El Parlament retrasa el cese de Borràs y alega ante la JEC que su condena no es firme

Desde el momento en que la Junta Electoral fijó el jueves pasado un plazo de 10 días para que el Parlament se pronuncie sobre el escaño de Laura Borràs, la institución ha entrado en una suerte de cuenta atrás donde todos contienen la respiración a sabiendas de la tormenta política que se avecina en plena campaña de elecciones municipales. Nadie duda que el destino de la líder de Junts será el mismo que el del 'expresident' Quim Torra y el del exdiputado de la CUP Pau Juvillà: la pérdida del acta y, por ende, el adiós definitivo de la líder de Junts como parlamentaria. Como tampoco nadie duda de que los rifirrafes políticos marcarán la elección de una nueva presidencia. Pero antes, la Cámara catalana seguirá los mismos pasos que con los otros dos precedentes: presentar alegaciones para defender que Borràs debería mantener su escaño hasta que su condena sea firme.

Así lo ha decidido este martes la Mesa del Parlament bajo la batuta de la vicepresidenta Alba Vergés, sobre quien Junts sitúa la presión de lo que pase a partir de ahora con la presidenta suspendida y a la que ya ha reclamado que no vulnere los derechos de su diputada. Los dos representantes socialistas en la Mesa, Assumpta Escarp y Ferran Pedret, han votado en contra de la presentación de las alegaciones. "Sorprende que la Mesa quiera hacer ver que está respetando los derechos cuando ya me los vulneró con la aplicación fraudulenta del artículo 25.4", ha criticado Borràs.

Esta vez, a diferencia de las otras dos ocasiones, la Mesa no ha convocado la comisión del estatuto del diputado para que elabore un dictamen sobre el caso, una decisión fruto de la menor beligerancia con la que ERC y CUP prevén actuar a te la naturaleza de los hechos por los que Borràs ha sido sentenciada. No será hasta la primera semana de mayo, a las puertas de la carrera electoral, cuando llegue la nueva orden de la Junta Electoral para que sea despojada de su condición de diputada.

El principal argumento de ERC, Junts y la CUP, partidarios de recurrir la decisión de la Junta Electoral, es que el artículo 24 del reglamento del Parlament establece que sólo con sentencia firme un diputado puede perder su escaño y que la de Borràs por prevaricación y falsedad documental aún no lo es. Se trata de una defensa que la institución ya hizo en las otras dos ocasiones pero que no sirvió para frenar la retirada del acta, puesto que la Junta Electoral se acoge al artículo 6.2 de la LOREG, que establece que "son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública", entre los que está el delito de prevaricación.

Nueve meses de interinidad

En el caso concreto que afecta a Laura Borràs, además, los partidos partidarios de las alegaciones sostienen que está suspendida del cargo, puesto que se le aplicó el artículo 25.4 del reglamento el pasado mes de julio, cuando se le abrió juicio oral acusada de unos delitos que consideran vinculados a la corrupción. Esta circunstancia provoca que lleve nueve meses sin ninguna de las prerrogativas asociadas al cargo. Eso sí, el perjuicio que esta situación provoca en la Cámara es el de la interinidad, puesto que la negativa de Borràs a dimitir mantiene bloqueada la posibilidad de elegir una nueva presidencia.

Y es justo por este escenario de provisionalidad que el PSC urge a actuar con "celeridad". A pesar de que en el caso de Juvillà los socialistas se abstuvieron a la presentación de alegaciones, esta vez no lo han hecho porque "ya se sabe" el final de todo este procedimiento. Han emplazado a los grupos independentistas a "no esconderse" tras la Junta Electoral para no afrontar la elección de una nueva presidencia. La portavoz del PSC, Alícia Romero, ha argumentado que la LOREG, como ley orgánica, está "por encima" del reglamento del Parlament y ha admitido que la vía jurídica irá más rápida que la reforma del reglamento que ha propuesto su grupo para poder revocar a Borràs y que es vista con recelos por el resto de partidos.

Sin pacto hasta el 28-M

Como llevan haciendo desde que Borràs fue suspendida, los de Salvador Illa han urgido a Junts, ERC y la CUP a resolver la situación por la vía política y ponerse de acuerdo para votar a un nuevo o nueva presidenta, un melón que supone, en primer lugar, una batalla interna para los posconvergentes, divididos entre los acérrimos a su presidenta y los detractores que querrían que fuera apartada. Los Comuns, por su parte, han emplazado a republicanos y a 'cupaires' a no "regalar" de nuevo a Junts la presidencia de la Cámara para que la batuta quede en manos de un diputado de izquierdas.

Entre bambalinas, todos los partidos dan por hecho que, una vez la Junta Electoral certifique que Borràs ha perdido el escaño, no habrá pacto posible para escoger quién la sucede hasta después de las municipales, con el riesgo de que la presidencia de la institución forme parte de la maraña de intercambio de apoyos, principalmente, en el Ayuntamiento de Barcelona.