El as de Pau Juvillà que no usó Torra para retener su escaño tras la inhabilitación

Las condenas

El entonces jefe del Govern fue condenado en diciembre del 2019 a una pena de inhabilitación de año y medio para el ejercicio de cargos electos y a una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia cometido por "su contumaz y obstinada resistencia" a cumplir las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar la pancarta con los lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones municipales del 2019. El Tribunal Supremo (TS) ratificó en septiembre de 2020 el fallo del TSJC y el fallo fue firme.

El diputado cupero y secretario tercero de la Mesa del Parlament fue condenado el martes a seis meses de inhabilitación y a una multa de 1.080 euros por desobediencia al no descolgar los lazos amarillos de su despacho en 2019, durante periodo electoral de las elecciones generales (a las que la CUP no concurrió), a pesar de la orden y acuerdos de la juntas electorales de zona y provincial.

La intervención de la JEC

PP, Cs y Vox reclamaron a la JEC que retirara la credencial de diputado al entonces 'president', alegando que debía ser inhabilitado de manera inmediata por haber sido condenado por el TSJC. Torra comunicó entonces a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que recurriría ante el TS para que, como medida cautelarísima, suspendiera la resolución de la JEC pidiéndole que se abstuviera de realizar ninguna actuación para hacer efectiva su inhabilitación. Pero, finalmente, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, como responsable de la administración parlamentaria, dio instrucciones a los servicios de la cámara para que se ejecutara la orden y se hizo efectiva la pérdida de la condición de diputado de Torra, que se mantuvo como 'president' hasta el veredicto final del TS.

En el caso de Juvillà, Cs y Vox ya han pedido al órgano administrativo que se pronuncie y actúe cuanto antes para hacer efectiva la inhabilitación, como ocurrió con Torra, aunque la CUP ha encontrado un sustento para complicarlo.

La rendija de la CUP

La CUP presentó un escrito el martes, admitido a trámite en una reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament, en el que afirman que Juvillà recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia y que, por lo tanto, no es firme. Además, se acoge a una sentencia del Alto tribunal dictada a raíz de un recurso presentado por el Parlament en contra de la resolución de la JEC que dejaba sin efecto la credencial de Torra en la que se indica que la competencia para decidir los efectos de condición de un diputado que se puedan derivar de una inhabilitación sin sentencia firme es del Parlament y, en caso de "inactividad", de la JEC.

"Se cabe sustanciar ante la cámara parlamentaria la inelegibilidad sobrevenida mas no es una competencia exclusiva suya ya que, bien ante su inactividad o por cualquier otra razón, puede actuar la Administración electoral en aplicación directa de la LOREG, a fin de hacer efectiva la prescripción legal examinada y así restablecer la composición del Parlamento mediante la expedición de la credencial al candidato correspondiente de la lista del cesado por haber perdido su capacidad electoral", reza.

Con esto, los anticapitalistas solicitaron una reunión de la comisión del Estatuto del Diputado, que este jueves ha aprobado un dictamen (con el apoyo del PSC y los 'comuns) que se votará en el pleno del 23 de diciembre y que apoyará la mayoría soberanista para dar cobertura a Juvillà y asegurar que puede seguir ejerciendo sus funciones.

La exdiputada cupera y asesora de Juvillà en la Mesa, Maria Sirvent, explica en declaraciones a este diario que en el caso Torra "no se contempló que la JEC, un organismo administrativo, podía retirarle un escaño sin sentencia firme". "Ahora vemos que se podía haber hecho más porque esta sentencia dice que el Parlament es competente para decidir", añade.

Una vez entre el dictamen en el pleno, las derechas podrían pedir la reconsideración en la Mesa sobre esta votación y, una vez desestimada por la mayoría independentista, acudir al Tribunal Constitucional para que la deje sin efecto.

La decisión de Borràs

En el caso de que la JEC acabe dictaminando y notificando a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que debe actuar y retirar el acta de diputado a Juvillà para emitir nuevas credenciales a la siguiente persona en la lista electoral 'cupaire', el independentismo espera que este dictamen de la comisión del Estatuto del Diputado (si no acaba siendo suspendido por el TC) pueda permitirle desatender el requerimiento, dando margen de tiempo a una instancia judicial para que desempate la situación.

"Cuando le llegue el requerimiento de la JEC, entonces ella puede decir que tiene un dictamen de la comisión ratificado por el pleno y que el Parlament es competente para decidir", remacha Sirvent.

En declaraciones a los medios, Borràs dijo el martes que "no tiene potestad ni voluntad de retirar el escaño a nadie" porque su cometido, afirmó, es preservar la soberanía de la Cámara catalana. Un dardo envenenado a ERC, ya que su formación hurga con inquina contra el expresidente del Parlament, Roger Torrent, por la retirada del escaño de Torra.

¿Y después?

"Esto no ha pasado nunca, no sabemos quién desempata", responde Sirvent. Por ahora, todos los grupos independentistas tienen asumido que, una vez el fallo sea firme, deberán proceder al relevo. Juvillà tampoco pretende aferrarse al cargo. De hecho, desde la CUP inquieren en que debe ser una decisión "colectiva" y que no debe pasar por el personalismo que se ha dado en otras situaciones. Los anticapitalistas rechazan "desobediencias mágicas" y descartan que el caso de su diputado pueda abrir un nuevo frente entre socios: "No queremos tensar a nadie, no nos agarramos a las sillas", concluyen.