De la suspensión de Laura Borràs al escaño de Pau Juvillà: balance del impacto judicial en el Parlament

La suspensión de Borràs

El Parlament está bajo una insólita situación de interinidad desde que el 28 de julio Borràs fue suspendida como presidenta de la Cámara catalana por la causa del presunto fraccionamiento de contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, juicio que se celebrará en febrero y en el que está acusada de prevaricación y falsedad documental por el que enfrentará a seis años de cárcel, 21 años de inhabilitación y una multa de 144.000 euros. La líder de Junts sigue ostentando el cargo de presidenta, pero no puede ejercerlo ni tampoco forma parte de sus planes dimitir, cosa que impide la elección de un relevo. Ante el bloqueo al que se han terminado resignando todos los grupos, es Vergés quien, como vicepresidenta primera de la Mesa, asume las funciones de presidenta a la espera de que haya sentencia de Borràs y, o recupere el cargo en caso de absolución o se marche del todo si hay condena.

La pérdida del escaño de Juvillà

Antes de su suspensión, Borràs tuvo que hacer frente a la situación judicial del ya exdiputado de la CUP y exsecretario tercero de la Mesa Pau Juvillà, condenado por desobediencia a seis meses de inhabilitación y una multa de 1.080 euros tras negarse a retirar unos lazos amarillos de su despacho en la Paeria de Lleida en 2019, en periodo electoral. Aunque como presidenta se comprometió a proteger su acta, por lo menos hasta que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia, finalmente tanto ella como los funcionarios de la Cámara, que se jugaban consecuencias penales, acataron la orden de la Junta Electoral y Juvillà terminó perdiendo el escaño desde el 28 de enero tras un serial de contradicciones entre lo que Borràs defendía públicamente y lo que realmente sucedía, porque terminó acatando a la Junta Electoral. Carles Riera entró en la Mesa para sustituirle y, tras la marcha de Juvillá, se incorporó como diputada Nogay Ndiaye.

El voto anulado de Puig

El Tribunal Constitucional, tras un recurso presentado por el PSC, anuló a finales de junio el voto delegado del 'exconseller' y diputado de Junts Lluís Puig, que reside en Bruselas desde 2017. Aún así, Borràs acordó con los miembros de la Mesa de ERC y de la CUP una fórmula para contabilizarlo que<strong> exime a los funcionarios</strong> y que compete únicamente a la presidencia del órgano. Ahora, Vergés sigue contando el voto de Puig, que queda también recogido por el boletín oficial, a pesar de que hay más recursos de la oposición presentados.

Juicio a Jové y Salvadó

El presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, y el exdiputado y presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, afrontarán este 2023 el juicio por los preparativos del 1-O. Están acusados de malversación, prevaricación y desobediencia grave, un delito este último por el que también está imputada la 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga. La Mesa del Parlament, a diferencia del caso de Borràs, consideró con los votos de ERC, Junts y la CUP que no afrontan una causa por corrupción y que, por lo tanto, no tenían que ser suspendidos. La <strong>reforma del delito de malversación </strong>pactada entre el Gobierno y ERC puede tener repercusión en su sentencia. Tras la renuncia de Salvadó al escaño se incorporó al grupo republicano su alcaldable en Montblanc (Tarragona), Oriol Pallissó.

La absolución de Torrent

El 23 de noviembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anunció que el 'exconseller' de Empresa, Roger Torrent, quedaba<strong> absuelto del delito de desobediencia</strong> del que se le acusaba por la tramitación de resoluciones sobre la autodeterminación y la reprobación del rey cuando era presidente del Parlament. Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, de Junts, y Adriana Delgado, de ERC, que secundaron la decisión como miembros de la Mesa, quedaban también absueltos. Aún así, la Fiscalía ha recurrido la decisión, cosa que no permite dar aún el caso por cerrado.

Serret, pendiente de juicio

La 'consellera' de Acció Exterior, Meritxell Serret, que regresó a Catalunya en marzo de 2021 tras más de tres años en Bruselas, está a la espera de juicio por un delito de desobediencia grave por la causa del 1-O. El Supremo envió la causa al TSJC a finales de marzo y, tras tomar posesión en octubre del cargo en el Govern, dejó el escaño. La relevó como diputada la alcaldesa de Vilanova de l'Aguda (Lleida), Montse Fornells, que ya había sido parlamentaria en otras legislaturas.

La multa a Reguant

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant fue condenada a una multa de 13.500 euros el pasado 7 de octubre por haberse negado a responder las preguntas de Vox durante el juicio del 1-O. Se libró de la inhabilitación. Aún así, la dirigente ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Constitucional porque considera que su actitud no debe ser punible.