El legado de Laura Borràs en el Parlament: una silla vacía y varios asuntos pendientes

La (des)unión independentista

Borràs se despidió de la presidencia cargando contra ERC y CUP, acusándoles de haberse vestido de "jueces hipócritas" para "apartarla políticamente" siendo "cómplices" de la "guerra sucia" contra el independentismo. "Los que deberían ser mis compañeros de viaje no tienen otra expectativa que la autonomía ni otra motivación política que sus respectivos partidos", llegó a decir, gastando sus últimos cartuchos. Una posición que, si bien pretendía dinamitar la coalición en el Govern, el secretario general de su partido, Jordi Turull, trató de rebajar después defendiendo que "pese a las dificultades, y las decepciones personales y políticas, Junts nunca atizará la llama de la división independentista".

El mandato de Borràs está marcado por sucesivos encontronazos con ERC, CUP e incluso con su propio grupo parlamentario en asuntos como la nueva ley del catalán, la baja del cupero <strong>Pau Juvillà</strong> o el voto anulado del 'exconseller' Lluís Puig. Después de su suspensión, y de sus ataques, los tres grupos deberán recomponer las relaciones en la Cámara, aunque varios dirigentes afirman que será más fácil sin el círculo de Borràs al mando.

La presidencia sin presidenta

Uno de los primeros asuntos que deberán abordar ERC y Junts en los despachos es la situación de interinidad que se abre en el Parlament, porque Borràs no está dispuesta a renunciar al cargo, así que no se puede votar otro candidato. "Manteniéndome en mi sitio, además defender mi inocencia y honorabilidad, fuerzo una situación de interinidad, a la que nos ha conducido la respuesta del Estado al referéndum. Ninguna facilidad a los represores y a sus cómplices", aseveró en su discurso de despedida.

La vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), asumirá "los derechos, deberes y atribuciones" al menos hasta que Junts haga una propuesta a Esquerra para recuperar el mando de la Cámara que, según varias fuentes, podría pasar por la renuncia de Vergés y Madaula y por volver a someter las candidaturas al pleno para intercambiarse los cargos. De esta forma, Junts se quedaría con la vicepresidencia primera y, a la vez, la formación podría defender cara a la galería que no ha sustituido a Borràs, dejando su silla vacía. El acuerdo de legislatura marca que ERC ostenta el mando de la Generalitat y Junts, la batuta del Parlament.

Otra de las cuestiones pendientes es la reforma para la reducción progresiva de las indemnizaciones (las conocidas dietas) de los diputados para que se incluyan dentro del salario. Los partidos siguen sin cerrar un pacto que lo haga efectivo porque el escollo está en quién debe asumir la tributación del IRPF y si los parlamentarios deben perder o no poder adquisitivo. 

El conflicto con los funcionarios

El mismo día en que Borràs quedaba suspendida, se ponía punto y final al conflicto laboral desatado tras destaparse que el Parlament pagaba 1,7 millones de euros anuales en concepto de licencias por edad, una paga a la que podían acogerse los empleados que tenían 60 años y llevaban al menos 15 años prestando servicios a la Cámara, sin trabajar. La Mesa, con el plácet de la comisión de asuntos institucionales, puso la directa y revocó estas prejubilaciones -obligando a los que la disfrutan a regresar a su puesto de trabajo antes del 1 de noviembre-, al tiempo que fijó un nuevo régimen general que pasa por reducciones de jornada progresivas cinco años antes de la jubilación con importes mucho menores a los previos.

Todo esto se sacó adelante sin la firma del consejo de personal, que denuncia "inseguridad jurídica" y que estudia llevar el caso a los tribunales. Y es que había un acuerdo suscrito por las dos partes, muy parecido, pero Borràs ordenó no convalidarlo alegando que era una mera sustitución. "Se retiró por un tuit", afean los empleados, muy disgustados con el transcurso de la negociación.

Borràs también reformó el recuento de los trienios (del 5%) en noviembre para que se contaran según la categoría laboral que se ejercía en cada momento y no sobre el salario vigente. "He acabado con prerrogativas que la sociedad consideraba privilegios, mirando siempre por el bien común del dinero público", afirmó la dirigente de Junts, con especial énfasis al enfrentarse a posibles delitos de prevaricación y falsedad documental por presuntamente haber fraccionado contratos en la Institució de les Lletres Catalanes, y subrayó que no se ha lucrado nunca de las arcas públicas. La Mesa actual deberá lidiar con un conflicto laboral que puede tener derivadas judiciales.

La elección de un nuevo secretario general

El cuerpo de letrados, en una institución pequeña como el Parlament, arrastra desconfianzas y desavenencias que han acabado estallando. Cuando tomó posesión, Borràs relevó a Xavier Muro como secretario general del Parlament y puso en su lugar a Esther Andreu, de su confianza, junto a Miquel Palomares como letrado mayor y el que había ocupado este cargo, Antoni Bayona, seguía como letrado. Las peticiones de información sobre licencias por edad hicieron implosionar las relaciones entre los servicios jurídicos hasta el punto en que se activó el protocolo contra el acoso psicológico por una queja sobre Bayona que terminó en nada.

La baja del cupero Pau Juvillà abrió una agria disputa entre Andreu y Borràs, pero la dimisión de la secretaria general llegó después de polémica que acarreó el nombramiento de su hijo como ujier interino, debido a las distintas versiones sobre si Andreu informó debidamente, y que se zanjó con un varapalo de Antifrau. Desde principios de junio, el Parlament no tiene secretario general y Palomares asume sus funciones. Fuentes parlamentarias apuntan que Borràs no eligió el relevo antes de ser apartada porque no sabía por quién decantarse y por "falta de confianza" en ellos, algo que se deberá resolver, previsiblemente según las mismas fuentes, con el acenso de Palomares y la designación de otro letrado mayor en su lugar.

El voto de Lluís Puig y el escaño de Pau Juvillà

La líder de Junts deja la Cámara antes de poder certificar que el voto anulado del parlamentario y 'exconseller' Lluís Puig es efectivamente contabilizado. A través de una petición de transparencia, este diario ha podido confirmar que "el último día hábil del período ordinario de sesiones, los servicios de la Cámara todavía no disponen del documento firmado ni por el secretario, ni con el beneplácito del presidente, ni aprobado". Y es que si bien Borràs contó verbalmente el voto, y firmó un pacto que fue avalado por la mayoría independentista de la Mesa que eximía a los funcionarios de cualquier responsabilidad penal, las actas de los plenos determinarán si acaba siendo efectivo. Así que está por ver si finalmente lo ejecutan, teniendo en cuenta que se pueden enfrentar a un posible delito por usurpación de funciones y desobediencia. ERC aboga por una reforma exprés del reglamento para que sea posible y se eviten así posibles responsabilidades judiciales.

"Espero que se siga contabilizando el voto y que pueda continuar participando telemáticamente por encima de prohibiciones de tribunales que llegan después de la judicialización de la política", avisó Borràs antes de marcharse. La entonces ya suspendida como diputada, aprovechó el discurso para volver a defenderse de la retirada del escaño del cupero Pau Juvillà: "Pese a toda la autocritica que hice entonces y que mantengo a día de hoy, quiero subrayar que en ese caso, en parámetros legales, el Parlament hizo todos los pasos posibles para ir más allá que en los precedentes en defensa de su soberanía, pero en parámetros represivos el Estado fue mucho más allá en la perversión del ordenamiento jurídico", dijo. Lo cierto es que, pese a la retórica desobediente, terminó acatando la orden de la Junta Electoral Central (JEC).