Dimite la secretaria general del Parlament por la polémica plaza de su hijo como ujier

El enésimo capítulo de tensiones y disensiones entre la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, y la presidenta Laura Borràs puede terminar esta vez con el cese de la letrada de su puesto de motu proprio. La polémica por el nombramiento del hijo de la máxima responsable de la administración parlamentaria, Jan Forner, como ujier interino y las distintas versiones sobre si Andreu informó debidamente y sobre si intervino en el proceso de elección, desataron una cadena de informes que, a ojos de la Mesa, no son suficientes para determinar si actuó correctamente. De ahí que este martes, los miembros del órgano parlamentario acordaran recurrir a un organismo externo, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), para que dictamine la idoneidad del trámite, algo que enervó a la secretaria general hasta el punto de presentar su dimisión 'in voce'. Borràs tiene la última palabra, pero no tomará decisión alguna hasta que Antifrau se pronuncie.

El periplo comenzó a principios de mayo, cuando la Mesa adjudicó las plazas para cubrir temporalmente las vacantes de ujieres. En la lista constaba el hijo de la secretaria general, pero Andreu no había notificado a los miembros del cortafuego parlamentario de la relación filial. A su juicio, no debía hacerlo porque se había inhibido, ya que según ella no se involucró en el procedimiento desde el 23 de noviembre, cuando firmó la convocatoria. Según varias fuentes, Andreu mantiene que sí avisó verbalmente a Borràs, pero la presidenta insiste en que desconocía que su hijo era uno de los seleccionados.

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El artículo 23 de la ley del sector público establece que las autoridades y el personal al servicio de las administraciones "se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente" cuando haya "parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado".

Los miembros de la Mesa -pese a sus distintos colores políticos- coinciden en que no habían sido informados. De hecho, PSC, ERC y CUP llevan semanas presionando a Junts para que solicite este examen externo, aunque la posconvergencia era reticente porque suponía airear su desconfianza respecto a los informes ya presentados: el primero, el que recoge la versión de Andreu; el segundo, de la jefa de recursos humanos que repasa el procedimiento y, el tercero, redactado por el exletrado mayor del Parlament, Xavier Muro, que fue "supervisado" por Andreu.

Contactos de urgencia

Según varias fuentes, los representantes en la Mesa se reunieron este martes de forma informal y consideraron que debía encargarse a Antifrau, por rango estatutario, un dictamen que acompañe a los informes previos que no detectan irregularidades y que, según un miembro de la Mesa, "son de parte", eso es, que protegen a Andreu. Oficiaron el pacto ya sentados en la sala de reuniones de la Mesa, con la presencia de la secretaria general que, en ese mismo momento, al enterarse de que recurrirían al órgano externo, decidió presentar su dimisión verbalmente, como avanzó Efe y confirmó EL PERIÓDICO.

Borràs comunicó a la Junta de Portavoces la decisión de Andreu, pero sólo de ella depende su cese y relevo. Y no tomará esta decisión hasta que tenga en su poder el informe de Antifrau.

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