El independentismo intenta blindar el escaño de Juvillà hasta que el fallo sea firme

El independentismo está dispuesto a preservar el escaño del diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación y a pagar una multa de 1.080 euros por negarse a retirar los lazos amarillos de su despacho en la Paeria de Lleida durante el periodo electoral de 2019, cuando era concejal. Al menos, así lo intentarán ERC, Junts y la CUP hasta que la sentencia sea firme, pese a que Vox y Cs recurrirán a la Junta Electoral Central (JEC) para que Juvillà deba entregar cuanto antes el acta mientras su recurso ante el Tribunal Supremo (TS) siga su curso.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, espetó este martes que "no tiene potestad ni voluntad de retirar el escaño a nadie" porque su cometido, dijo, es preservar la soberanía de la Cámara catalana. Así lo reiteró al inicio del pleno, desatando las quejas de Cs que acabaron generando una gran bronca y la expulsión del diputado Nacho Martín Blanco.

Tras varios contactos entre los tres partidos independentistas, acordaron que la comisión del Estatuto del Diputado emita este jueves un dictamen que después será votado en el pleno -previsiblemente el 23 de diciembre- y, gracias a la mayoría independentista, sea aprobado y sirva como aval a Borràs para que, si la JEC le exige que retire el acta a Juvillà, pueda desatender el requerimiento.

La CUP se acoge a una sentencia sobre una petición de amparo del 'expresident' Quim Torra al TS, cuando fue inhabilitado por el TSJC, de la que se desprende que mientras el Alto tribunal se pronuncia sobre un recurso, son competentes tanto la JEC como el Parlament para decidir si un diputado queda suspendido cautelarmente o no.

Desobediencia "grave"

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dio por probado el delito de desobediencia "grave" por no descolgar los lazos amarillos de su despacho en 2019, durante periodo electoral de las elecciones generales (a las que la CUP no concurrió), a pesar de la orden y acuerdos de la juntas electorales de zona y provincial.

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Los requerimientos llegaron después de la denuncia de Cs por la exhibición de estas insignias en protesta por el encarcelamiento de la cúpula del 1-O y una bandera 'estelada' en las ventanas del despacho de la CUP en el consistorio, que los Mossos d'Esquadra acabaron retirando.

El tribunal subrayó "la contumaz inobediencia" de Juvillà y rechazó la "argucia argumental" esgrimida por él para mantener que los lazos amarillos eran "parte integrante" de la CUP. Los magistrados tampoco admitieron que esta conducta pueda estar amparada en la libertad de expresión o en la ideológica e incidieron en que durante el periodo electoral "todos los poderes públicos" están "obligados a conducirse con estricta objetividad y neutralidad".