Alba Vergés afronta una semana 'horribilis' en el Parlament por el pulso de Junts con Laura Borràs y Lluís Puig

A seis semanas para las elecciones municipales, la republicana Alba Vergés tiene que afrontar sus jornadas más difíciles como vicepresidenta en funciones de presidenta del Parlament y mirar de aislar su campaña como alcaldable en Igualada de los incendios de la institución. Empezando ya por este martes, que la Mesa tiene que abordar dos patatas calientes: decidir si se presentan alegaciones a la Junta Electoral Central (JEC) contra la retirada del escaño de Laura Borràs y si se mantiene el voto delegado de Lluís Puig.

Aunque el choque más duro se prevé con el afer que afecta a la líder de Junts y por el que la Cámara acumula nueve meses de interinidad, lo más previsible es que, de momento, solo se gane tiempo. Presumiblemente, la Mesa argumentará ante la JEC que el reglamento solo contempla la retirada del escaño en caso de sentencia firme y que ordenar lo contrario es una injerencia a la soberanía del Parlament.

Un movimiento que ya se dio en los precedentes del 'expresident' de la Generalitat Quim Torra por retirar fuera de plazo una pancarta del balcón de la Generalitat y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà por no atender la orden de descolgar lazos amarillos de su despacho de la Paeria. Este último caso se dio, precisamente, bajo la presidencia de Laura Borràs, aunque el resultado acabó siendo la retirada del escaño. La diferencia, ahora, está en la naturaleza de la causa.

La líder de Junts está condenada a cuatro años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental por haber fraccionado 18 contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La prevaricación es un delito contra la administración pública, por lo que según la LOREG, cuando hay condena, aunque no sea firme, se produce una situación de inelegibilidad sobrevenida y se pierde la representación parlamentaria. Para la mayoría de partidos del Parlament, a excepción de Junts, la sentencia es "por corrupción", motivo por el que, pese a las alegaciones que se presentarán, la beligerancia de ERC y de la JxCat por el choque competencial se prevé de baja intensidad.

El desenlace final del serial -la retirada del escaño- no se prevé hasta principios de mayo, pero la batalla política ya ha empezado. Este lunes, el portavoz del partido, Josep Rius, ha trasladado la presión a Vergés, a quién ha exigido que cumpla el reglamento y no actúe hasta la sentencia firme. "Todo es cuestión de voluntad política", ha asegurado en rueda de prensa. Más beligerante fue el viernes la misma Borràs, que acusó la vicepresidenta primera de haber "vulnerado deliberadamente" y "premeditadamente" sus derechos. Todo ello a pesar de que la líder de Junts, en su momento, también acabó retirando el escaño a Juvillà sin que hubiera llegado la sentencia firme. Justificó entonces que había una "realidad paralela": la suya, la de defender al diputado, y la de los funcionarios, a los que atribuyó la responsabilidad de haber acatado a la JEC.

El dilema de la desobediencia

Pero antes de llegar a esta pantalla, Vergés tiene que afrontar una batalla más urgente: decidir si el diputado Lluís Puig -también de Junts- puede votar en el pleno que empieza este miércoles. El Tribunal Constitucional ha anulado de nuevo el acuerdo de la Mesa que permitía su voto delegado en los plenos. Pero como el fallo del TC no va acompañado de ninguna advertencia, Junts podría volver a pedir esta modalidad de voto y la Mesa aceptarlo de nuevo. De momento, sin embargo, fuentes de la formación posconvergente no prevén hacerlo, lo que deja la vicepresidenta ante la encrucijada de la desobediencia. Actualmente, el voto de Puig -que reside en Bélgica desde 2017- es contado a viva voz por la vicepresidenta, pero no aparece en las pantallas para no exponer a los funcionarios, aunque sí se recoge en las actas de la Cámara. Es la estrategia que trazó en su día Borràs y la que ha continuado hasta ahora Vergés.

Sea como sea, lo que le reclama Junts a Vergés es que asuma una desobediencia que en su día no secundó Borràs con el escaño de Juvillà y una defensa del voto de Lluís Puig asumiendo unas consecuencias a las que tampoco tuvo que hacer frente la líder de Junts. Sin embargo, mientras que con el primero de estos episodios los republicanos asumen que la Junta Electoral actuará como lo hizo en los otros dos precedentes, creen que en el caso de voto de Puig se pueden explorar “fórmulas imaginativas” para sortear el impacto judicial. 

De hecho, vaticinando este escenario, los republicanos se avanzaron y propusieron una reforma del reglamento del Parlament para regularizar el voto del diputado, pero no ha llegado a tiempo. La Junta de Portavoces -con los votos de Junts- denegó la votación por lectura única -la vía más rápida-, y abocó el debate a principios de mayo.

La interinidad, hasta después de las municipales

En todo caso, Vergés tendrá que seguir sorteando la interinidad en la institución, tras nueve meses en la que le ha tocado llevar la batuta del Parlament mientras Borràs ha asistido a los plenos desde la tribuna de invitados para seguir reivindicándose. La republicana asumió el encargo con incomodidad y apostó por consolidar un liderazgo coral con la vicepresidenta segunda, la socialista Assumpta Escarp. Hasta el punto que, a la práctica, se ha formalizado un tándem en la gestión del día a día y la asistencia a actos y audiencias. 

En estos momentos, se suma como inclemencia de la meteorología política el hecho de que, además, Vergés es candidata y le disputa la alcaldía de Igualada a Marc Castells, de Junts. Una circunstancia que crispa aún más el rifirrafe político y que limita también los movimientos de la republicana. De hecho, es el propio clima electoral el que provoca que los grupos den por sentado que no habrá pacto posible para relevar a Borràs al frente de la institución hasta que se cierren las urnas del 28 de mayo.

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