Laura Borràs sentenció su futuro en el Parlament al retirar el escaño a Pau Juvillà

Laura Borràs sigue anclada a su silla vacía. "No dimitiré", insiste. La presidencia del Parlament permanece interina y es el último eslabón que le queda a Borràs para alimentar su retórica desobediente y complacer a sus fieles -un estrecho círculo dentro de Junts y de la ANC, por mucho ruido que hagan sus seguidores aporreando el teclado-. Su condena a cuatro años y medio de prisión, y a 13 de inhabilitación, por falsedad y prevaricación, le impide continuar en la Cámara y la Junta Electoral Central (JEC) -que se reúne el jueves- cuenta con dos precedentes para forzar su cese antes de que la sentencia sea firme.

Borràs exige al Parlament que no actúe como ella cuando retiró el escaño al exdiputado de la CUP, Pau Juvillà. Pero todos los pasos que dio como presidenta desde que el 'cupero' fue condenado y hasta que le vetó en el hemiciclo, pese a sus contradicciones y medias verdades, son los mismos que dará la Mesa para sentenciar su propio futuro político en la institución.

La líder de Junts acató a la JEC y anuló las funciones de Juvillà después de que la administración electoral emitiera una resolución en la que le ordenaba retirarle el escaño para expedir la credencial de un nuevo parlamentario. La CUP había situado a la presidenta en el compromiso ineludible de decidir si permitía o no la delegación de su voto tras la orden. Ella lo vetó -aunque dijo que lo había aceptado, pero que no constaba como tal porque el sistema informático no diferencia entre admisión y aceptación- y alegó un conflicto de intereses de Juvillà porque se valoraba un dictamen sobre su propia condición de diputado, aunque sí le había dado pie a pronunciarse en otras dos votaciones sobre su caso.

Borràs sostuvo que tenía las manos atadas por el otro precedente, el del 'expresident' Quim Torra, este a cargo de su antecesor en la institución, Roger Torrent. Pero Juvillà se quedó sin acta sin esperar a la resolución del Tribunal Supremo sobre las medidas cautelares, algo que no sucedió en el caso del 'expresident', que pudo agotar el recorrido legal previsto, aunque ambos perdieron su escaño sin sentencia firme.

A diferencia de Torra y Juvillà, Borràs está condenada por delitos vinculados a la corrupción y, por eso, fue suspendida como parlamentaria en julio. Desde entonces, tiene congelado el sueldo, no tiene derecho a los servicios que le prestaba la Cámara (coche y despacho, además de asesores), no suena el timbre cuando llega y los Mossos no se cuadran ante ella. En su caso, el fin al recorrido político no pasa solo por la JEC, sino también por el PSC, que ha registrado una propuesta por la vía rápida para cesarla (se prevé que el órgano administrativo actúe antes, ya que la iniciativa quedaría aprobada a principios de mayo).

Si la JEC mueve ficha, la escudera de Borràs en la Mesa, Aurora Madaula, podría pedir que se convoque la comisión del estatuto de los diputados (con el precedente abierto por Juvillà) para tratar de ganar tiempo, algo que miembros del órgano ven coherente porque saben que hay unidad de todos los partidos, salvo Junts, y que esto ofrecería una armadura a la Cámara ante los ataques de Borràs, ya que difícilmente, atendiendo a la suspensión previa y al reglamento, sería favorable a los intereses de la líder posconvergente. De todas formas, la Cámara puede presentar alegaciones a la JEC pero, transcurrido el plazo dado (suele ser de 10 días hábiles), la Mesa debe ejecutar el cese y los funcionarios cumplir con ello. Más allá de que no pueden desobedecer, se la tienen jurada a Borràs por el 'caso Juvillà' y por el conflicto laboral abierto por el régimen de prejubilaciones.

Una vez Borràs esté fuera del terreno de juego (con la credencial expedida a nombre de su sustituto, Antoni Castellà), se abrirá el baile de sillas para ocupar la presidencia. El PSC no está dispuesto a poner la alfombra roja a los republicanos en la segunda institución de Catalunya, y Esquerra, a las puertas de las municipales, prefiere cerrar un pacto con un perfil moderado de Junts (como lo es la alcaldesa de Vic, Anna Erra) para mimar al votante independentista.

Así que está en manos de JxCat que el cese a Borràs implique o no su pérdida de mando. Turull trata de contener una rebelión interna para no dañar las opciones de Xavier Trias en Barcelona, y pide paciencia con el afán de que, una vez cesada, pueda defender ante las filas una nueva candidata en pro de la importancia del poder. "Quieren que le hagamos el trabajo sucio", se quejan los republicanos.

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