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CORRUPCIÓ.CAT

El extesorero de CDC se niega a declarar por el 'caso 3%'

Solo el exresponsable de Infraestructures accede a responder a su abogado para negar responsablidades en las contrataciones

El juez cifra en más de un millón de euros las mordidas que el partido habría recibido a cambio de concesiones de obra pública

Ángeles Vázquez

El extesorero de CDC Daniel Osàcar, en una imagen de archivo.

El extesorero de CDC Daniel Osàcar, en una imagen de archivo. / RICARD CUGAT

Tanto el extesorero de CDC Daniel Osàcar -ya condenado por el 'caso Palau'- como el empresario Jordi Sumarroca han decidido seguir el manual típico de los imputados por corrupción y se han negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por el 'caso 3%', en el que investiga la presunta financiación ilegal de Convergència a través del cobro de mordidas a cambio de obra pública de la Generalitat.

El único de los citados que ha accedido a declarar ha sido el expresidente de Infraestructures.cat Josep Lluís Quer, que ha tenido que ser citado a través de dos comisiones rogatorias a Chile, donde empezó a trabajar en julio de 2016 al dejar la empresa pública catalana. Fuentes jurídicas señalaron que Quer, que tendrá que volver a declarar ante el juez el próximo 16 de julio por otras diligencias también relacionadas con la contratación presuntamente irregular por parte de Infraestructures, solo ha accedido a contestar a su abogado y se ha limitado a desvincularse de la trama corrupta. 

Según estas fuentes, Quer ha asegurado que cuando en 2011 asumió la presidencia de Infraestructures propició la transparencia y que no participó ni en las mesas de contratación, ni en la dinamica de la negociación. Al ser preguntado, consideró una "buena profesional" a Pilar Matesanz, directora de Contratación y Finanzas en Infraestructures.cat desde ese año y quien, según las fuentes consultadas, declaró que había dos mesas de contratación, pero en una de ellas las ofertas le llegaban directamente a Josep Antoni Rosell, director general de la empresa hasta 2015, cuando fue imputado.

El magistrado cifra en más de un millón de euros la cantidad que habría ido a parar a fundaciones ligadas a CDC (Catdem y Fòrum Barcelona), objetivo con el que se alteraban "todo tipo de concursos públicos" para beneficiar a las empresas donantes. La investigación se inició en un juzgado de El Vendrell (Baix Penedès) por los delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.

Empresas

El instructor ha impulsado la causa con un amplio calendario de declaraciones. Este miércoles también compareció la representante legal de Teyco, que como había hecho su presidente, Jordi Sumarroca, se negó a declarar. Los representantes de Costraula Enginyeria i Obras Sau finalmente no comparecieron.

Este jueves lo harán los de Urbaser, Fundación ACS, Grup Soler Constructora, Copisa, Tec Cuatro y Oproler Obras y Proyectos, mientras que el viernes están citadas Romero Gamero, Benito Arno e Hijos, Pasquina, Ayesa Enginyeria i Serveis, Deco, Certis Obres y Serveis e Impulsa Ortiz.