intentar revocarla sin esperar la intervención de la JEC.

En cambio, en el caso de Torra y en el de Juvillà, los grupos independentistas salieron en defensa de su condición de diputados y tacharon de injusta la intervención de la JEC. Hubo sendos intentos de mantener la unidad. En el caso del 'expresident', Torrent manifestó estar dispuesto a mantenerle el acta hasta la sentencia firme, pero se pronunció el Supremo y se le desactivó la posibilidad de votar con el argumento de no exponer a los funcionarios a consecuencias judiciales, decisión que hizo saltar por los aires la relación entre Junts y ERC en el Govern. Ante la situación de Juvillà, ERC y la CUP mantuvieron el apoyo a la decisión verbalizada de Borràs de mantenerlo como diputado hasta que la condena fuera ratificada.

La entonces presidenta llegó a proponer la suspensión de la actividad parlamentaria, pero solo se desconvocaron comisiones por falta de quórum al no asistir los independentistas. Las relaciones se acabaron resintiendo a medida de que las palabras de Borràs no concordaban con los hechos y se constataba que Juvilllà, pese a la gesticulación, había perdido las prerrogativas de parlamentario. Borràs se acogió a la existencia de "realidades paralelas" y situó toda la responsabilidad en los funcionarios por obedecer a la JEC.

Las consecuencias políticas

Con la salida de Borràs del Parlament, se abrirá la veda para que los grupos escojan una nueva presidencia de la institución, una patata caliente que cae en medio de una campaña electoral y que puede alargar el relevo hasta después del 28 de mayo, cuando la elección de un substituto se mezclará con la maraña de intercambio de pactos al frente de los ayuntamientos. También Junts, si quiere retener el cargo, se verá abocado a afrontar una pugna interna entre partidarios y detractores de Borràs, que sigue presidiendo el partido.

En el caso de Torra, la gestión de la retirada del escaño que hizo Torrent desembocó en el anuncio de elecciones por parte del entonces 'president', una intención que se postergó por la pandemia primero y por la negativa del dirigente después a irse hasta su inhabilitación en septiembre de 2020. Menos impacto político tuvo la salida de Juvillà más allá del baño de realidad para Borràs y la elección de Carles Riera como secretario tercero de la Mesa.

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