Las contradicciones y medias verdades de Borràs sobre el 'caso Juvillà'

Explicaciones públicas

Borràs se comprometió ante los grupos parlamentarios a dar explicaciones públicamente, pero las dio en una entrevista en RAC-1, no en sede parlamentaria. En la entrevista, dijo que volvería a darlas en el Parlament, pero a puerta cerrada. “Naturalmente las daré [las explicaciones], en la Junta de Portavoces donde hay todos los representantes porque así lo he hecho siempre”, sostuvo. Descartó, en todo caso, dar una rueda de prensa abierta.

La delegación del voto

Borràs se escudó en la terminología para defender su actuación en el pleno del pasado jueves en el que no aceptó la petición de la delegación del voto de Juvillà. "Yo convoco el pleno, no a los diputados. Yo admito personalmente su delegación de voto, no la acepto. Si Juvillà no hubiese sido diputado, se habría inadmitido", espetó, aunque después reculó y recordó que sí inadmitió la petición porque se tuvo que votar a mano alzada y Juvillà no tenía derecho a hacerlo, ya que la presidenta había apelado a un artículo sobre conflictos de intereses para rechazar la delegación, como aseguró en el hemiciclo.

El documento oficial firmado por Borràs el 3 de febrero confirma que no se admite la delegación de voto a favor de Dani Cornellà, diputado cupaire, en representación de Juvillà. Con estos argumentos, trata de aparecer como defensora en todo momento del escaño de Juvillà y forzada por las circunstancias de unos servicios administrativos de la Cámara que no querían incurrir en delitos. La secretaria general salió en su defensa y en un comunicado subrayó que sí fue admitida pero que no consta debido a un problema informático, que hasta la fecha no se había reportado.

Llegó incluso a decir que en votaciones precedentes sobre el caso Juvillà, el afectado se había inhibido por incompatibilidad: "¿Qué sentido tiene pedir la delegación de voto si no podrá votar en un pleno con un único punto -la cuestión Juvillà-?". Pero no es cierto, porque Juvillà sí votó el primer dictamen que le interpelaba directamente el 17 de diciembre, aunque se abstuvo en la votación del recurso del Parlament el 25 de enero.

Los funcionarios

La presidenta del Parlament aseguró que ella sí seguía defendiendo a Juvillà como diputado y que no tenía constancia de las maniobras de los funcionarios cuando activaron los dispositivos para acatar a la JEC, motivo por el que pide un expediente informativo. Según ella, no sabía que ya se había desactivado la votación, que al final se tuvo que votar a mano alzada. En caso de que sea cierto que no lo sabía, desde ERC y CUP indican que se trataría de una "negligencia".

Borràs se escudó en que ha habido una "disociación" entre lo que iban decidiendo los funcionarios del Parlament -no considerar diputado a Juvillà- respecto a su voluntad de mantenerlo en el cargo hasta el último pleno, aunque no permitiera su voto el jueves. "No iba a coaccionar a los funcionarios", dijo, aunque su plan de desobediencia que presentó al 'president' Pere Aragonès pasaba por el hecho de que no se cumpliera la sentencia del TSJC sobre el 25% de castellano en las aulas donde sí se implicaba a los directores de los centros educativos.

Borràs aseguró con rotundidad que Juvillà seguía siendo diputado hasta el 3 de febrero, pero, al mismo tiempo, admitió que "jurídicamente, administrativamente" la decisión de la JEC generó mucha tensión a los funcionarios y el día 3 Juvillà ya no recibió ni el SMS ni el mail convocándolo al pleno porque quién debía hacerlo "ya estaba bajo amenaza" de la "represión". "Es una constatación", sentenció.

Las medidas cautelares

"La JEC deniega la solicitud de medidas cautelares que Juvillà ha pedido al Tribunal Supremo", deslizó la presidenta del Parlament. Pero no es cierto. La resolución del órgano administrativo lo que hace es considerar su pronunciamiento firme en vía administrativa, diga lo que diga después el alto tribunal sobre las cautelares. En el escrito del 27 de enero, la JEC acuerda, literalmente: "Denegar la solicitud planteada por el señor Juvillà i Ballester de suspensión cautelar de la ejecución del Acuerdo de la Junta Electoral Central, de 20 de enero de 2022, por el que se declara la concurrencia de causa de inelegibilidad sobrevenida en la condición de diputado del señor Juvillà i Ballester y se deja sin efecto su credencial. La resolución a la que se refiere es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las medidas cautelares que pudiera adoptar la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el caso de que le sean solicitadas".

El "precedente" Torrent

Borràs insistió en que su margen de maniobra quedó reducido por el "precedente" de Roger Torrent sobre el caso Torra. Es cierto que el órgano administrativo dio por confirmado el cese sin esperar a la resolución de las cautelares a cargo del Supremo, algo que no sucedió en el caso del 'expresident'. Juvillà fue suspendido antes de este pronunciamiento, mientras que Torra lo fue una vez se agotó el recorrido. Ambos, sin embargo, lo fueron sin sentencia firme. "Lo que ha pasado en el pasado nos afecta ahora", aseveró. En esta ocasión Juvillà pidió medidas cautelares, esperando que se ganaría tiempo, pero la Junta Electoral Central no esperó y ejecutó su decisión.

Borràs, contra ERC y CUP

La presidenta señaló a ERC y CUP por no querer acompañarla hacia la desobediencia, aunque no quiso desvelar cuál era su plan de "resistencia colectiva" que pasaba por el Parlament y el Govern y que, como adelantó este diario, presentó al jefe de la Generalitat Pere Aragonès apostando por una desobediencia conjunta: ella a la JEC por Juvillà y él al TSJC por la sentencia del 25% del castellano en las aulas. De hecho, republicanos y cuperos acusan a Borràs de ocultar información y de mentir sobre cómo han ido las negociaciones, porque dicen que siempre le han ofrecido su mano tendida ante las decisiones que ha ido tomado. "Estamos aquí porque mi propuesta no fue aceptada. No se quiso llegar hasta las últimas consecuencias", espetó la presidenta.