La mayoría del Parlament reclama a Laura Borràs que dimita ya por su condena "por corrupción"

Todos los grupos, salvo Junts, se han pronunciado con contundencia: Laura Borràs debe dimitir ya y dejar vacante la presidencia del Parlament para poder proceder a su relevo tras ser condenada "por corrupción". Una reclamación que han hecho independentistas y constitucionalistas, y que choca con la intención de la líder de los posconvergentes, que ya ha anticipado que no tiene intención de apartarse, de la misma manera que tampoco lo hizo cuando fue suspendida como presidenta de la institución el pasado mes de julio. Que no sea ella quien tome la decisión de irse deja en manos de la Junta Electoral la activación del mecanismo para despojarla de su escaño y activar su substitución.

"La sentencia no me impedirá seguir trabajando para el único objetivo por el que entré en política: alcanzar la independencia", ha advertido Borràs justo después de conocer el fallo arropada tan solo por dirigentes de Junts. Su mensaje, a las puertas del Parlament y articulado para dejar claro que su voluntad es que esto no suponga su fin político, lo ha lanzado en dos sentidos: ante una condena que ha tachado de "aberración democrática" y que aún no es firme no piensa ser ella la que deje el acta, como también es su intención continuar ejerciendo como presidenta de Junts. A ERC y JxCat los ha interpelado directamente a "reflexionar si todo vale" y si están dispuestos a "aprovechar la represión con finalidades partidistas".

Su petición no ha tenido efecto. "Queda probado que ha habido un delito de corrupción", ha espetado la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, que cree que, "por coherencia", Borràs debería irse de motu proprio. "Borràs fraccionó contratos y lo hizo para favorecer a un amigo suyo, por corrupción. Ha hecho un uso irresponsable del independentismo para tapar su mala praxis", ha asegurado el diputado de la CUP Xavier Pellicer. Y el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, lo ha remachado así: "Este caso no tiene nada que ver con la represión política y judicial contra el independentismo. No hay que confundir lo que ha sido una mera estrategia de defensa jurídica personal con la causa independentista".

Unas afirmaciones sin paliativos que ejemplifican cómo los apoyos que le quedan a Borràs se circunscriben a su propio partido y que el resto del independentismo le da la espalda como ya hizo justo cuando empezó el juicio. Solo el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha tachado de "'lawfare' de manual" la sentencia, además de "desproporcionada". Por ahora, mantiene que Borràs sigue siendo la presidenta del Parlament y ha evitado mojarse sobre su sucesión y la posible actuación de la JEC. Dar por hecho que se le retirará el escaño, ha advertido, supone "aceptar una derrota".

Más allá del independentismo, también el resto de grupos han pedido su dimisión. Lo ha hecho el PSC, que ha urgido a recuperar "el prestigio" de la institución con la elección de una nueva presidencia, y lo han hecho los Comuns, que solicitarán una reunión con todos los grupos para pactar cómo hay que proceder a partir de ahora y acelerar también la propuesta para eliminar las asignaciones y pensiones de los expresidentes que sean condenados por corrupción. La presidenta de En Comú Podem, Jéssica Albiach, se ha opuesto incluso a que el Gobierno indulte a Borràs, un perdón que, sin embargo, ERC sí que ha defendido que debería producirse para impedir que entre en prisión puesto que así lo apunta la propia sentencia.

Marta Vilalta: "Queda probado que ha habido un delito de corrupción"

Lo que enmaraña la elección de una nueva presidencia es que la sentencia no es firme y que, por lo tanto, la líder de Junts aún puede recurrirla. En caso de que no renuncie voluntariamente a su escaño, el artículo 24 del reglamento del Parlament recoge que solo puede perderlo en caso de sentencia firme, motivo por el que los grupos prevén que, como pasó con el expresidente Quim Torra y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà, la Cámara estará a expensas de la intervención de la Junta Electoral, a la que ya han acudido Ciutadans, PP y Vox para que, en ejecución de la sentencia, declare la inelegibilidad de la dirigente por un delito contra la administración pública.

A merced de la JEC

Ese escenario incomoda a los grupos que consideran que no debe ser un órgano administrativo quien decida si un diputado pierde o no su escaño porque eso supone mermar la soberanía del Parlament, principalmente ERC y la CUP. Sin embargo, y aunque dan por hecho que la institución presentará alegaciones, no se prevén resistencias como en los otros dos precedentes por la naturaleza distinta del caso por el que Borràs ha sido sentenciada. Ni tan solo tienen en mente estos grupos recurrir a un dictamen de la comisión del estatuto del diputado.

"Tenemos antecedentes y ya sabemos cómo acaban", ha apuntado Vilalta. "Ya hemos visto los límites que tiene la soberanía del Parlamento en este ámbito", ha dicho también Pellicer. Esta vez, no habrá ninguna apelación a la desobediencia de Alba Vergés como vicepresidenta con funciones de presidenta, una desobediencia que tampoco hizo Borràs en su día cuando, como presidenta con plenos poderes, Juvillà fue despojado se su escaño por orden de la JEC y también sin sentencia firme. Aunque en el caso del 'cupaire' la condena fue por negarse a retirar unos lazos amarillos de la Paeria en periodo electoral.

Que esta vez la beligerancia contra la JEC por parte de los independistas no sea ahora la misma que en las otras ocasiones responde al hecho de considerar que el caso de Borràs es harina de otro costal.