El Parlament cierra el expediente por acoso psicológico contra el exletrado mayor

La polémica por las licencias por edad que estalló en el Parlament arreció un conflicto entre letrados y funcionarios que llegó al punto de que la Mesa tuvo que acordar el 18 de enero que se pusiera en marcha el protocolo para la prevención, la detección, el abordaje y la resolución de situaciones de acoso psicológico por una queja de la archivera Blanca Martínez sobre los comportamientos del exletrado mayor, Antoni Bayona. Tres meses después, el expediente queda cerrado por falta de indicios y porque, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se trata de un "conflicto interpersonal a causa de la existencia de personas con intereses y objetivos distintos" dentro del ámbito laboral.

Martínez, junto a Bayona y otra letrada, Anna Casas, conformaban el Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (OGDAIP) y los tres dimitieron a cuentagotas, y por motivos distintos, en el embrollo por la publicación de las licencias por edad. El 25 de noviembre la archivera, que trabaja en la dirección de estudios parlamentaros bajo las órdenes de la Coordinadora Executiva y que había sido subordinada de Bayona cuando fue este dejó el cargo como letrado mayor, presentó su renuncia como miembro del OGDAIP.

En el escrito de su dimisión reveló que recibió “una respuesta extemporánea y desmesurada, con acusaciones inconcretas pero contundentes de no actuar con imparcialidad y de deslealtad”. Una situación que consideraba que “no es propia de quien pertenece a un órgano colegiado que, como tal, tiene que tener los fundamentos de su trabajo, el debate y el consenso y que debería de basar su funcionamiento en el respeto a las personas, sus ideas y la libertad de expresarlas”.

En un correo enviado cuando la información sobre las licencias por edad ya era pública, la archivera aclaró al personal del Parlament que dimitió porque su criterio dentro del OGDAIP no era escuchado “de igual manera” al no ser letrada y por las “malas formas” de su compañero al no aceptar discrepancias.

La resolución

Según la resolución, firmada por la secretaria general Esther Andreu, el 16 de enero un equipo investigador del servicio de prevención realizó entrevistas a las partes implicadas y a testigos y ya el 9 de febrero se designó una letrada responsable del asunto que elaboró varios informes. Estos concluyen que no hay indicios de acoso psicológico y que se trata de "un conflicto interpersonal a causa de la existencia de personas con intereses y objetivos distintos a causa de un acto singular como discusión puntual mediante críticas constructivas y evaluaciones explícitas del trabajo".

"De acuerdo con estos informes no se evidencian indicios o conductas que resulten constitutivas de acoso psicológico como conductas de violencia psicológica intensa dirigidas, de forma reiterada y alargada en el tiempo hacia una o más personas que actúan desde una posición de poder no necesariamente jerárquica con el propósito o efecto de crear un entorno intimidador que perturbe la vida laboral de la víctima", reza el documento.

A partir de aquí se plantean medidas correctoras como el cumplimiento de los principios éticos ya establecidos en la normativa interna y el encargo al departamento de recursos humanos de la organización de una formación dirigida a los jefe de los departamentos y a los letrados "para potenciar el trabajo en equipo y el estilo de liderazgo respecto a los principios de dignidad, derechos y valores contemplados en la Constitución y el Estatut", así como formaciones sobre el protocolo que se aprobó en diciembre.

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