Cronología del 'caso Juvillà': 62 días, tres recursos y dos dictámenes

La retirada del escaño al cupero Pau Juvillà se ha cumplido en tiempo y forma pese al intento del independentismo de blindar su acta de diputado hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre las medidas cautelares o confirmara la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que le condena a una inhabilitación de seis meses y a una multa de 1.080 euros por desobediencia. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, y los funcionarios de la Cámara catalana acataron la orden de la Junta Electoral Central el 4 de febrero, con efectos retroactivos del 28 de enero, cuando la Cámara recibió el burofax de la JEC confirmando el cese del diputado de la CUP. Esta es la cronología del 'caso Juvillà', que ha puesto contra las cuerdas a Borràs:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condena al diputado por desobediencia a seis meses de inhabilitación y una multa de 1.080 euros tras negarse a retirar unos lazos amarillos de su despacho en la Paeria de Lleida en 2019, en periodo electoral. El independentismo se conjura para blindar el escaño a Juvillà hasta que el Tribunal Supremo considere firme la sentencia. La presidenta del Parlament defiende que "no tiene potestad ni voluntad de retirar el escaño a nadie" y convoca la comisión del estatuto de los diputados.

La comisión del estatuto de los diputados aprueba un dictamen -con el 'sí' de ERC, Junts, PSC, En Comú Podem y la CUP- que estipula que no hay ninguna "causa de incompatibilidad" ni ninguna "circunstancia" que afecte a la condición de diputado de Juvillà. Al día siguiente, se celebra un pleno en el que se avala este documento con los mismos votos, incluido el de Juvillà.

La JEC da diez días hábiles al Parlament para que comunique "las decisiones, resoluciones o cualesquiera otras medidas" que haya adoptado, "así como las alegaciones" que quiera presentar justificando por qué mantiene el escaño del diputado cupero. Al cabo de unos días, el Parlament presenta alegaciones con el dictamen de la comisión y argumentando que la sentencia del TSJC no es firme.

La JEC ordena retirar el escaño al cupero y que su lugar en el Parlament lo ocupe el siguiente candidato de la lista de los anticapitalistas por Lleida. El órgano administrativo argumenta que Juvillà está afectado por una "causa de inelegibilidad sobrevenida". Los independentistas se conjuran para exprimir todas las vías legales a su alcance para defender su escaño.

La Mesa del Parlament acuerda que la presentación de un recurso contencioso-administrativo se vote en el pleno para corregir así los "errores" del caso Torra y retener todo el tiempo que sea posible el escaño de Juvillà. Si bien Torra se quedó sin escaño antes de agotar la vía judicial, Juvillà trata de mantener todas sus funciones al menos hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia firme. Al día siguiente, el pleno del Parlament aprueba la presentación del recurso con los votos de ERC, Junts, CUP y 'comuns', y la abstención del PSC. Juvillà -que no vota- también presenta un recurso paralelo por esta vía, además del recurso de casación.

La JEC confirma el cese de Juvillà y considera firme su resolución en la vía administrativa. El órgano administrativo exige que se retire de forma inmediata el escaño al secretario tercero de la Mesa y da trámite a la expedición de la credencial de un nuevo parlamentario, el siguiente en la lista de los cuperos a las elecciones del 14 de febrero. Además, da cinco días a Borràs para que informe a la JEC de las decisiones que ha tomado en cumplimiento de esta decisión y le advierte de consecuencias judiciales si desoye.

La tensión crece y Borràs propone paralizar la actividad del Parlament, pero recula por el aviso de los letrados sobre la imposibilidad de llevar a cabo el cierre y los recelos de ERC y la CUP. El embrollo termina con un escueto acuerdo en el que se “propone” frenar la cotidianidad del Parlament, instando a los grupos a que desconvocaran las comisiones previstas. Debido al cáncer de Juvillà, la CUP anuncia que propondrá a Carles Riera como su sustituto en la Mesa.

El independentismo -con la complicidad de los 'comuns'- saca adelante un nuevo dictamen en la comisión del estatuto de los diputados en el que defienden que Juvillà sigue siendo diputado aunque no podrá seguir ejerciendo si esto compromete a los funcionarios. De facto, se asume que ya no figura en la lista de parlamentarios: "El Parlament cree que Juvillà sigue siendo diputado, pero no puede garantizar la eficacia de todos los actos que conlleva el ejercicio de este derecho", afirma el presidente de la comisión, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts).

Borràs cede y rechaza la delegación de voto de Juvillà, que pasa a ser oficialmente suspendido por la secretaria general con efectos retroactivos del 28 de enero, cuando reciben el pronunciamiento de la JEC. De hecho, el cupero no fue convocado a la Junta de Portavoces ni al pleno en el que se discutía el dictamen de la comisión del estatuto de los diputados. La negativa de Borràs de desoír a la JEC desata un choque entre los anticapitalistas y la presidenta de la Cámara, que llega al punto de ser tan explícito que los anticapitalistas se niegan a votar el texto, que sale adelante con el voto favorable de ERC, Junts y los 'comuns'. Borràs asegura que no ha dado ninguna orden a los funcionarios y que estos, sin su plácet, han bloqueado el sistema informático y han cerrado el registro.

El BOPC publica el cese de Juvillà. Borràs se sacude las culpas pese a la presión de ERC y CUP, que le exigen que dé explicaciones públicas sobre el caso. Este diario publica que Borràs propuso al 'president' de la Generalitat una desobediencia conjunta que consistía en desoír a la JEC a cambio de que Aragonès, por su parte, desobedeciera la sentencia del TSJC sobre la aplicación del 25% de castellano en las aulas catalanas. El jefe del Govern rechazó la entente alegando que existe separación de poderes y que no se debían invadir las competencias uno del otro.

La presidenta del Parlament rompe el silencio en RAC-1 y asegura que no piensa dimitir. Borràs culpa a los funcionarios y la pinza ERC-CUP de la retirada del escaño a Juvillà al no quererse comprometer con un supuesto plan de "resistencia colectiva". “No se ha querido ir colectivamente hasta las ultimas consecuencias", espeta, acusando a republicanos y anticapitalistas de llevarla hacia el precipicio.

Juvillà evita el choque con Borràs en una entrevista en Catalunya Ràdio y anuncia que su escaño permanecerá vacío hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la petición de medidas cautelares. La Mesa del Parlament pide un informe sobre el caso para aclarar la versión de Borràs y la CUP redobla la apuesta y vuelve a exigir un referéndum antes de 2025.

Sale a la luz la propuesta de Borràs, una escueta nota de diez líneas: "Se mantendrá desobediencia en cualquier futura inhabilitación. Todos los grupos se comprometen a no cubrir eventualmente vacantes por inhabilitación, sin perjuicio del derecho de los diputados de renunciar voluntariamente a su escaño", dice el primer punto del documento. El segundo punto señala que el Govern "se compromete a obedecer al Parlament incluso en contra de resoluciones judiciales o administrativas".

Forzada por la oposición, Borràs da explicaciones en una Junta de Portavoces que se emite en directo. Entre peticiones de dimisión, reproches por contradicciones y acusaciones de mentiras, todavía más después de haber acudido al corte ilegal de la Meridiana, la presidenta de la Cámara repite el patrón: defiende que Juvillà fue diputado hasta el día 4 de febrero y culpa a los funcionarios por actuar "de forma improcedente" al acatar a la JEC.

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