Borràs acata a la JEC y rechaza la delegación de voto de Juvillà

Laura Borràs cede ante la Junta Electoral Central (JEC) y asume, de facto, la anulación de las funciones del cupero Pau Juvillà como diputado. La CUP había situado a la presidenta del Parlament en el compromiso ineludible de decidir este jueves si permitía o no la delegación de su voto en el hemiciclo. La rechazó. De hecho, Juvillà no fue convocado a la Junta de Portavoces ni al pleno en el que se discutía el dictamen de la comisión del estatuto de los diputados que, sobre papel, defiende la condición de diputado de Juvillà, aunque admite que no puede garantizarla, amparándose en posibles consecuencias judiciales para el cuerpo funcionarial de la Cámara.

La negativa de Borràs de desoír a la JEC fue el final anunciado de un choque entre los anticapitalistas y la presidenta de la Cámara, que llegó al punto de ser tan explícito que los anticapitalistas se negaron a votar el texto. "Los derechos y la condición de diputado de Juvillà ya están suspendidos", espetó Eulàlia Reguant desde el atril, afeando a la presidenta la "contradicción" que supone aprobar un dictamen en defensa de su escaño cuando no se le permite ejercer como tal.

El independentismo esquiva la desobediencia en el caso Juvillà

Borràs entró en el hemiciclo sin comunicar antes ni a la CUP ni a la Mesa su decisión sobre la petición de delegación de voto del cupero

Borràs llegó al hemiciclo a las cinco de la tarde sin comunicar ni a la CUP ni a los miembros de la Mesa la decisión que había tomado. Solo dependía de ella, porque, a causa de la normativa decretada por el covid, las sesiones plenarias se celebran en formato reducido y las peticiones de delegación de voto no pasan por la Mesa, sino directamente por la pluma de Borràs. Debido a su delicado estado de salud, por el cáncer que padece, Juvillà no acudió al Parlament. Ya dentro del hemiciclo, la presidenta sostuvo que había denegado el voto a Juvillà invocando el artículo 16.1 del reglamento que establece un "conflicto de intereses" alegando que el cupero no debe pronunciarse sobre un dictamen que le incumbe de forma directa, aunque en el resto de votaciones sobre este asunto Juvillà no había votado, pero sí tenía el botón activo para hacerlo. Hasta este jueves. El dictamen salió adelante con el plante de la CUP, el 'sí' de ERC, Junts y 'comuns' (73) y el rechazo de PSC, Cs, PPC y Vox (53).

La enésima trifulca

La escalada de tensión entre los independentistas fue in crescendo después de que la JEC diera por confirmado el cese de Juvillà, el pasado 27 de enero. Hasta entonces, había unidad de acción y se iba "paso a paso". Pero con la orden en mano, la CUP presionó a la presidenta hacia la desobediencia, esta frenó alegando que no había unidad independentista para desoír y ERC constataba que, al igual que hizo su predecesor, Roger Torrent, con el escaño del 'expresident' Quim Torra, no había otro camino posible que retirar el acta a Juvillà tras ser condenado por el TSJC a seis meses de inhabilitación por desobediencia al negarse a retirar los lazos amarillos del despacho de la Paeria de Lleida en el periodo electoral de 2019. La pretensión inicial era intentar blindarle hasta que hubiera sentencia firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo o, al menos, hasta que el tribunal resolviera sobre la petición de medidas cautelares. Pero no fue así, pese a las proclamas públicas y el dictamen que queda en papel mojado.

Desde Junts interpretan que la CUP puso a Borràs a los pies de los caballos, "intentando meterla en la papelera de la historia", porque aseguran que pactaron la noche del miércoles no pedir la delegación de voto. Desde la CUP y ERC niegan que esto se pactara, y afean a la presidenta no haber salido públicamente a dar explicaciones. Los anticapitalistas apuntan que Borràs no ha querido ir más allá y que no le faltaba apoyo para desobedecer, mientras que ERC ve reparadas todas las críticas vertidas sobre Torrent por el caso Torra. Eso sí, el independentismo vuelve a salir debilitado y dividido de esta última trifulca, y Junts avisa de que habrá consecuencias en su futuro compartido por el 'procés'. La presidenta esquiva así posibles consecuencias judiciales y este viernes deberá reportar a la JEC las actuaciones que ha tomado en cumplimiento de su orden.

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