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Laura Borràs acepta el voto de Lluís Puig con un pacto que exime a los funcionarios

  • La mayoría independentista de la Mesa suscribe un acuerdo en el que se comprometen a publicar el acta del pleno con el pronunciamiento del 'exconseller'

Laura Borràs acepta el voto de Lluís Puig con un pacto que exime a los funcionarios

Efe

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

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El independentismo acuerda oficializar el voto anulado de Lluís Puig después de que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, lo contabilizara verbalmente pese a la anulación de la delegación del pronunciamiento a cargo del Tribunal Constitucional (TC). La Mesa de la Cámara catalana se ha reunido este jueves al finalizar la sesión plenaria y la mayoría soberanista --con la negativa del PSC-- ha cerrado un pacto por escrito según el cuál se exime a los funcionarios de cualquier responsabilidad sobre el redactado del acta del pleno y sobre la publicación oficial de los resultados en el boletín oficial. "Para evitar posibles consecuencias jurídicas y responsabilidades a la administración parlamentaria, la mayoría de la Mesa asume la responsabilidad a todos los efectos del contenido del acta", reza el acuerdo, han informado fuentes parlamentarias.

Según estas fuentes, el voto de Puig será efectivo y el cuerpo funcionarial queda blindado, ya que el redactado ha ido a cargo de los servicios jurídicos precisamente para eximirles. A diferencia del caso Juvillà, en este momento los funcionarios no han sido directamente advertidos por el alto tribunal, y los soberanistas argumentan que la delegación que está anulada es la de marzo de 2021 (que recaía en la ahora 'consellera' Gemma Geis) pero no la vigente (a cargo de la portavoz de Junts, Mònica Sales), que tiene fecha de octubre de 2021, aunque tanto los letrados como el PSC opinan que la primera sienta jurisprudencia sobre la segunda.

De hecho, el letrado mayor, Miquel Palomares, ya advirtió de que por contabilizar de viva voz el voto de Puig se exponían a penas de entre uno y tres años de cárcel por usurpación de funciones (en el marcador, controlado por funcionarios, no se registró el voto) y que podían llegar a los cuatro años si, además de eso, oficializaban por escrito el pronunciamiento del 'exconseller'.

Fuentes del órgano rector aseguran que si bien Junts mostró reticencias a pactar el martes todos los pasos desde la votación y hasta la publicación oficial, ERC y la CUP pretendían cerrar un único pacto que incluyera las decisiones de principio a fin. Finalmente, han ido por partes y en el encuentro de este jueves han firmado el acta de la reunión en la que consta que se hacen responsables de publicar el resultado de la votación con el voto de Puig incluido. Así que el voto 'verbal' recogido por Borràs quedará por escrito y será firmado por ella y por otro secretario de la Mesa, el que le toque según el orden, ya que se reparten la firma en cada pleno, aunque se abren a que sea firmada por los cinco independentistas para evitar dudas. La publicación de las actas suele tardar entre dos días y una semana, indicaron desde la Cámara.

Reto al alto tribunal

Está por ver cómo reacciona el TC ante este desafío, y es que fuentes parlamentarias no descartan que se pronuncie en los próximos días para aclarar que la segunda delegación de voto, la vigente, sienta jurisprudencia. Esto y una advertencia a los funcionarios podría cambiar la dinámica seguida hasta el momento.

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El alto tribunal dejó sin efecto la delegación al considerar que vulnera el derecho del resto de representantes a ejercer sus funciones “con los requisitos que señalan las leyes”, dando así la razón a los socialistas, que alegaron ante los magistrados que el hecho de que otro diputado votara por Puig suponía un trato de favor que menoscaba los derechos del resto de parlamentarios porque no cumple los supuestos previstos en el reglamento del Parlament: baja por maternidad o paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada.

Ciudadanos ya ha recurrido al TC para que actúe y pide que se investigue a los miembros independentistas de la Mesa por un posible delito de prevaricación y desobediencia. Fuentes del partido aseguran que solicitarán todas las actas para comprobar qué y quién han firmado con el propósito de ampliar la querella. Los socialistas estudian qué medidas tomar, ya que fueron ellos los que llevaron el voto de Puig al alto tribunal.