Laura Borràs se expone a consecuencias judiciales por contabilizar el voto de Lluís Puig

Nuevo desafío, de resultado incierto, del Parlament al Tribunal Constitucional (TC). La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, ha contabilizado verbalmente este miércoles el voto delegado del diputado Lluís Puig, que reside en Bélgica desde 2017, pese a haber sido anulado por el alto tribunal y pese a las advertencias del letrado mayor. El voto, sin embargo, no ha quedado registrado en el marcador electrónico porque quedó desactivado por los funcionarios después de la notificación del TC, y está por ver si será computado en el diario de sesiones y en el boletín oficial. La Mesa se reunirá este jueves, al final del pleno, para decidir cómo se oficializará el resultado.

Los representantes soberanistas comunicaron al cuerpo funcionarial que se hacen responsables de los efectos políticos y jurídicos de la aceptación del voto anulado, pero el proceso desde la votación hasta la publicación oficial de los resultados pasa por una cadena de funcionarios. Fuentes parlamentarias aseguran que el departamento de ediciones, el encargado de la publicación, ha comunicado que publicará los datos del recuento porque hay un acuerdo de la mayoría de la Mesa haciéndose responsable de las posibles consecuencias judiciales y eximiéndoles de cualquier represalia.

Antes de la votación, Borràs ha explicado que el voto de Puig "será sumado al cómputo de votación en base al sentido del voto que indique la portavoz de su grupo parlamentario, a quien tiene delegada su votación", la diputada Mònica Sales, aunque en la pantalla el voto de Puig no ha aparecido. El decreto del Govern sobre el procedimiento de integración de centros educativos en la red de titularidad de la Generalitat ha quedado convalidado con 134 votos a favor (133 en el marcador), pero los servicios de comunicación se han limitado a hablar de "unanimidad". Cs ya ha recurrido al TC y ha pedido que el TSJC analice si se ha incurrido en un delito de prevaricación y desobediencia.

Los avisos

El letrado mayor ya advirtió el martes de posibles consecuencias judiciales por usurpación de funciones y desobediencia con penas de uno a tres años de prisión, extensible a entre dos y cuatro años si el recuento acaba siendo publicado en el boletín oficial, por hacerse con tareas adscritas al cuerpo funcionarial y por desoír al TC. Sin embargo, los independentistas se acogen a que la delegación que está anulada por el tribunal es la de marzo de 2021 pero no la vigente, que tiene fecha de octubre de 2021, aunque tanto los letrados como el PSC opinan que la primera sienta jurisprudencia sobre la segunda.

Fuentes de la Mesa dan por hecho que, tras esta primera votación, los funcionarios quedan "cubiertos" porque dejarán por escrito que su mayoría independentista asume la responsabilidad, y así constará en un acuerdo del órgano rector. Pero, a la vez, los miembros soberanistas suponen que pueden sufrir consecuencias judiciales, especialmente si el TC dicta una nueva orden la próxima semana recordando que lo dicho -la anulación de la primera delegación- sienta jurisprudencia.

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