La oposición fuerza a dar la cara a Borràs, que culpa a los funcionarios del 'caso Juvillà'

Laura Borràs rindió cuentas este lunes en el Parlament sobre la retirada del acta de diputado al cupero Pau Juvillà después de que la oposición la acorralara para que sus declaraciones fueran públicas. La Junta de Portavoces acogió la rendición de cuentas diez días después de la baja del 'cupaire' y la presidenta cedió finalmente a la presión y la sesión se emitió en directo. Entre peticiones de dimisión, reproches por contradicciones y acusaciones de mentiras, todavía más después de haber acudido al corte ilegal de la Meridiana, la presidenta de la Cámara repitió el patrón: defendió que Juvillà fue diputado hasta el día 4 de febrero y culpó a los funcionarios por actuar "de forma improcedente" al acatar a la Junta Electoral Central (JEC).

Borràs negó en todo momento haber dado instrucciones de cumplir con la orden del órgano administrativo y describió que se encontró con el registro de la institución "cerrado" y con el Sistema d'Informació de l'Activitat Parlamentària (SIAP) "bloqueado" sin su plácet cuando admitió, pero no autorizó, a mano, según sus palabras, la petición de delegación de voto de Juvillà en el pleno del 3 de febrero, cuando la JEC ya daba por confirmado el cese desde el 28 de enero, con nuevas credenciales para la siguiente en la lista de la CUP por Lleida recibidas por burofax.

La presidenta siguió defendiendo que sí admitió esa delegación e indicó que no constó así porque el sistema no permite diferenciar entre admisión y aceptación, aunque Juvillà no fue ni convocado al pleno, algo que tanto anticapitalistas como morados se esforzaron en subrayar.

La única autocrítica fue admitir el "error" de haber dicho en RAC-1 que Juvillà no votó el 17 de diciembre, cuando sí lo hizo, aunque el asunto le afectara de forma directa, argumento al que se acogió Borràs para rechazar semanas después su voto.

Dardos y propuestas

Sin salir de la línea de ataque, Borràs aseveró que los funcionarios publicaron la baja de Juvillà horas después del pleno en la página web sin su supervisión, cuando la suspensión se debía hacer efectiva el día 4 de febrero, no antes, como dejaba claro la secretaria general, Esther Andreu, en un comunicado dirigido a la Mesa: "No es admisible que los distintos servicios de la Cámara ejecuten instrucciones antes de que la Mesa se haya reunido", defendió, negando haber dado orden alguna en este procedimiento.

La Junta de Portavoces no se había retransmitido públicamente desde 2003 y siempre con motivo de atentados terroristas o por la Guerra de Irak

Llegó incluso a afear a los servicios de comunicación del Parlament haber publicado un tuit con una captura del Boletín Oficial de la Cámara en la que se constataba la baja de Juvillà: "Es una actuación totalmente improcedente", dijo, aunque el documento así lo explicite.

Para contener futuras suspensiones, Borràs instó a los grupos a modificar el reglamento interno, a crear una Sindicatura Electoral propia en Catalunya y a que las fuerzas se unan en el Congreso de los Diputados para que se modifique la LOREG y garantizar así la "inviolabilidad de los cargos electos".

Falta de transparencia

Los cuperos pidieron que no se vuelva a caer en el “error” de que no cuadre “el relato y los hechos”, interrogando sobre quién y cómo ordenó la suspensión y, sobre todo, en qué momento para contar desde cuándo se generó “una situación de desamparo a Juvillà y a los electores”.

ERC reprochó a Borràs la “falta de transparencia” en su gestión del asunto, motivo que provocó “momentos en los que se rompió la confianza”, al tiempo que lamentó que la presidenta cargara contra su predecesor, Roger Torrent, en su momento, cuando ha actuado ahora de la misma forma. Junts optó por animar a “reforzar la unidad” sin entrar a defender de forma cerrada a Borràs.

El PSC censuró el "contorsionismo político” de Borràs que “degrada” la institución, en la línea de los ‘comuns’, Cs y PPC, que exigieron su dimisión y denunciaron que esta es la enésima trifulca entre independentistas, con Borràs actuando como candidata de Junts. Coincidieron, además, en indicar sus “mentiras” y en reprocharle que achaque a los funcionarios la responsabilidad de la baja de Juvillà. 

La Junta de Portavoces no se había retransmitido públicamente desde 2003, y siempre con motivo de atentados terroristas o por la Guerra de Irak.