La interinidad en la institución

Las 3 vías abiertas en el Parlament para forzar la destitución de Laura Borràs

La líder de Junts se niega a apartarse de la presidencia de la institución aunque la Junta Electoral le retire definitivamente el escaño

Laura Borràs, durante la declaración posterior a la sentencia a las puertas del Parlament

Laura Borràs, durante la declaración posterior a la sentencia a las puertas del Parlament / RICARD CUGAT

Sara González

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"No he dimitido. No dimito. Y no dimitiré". Es la declaración de intenciones de Laura Borràs de no irse por voluntad propia de la presidencia del Parlament. No lo hizo cuando se le abrió juicio oral y fue suspendida de sus funciones ni piensa hacerlo ahora pese a la sentencia que la condena a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental. El veredicto no es firme y a esa circunstancia se aferra la líder de Junts para resistirse a dejar vacante el cargo y ser substituida. Y, si bien el artículo 24 del reglamento la ampara para no perder su escaño, la realidad es que la institución lleva casi nueve meses en un limbo. Una interinidad que la mayoría de grupos definen como "insostenible" y que el Govern ha reclamado resolver de forma "inmediata".

Es ante este diagnóstico que hasta tres vías se han puesto en marcha en paralelo para intentar que la Cámara catalana vuelva a tener una presidencia con plenas funciones y zanjar una provisionalidad que hasta ahora se ha trampeado con la republicana Alba Vergés ejerciendo de vicepresidenta con funciones de presidenta. La primera, la que han reclamado de forma reiterada los partidos, es la política, es decir, que Junts fuerce el adiós voluntario de Borràs y proponga a una sucesora. La segunda, la que han abierto Ciutadans, PP y Vox recurriendo a la Junta Electoral. Y la tercera, la que ha activado el PSC con una reforma exprés del reglamento del Parlament que ERC se aviene a estudiar, a pesar de que el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ha urgido a Junts a poner fin a la situación y "no anteponer los intereses de una persona a los del país".

La vía política: la más improbable

El debate sobre la substitución de Borràs, ya de por sí espinoso, está envenenado por el contexto electoral. Junts ha llamado a un cierre de filas a los suyos para evitar trifulcas internas a las puertas de las municipales y eso se traduce en un mutis público de los dirigentes que dentro de la dirección pide que sea apartada. Ni ella piensa hacer ningún movimiento ni los suyos, al menos por ahora, van a forzar que se vaya puesto que los que quieren que eso pase dan por hecho que acabará interviniendo la Junta Electoral. Ya hay una personada acunada como sucesora: la alcaldesa de Vic, Anna Erra.

Que Junts no mueva ni un dedo hace embarrancar la vía política, la que le reclaman ERC, PSC, Comuns y CUP para desbloquear la situación y alcanzar un acuerdo que permita escoger una nueva presidencia. La presión sobre la necesidad de recuperar "la dignidad" de la institución ha ido 'in crescendo' desde que se hizo pública una sentencia por un caso que todos los partidos, excepto Junts, tachan de "corrupción". Incluso el Govern insiste en que Borràs no debería parapetarse tras la institución y reclama una solución ágil para relevarla.

La vía de la Junta Electoral: la que todos dan por segura

Poco tardaron Ciutadans, PP y Vox tras conocerse la sentencia en presentar un recurso a la Junta Electoral para reclamar que se ejecute y que Borràs pierda su escaño. Se trata de la misma vía por la que en su día perdieron el acta el 'expresident' Quim Torra -bajo la presidencia en la Cámara de Roger Torrent- y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà, que quedó fuera a pesar de no tener sentencia firme y de que Borràs era entonces presidenta con plenas funciones.

Pero ERC, la CUP y los Comuns -también el PSC pese a no tener una actitud beligerante- entienden que es una injerencia en la soberanía del Parlament que un órgano administrativo decida quien pierde o no la condición de diputado sin tener sentencia firme, como establece el reglamento de la institución. Es por eso que, si la Junta Electoral interviene, la Cámara presentará alegaciones. Tendrá un plazo de 10 días hábiles para hacerlo, con lo que la retirada del escaño a Borràs no sería inmediata. Aún así, tratándose de un caso que los partidos vinculan a la corrupción tampoco prevén más resistencias y, si se expide el acta del siguiente miembro de la lista de Junts, cuentan con que se procederá al relevo sin ni tan solo convocar comisión para que se elabore un dictamen que vote el pleno.

La vía reglamentaria: el PSC activa el debate

Ante la incomodidad que provoca en buena parte del arco parlamentario que ni Borràs se vaya voluntariamente y que todo quede en manos de la Junta Electoral, el PSC ha movido ficha con una propuesta para reformar por la vía rápida -en menos de un mes- el reglamento del Parlament. Se trata de introducir un cambio "quirúrgico" para que el voto de la mayoría absoluta del pleno sea suficiente para despojar a Borràs -o a cualquier miembro de la mesa- del cargo. El objetivo es que esta proposición de ley se debata ya en el próximo pleno, el del 19 de abril, y se apruebe de forma definitiva en la sesión de principios de mayo.

Por ahora, la música no suena mal para el resto de grupos. ERC se aviene a estudiar la propuesta, pese a que preferiría que se acabara imponiendo la vía política. "En nosotros siempre encontrarán un aliado para preservar las instituciones, pero el primer paso lo tiene que dar Junts", ha asegurado Junqueras en una entrevista a ACN. Los Comuns han dado la bienvenida a la iniciativa de los socialistas e insisten en que "no hay excusas" para impedir una "salida compartida" para superar el bloqueo. Y desde el PP ya han dejado caer que les genera dudas la propuesta, pero que la apoyarán si sirve para poner fin a la interinidad y la "incertidumbre" en el Parlament.

La junta de portavoces del martes 11 de abril, tras el receso de la Semana Santa, será la prueba del algodón de si la iniciativa de los socialistas tiene suficiente cuórum, siempre con la duda de si la Junta Electoral acabará siendo más rápida que los grupos parlamentarios.

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