El independentismo esquiva la desobediencia en el caso Juvillà

El independentismo -con la complicidad de los 'comuns'- hizo valer este miércoles el reglamento del Parlament frente a la Junta Electoral Central (JEC) pero, tras el aparador montado a través de la aprobación de un dictamen en la comisión del estatuto de los diputados que se votará en el pleno, los partidos constatan que Pau Juvillà no podrá seguir ejerciendo como parlamentario, escudándose en los funcionarios.

Inmersos en una maratón de reuniones que retrasó hasta dos horas el inicio de la comisión, ERC, Junts y la CUP pactaron un largo preámbulo y cuatro puntos de votación que defienden que Juvillà, en condicional, "no podría" ser suspendido hasta que se resolviera la petición de medidas cautelares del Parlament sobre la aplicación del fallo del TSJC por el que fue condenado a una inhabilitación de seis meses al no descolgar lazos amarillos de su despacho en la Paeria de Lleida durante el periodo electoral del 2019.

El documento, al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, se resguarda en posibles consecuencias judiciales para los funcionarios para fijar el "límite de la desobediencia" y, por lo tanto, no hurga en si Juvillà cobrará la nómina del mes de febrero ni en si podrá votar en el próximo pleno, siendo estas dos las muestras de si cuenta o no como uno de los 135 del hemiciclo. El independentismo ya asume que no figura en la lista de parlamentarios: "El Parlament cree que Juvillà sigue siendo diputado, pero no puede garantizar la eficacia de todos los actos que conlleva el ejercicio de este derecho", espetó el presidente de la comisión, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts).

Y es que la clave está en la petición de una delegación de voto o la mera presencia de Juvillà en el hemiciclo, algo que tensará, y mucho, a la Mesa y que exhibirá finalmente que ya no es diputado. Como pasó con el ‘expresident’ Quim Torra, es probable que sean los funcionarios -que tienen en su poder las nuevas credenciales de la siguiente en la lista por Lleida- los que desactiven directamente el botón para votar si es que se presenta, una situación que todavía está por ver debido a su delicado estado de salud, ya que ha sido diagnosticado de un cáncer que le impide continuar con su actividad parlamentaria y le obliga a dejar su puesto en la Mesa en favor de Carles Riera.

Choque entre Borràs y la CUP

Las tensiones en el independentismo fueron a más. Según varias fuentes, Borràs evidenció ante los presentes en una de las reuniones que no podía desacatar la orden de la JEC, achacándolo a la falta de voluntad de los funcionarios. La CUP quería ir más lejos y situó a la presidenta en una encrucijada, responsabilizándola de una desobediencia y aparcando a los trabajadores de las decisiones política que, a su juicio, debía tomar. Borràs defendió que no había una intención conjunta del independentismo de seguir adelante, según varias fuentes, alegando incluso desconfianzas.

"Las fuerzas políticas del Parlament consideran que el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos", sostiene el dictamen, y abunda en que la JEC, como órgano administrativo, "carece de competencias" para suspender a un diputado sin sentencia firme.

La CUP sigue forzando y Juvillà no piensa renunciar a su acta, situando a Borràs como la responsable de decidir si acata o desobedece. Está por ver qué responde a la JEC el viernes, pero el PSC y la triple derecha le pidió que cumpla y acabe ya con la "pantomima", con aviso de acciones legales a la vista.

La intención de la presidenta, con la maniobra de hoy, pasaba por compartir con el resto del independentismo la responsabilidad de tener que acabar actuando como su predecesor, Roger Torrent, ante la imposibilidad de ir en contra de toda la maquina funcionarial. En ERC, interpretan que Borràs se ha dado un baño de realidad, “justicia poética” tras dos años arrastrando críticas de la posconvergencia sobre la actuación de Torrent en el caso Torra. Todo esto, con una Cámara a medio gas por la protesta alentada por la Mesa de desconvocar las siete comisiones previstas en dos días.

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