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VISTA EN EL TRIBUNAL SUPREMO

Mentiras y medias verdades en el juicio del 'procés'

Acusados y testigos ofrecen versiones contradictorias del convulso otoño del 2017

Algunos interrogados han enmendado afirmaciones que hicieron en el pasado

Jose Rico

La Sala de Plenos del Tribunal Supremo durante el juicio del ’procés’

La Sala de Plenos del Tribunal Supremo durante el juicio del ’procés’ / EFE / EMILIO NARANJO

Un acusado tiene derecho a mentir en un juicio; un testigo está obligado a decir la verdad. El falso testimonio ante un tribunal está castigado por el Código Penal con penas de hasta tres años de prisión y multa de hasta 12 meses. La sucesión de declaraciones en el juicio del 'procés' ha dejado patentes algunas falsedades y un sinfín de medias verdades. Al menos lo demuestran las versiones contradictorias que se han escuchado entre varios interrogados sobre unos mismos hechos de aquel convulso otoño del 2017. Y lo demuestra el contraste entre lo que algunos de los acusados y testigos han declarado en el Tribunal Supremo y lo que ellos mismos afirmaron en el pasado. Donde dije digo…

1 ¿Cuántos policías y guardias civiles fueron heridos el 1-O?

El baile de cifras sobre los agentes que resultaron heridos como consecuencia de su propia represión ha sido constante desde el mismo 1-O. Según testificó la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, fueron 95, pese a que ella misma había asegurado en el 2017 –cuando no estaba obligada a decir la verdad– que se había «atendido» a 400 policías y guardias civiles. Pero el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, responsable del operativo policial, declaró que «ninguno tuvo que ser hospitalizado» ni pedir la baja porque solo tenían «erosiones» y «contusiones». Panorama distinto al que dibujó el exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo, que habló de agentes con piernas rotas.

El Ministerio del Interior, en manos de Juan Ignacio Zoido, rebajó la cifra de 431 «contusionados» que dio al día siguiente del referéndum unilateral –y que el propio exministro del PP verbalizó en el Senado– a 111 en abril del 2018, en una respuesta dirigida al senador de EH Bildu Jon Iñarritu. Una cuarta parte de lo que dijo al principio y una cifra más parecida (aunque no igual) a la que testificaron los jefes de la Policía y de la Guardia Civil en el operativo del 1-O, Sebastián Trapote y Ángel Gozalo: 65 policías y 55 guardias civiles lesionados. 120 agentes en total.

2 ¿La policía abusó de la fuerza o actuó con proporcionalidad?

Como una imagen vale más que mil palabras, las instantáneas del 1-O hablan por sí solas. Aun así, tanto Nieto como el coordinador del dispositivo policial, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, han negado que aquel día hubiese habido cargas policiales. Alegan que una carga, «desde el punto de vista técnico policial, es una actuación contundente para disolver una manifestación o para desalojar un espacio», y que esta definición no encaja con lo sucedido el 1-O.

También abundó en la misma tesis Millo, negando incluso las disculpas por la represión que había pedido en aquellos días: «No puedo hacer otra cosa que lamentarlo y pedir disculpas en nombre de los agentes y de los mandos». Y como desveló EL PERIÓDICO el pasado octubre, Rajoy, que también «lamentó» ante el tribunal aquellas imágenes, dijo a sus colaboradores la noche del 1-O: «Una urna, una porra. La batalla mediática está perdida».

Más allá de discusiones semánticas, una cuarentena de agentes están imputados solo en Barcelona por sus actuaciones ante los centros de votación, y la Audiencia de Barcelona considera que «se usó una desmesurada violencia»: «A sabiendas de que la actuación de los agentes antidisturbios suele ser contundente, no por ello podemos otorgar una especie de patente de corso para cualquier acción de violencia».

3 ¿Fue una sorpresa la actitud de los Mossos d’Esquadra?

La policía de la Generalitat ha sido la protagonista de esta última semana, en la que se ha escrutado su actuación en los días clave del otoño del 2017. Las versiones de los mandos de la Policía y la Guardia Civil y de los cargos del anterior Gobierno del PP se resumen en las palabras del coordinador del dispositivo, Diego Pérez de los Cobos: la actuación de los Mossos fue «insuficiente, inadecuada e ineficaz», una «estafa» que «sorprendió» a los otros cuerpos policiales y justificó su reacción.

Sin embargo, como meses atrás reveló este diario, en las reuniones que se habían celebrado cada día de aquella semana en la Moncloa, los informes de la Policía, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia advertían de que los Mossos no iban a colaborar y, de manera pública, el mayor Josep Lluís Trapero ya había afirmado que sus agentes no harían nada que alterase la «convivencia».

El acta de la junta de seguridad que se celebró tres días antes del 1-O, avanzada por EL PERIÓDICO en septiembre pasado, constata el choque entre Trapero y Pérez de los Cobos cuando el jefe de los Mossos avisa de que sus agentes usarán la fuerza «solo cuando haya que repeler agresiones a la policía o a terceras personas», a lo que el coronel de la Guardia Civil responde que «no es de recibo utilizar como excusa la posible alteración de la convivencia que podría derivarse del hipotético uso de la fuerza en caso de resultar necesario para incumplir las órdenes judiciales recibidas y facilitar el desarrollo de una actividad ilegal mediante la inacción policial».

4 ¿Hubo violencia ante la Conselleria d’Economia el 20-S?

«Devastados» fue el adjetivo con el que calificó el fiscal Fidel Cadena el estado en que quedaron siete vehículos de la Guardia Civil el 20 de septiembre. Sin embargo, las imágenes facilitadas en su día por el instituto armado sobre dichos vehículos mostraba solo tres. El ‘exconseller’ de Interior Joaquim Forn rebajó la cifra a dos. ¿De dónde salen los siete que dice la fiscalía? El escrito de acusación del ministerio público relata que «la muchedumbre, ya desde por la mañana, rodeó los vehículos de la Guardia Civil, tres Nissan Patrol, con distintivos oficiales y matrículas, y cuatro vehículos camuflados, que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente. De estos últimos cuatro coches camuflados no se han facilitado nunca imágenes.

 sobre las armas que había en el interior de los vehículos, que «quedaron al albur del vandalismo desplegado» según la fiscalía, el exjefe de la Guardia Civil en Catalunya Ángel Gozalo reveló que eran escopetas de proyectiles de goma. Según el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero declaró que aquel día tuvo conocimiento del lanzamiento de «alguna botella de agua» a sus agentes, «algún empujón» y, «evidentemente», lo ocurrido con los coches de la Guardia Civil.

5 ¿Podía el Parlament no tramitar las leyes de ruptura y la DUI?

Tanto la procesada Carme Forcadell como su sucesor en la presidencia del Parlament, Roger Torrent, alegaron que la Mesa de la Cámara catalana no podía frenar la tramitación de las leyes de desconexión y de la DUI porque hubiera aplicado la «censura». Arguyeron que el órgano rector del Parlament solo está facultado para inadmitir a trámite iniciativas si concurren defectos de forma, sin entrar a valorar su contenido. Pero para el exletrado mayor de la Cámara Antoni Bayona y el secretario general del Parlament, Xavier Muro, la Mesa no solo podía, sino que tenía la obligación de haber paralizado estas iniciativas.

Ellos mismos se lo advirtieron «al menos siete veces» por escrito o de palabra a Forcadell. Según Muro, el reglamento de la Cámara faculta a la Mesa para frenar aquellas propuestas que contradigan de forma «palmaria y evidente» la Constitución. «Había un deber de no admitir y no tramitar», zanjó Bayona, añadiendo como sólido argumento las advertencias que hizo el Tribunal Constitucional a la Mesa instándole a rechazar toda iniciativa que supusiese desarrollar la llamada «declaración de soberanía» del Parlament, de noviembre del 2015, anulada por el alto tribunal.

6 ¿La declaración de independencia se votó o fue simbólica?

La gran contrición de la causa judicial del 1-O es la que han llevado a cabo los presos en relación a la declaración unilateral de independencia. A su juicio, en Catalunya no se proclamó la secesión con efectos jurídicos porque la DUI figuraba en el preámbulo de una propuesta de resolución del Parlament y, por tanto, esa parte no se votó y no es vinculante. Según Bayona, el exletrado mayor del Parlament, es cierto que los preámbulos no se incorporan al texto de las resoluciones y, por ende, no son objeto de votación, pero tampoco pueden desgajarse completamente de la parte dispositiva porque «contextualizan» aquello que va a votarse. Para los exmiembros del Gobierno del PP, como Santamaría y Millo, no hay duda de que la DUI «iba en serio».

La realidad es que en el acta de la reunión de la Mesa del Parlament de aquel 27-O, que consta en la causa abierta por rebelión contra la Mesa, el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, hizo constar que la praxis parlamentaria habitual en el caso de propuestas de resolución es que «los preámbulos no sean objeto de votación ni se incorporen tampoco en el texto de las resoluciones que son aprobadas». Y hubo otro truco: el formato del texto. Se votó una propuesta de resolución, que en la dinámica parlamentaria no es más que un documento que insta al Govern a tomar una serie de decisiones. Ni fue una declaración institucional ni una proposición con rango de ley.

7 ¿Malversó fondos la Generalitat para pagar el 1-O?

Los magistrados han presenciado esta última semana una de las contradicciones más flagrantes del juicio. Dos testigos, el director comercial de una imprenta y el diseñador gráfico al que se hizo el encargo, ofrecieron versiones opuestas sobre si se debía facturar a la Generalitat el encargo de material publicitario para el 1-O, concretamente del famoso anuncio las vías del tren y el derecho a decidir. Un comercial de la imprenta Artyplan, Enric Marí, explicó que recibió una llamada de un responsable de Òmnium para pedirle un «presupuesto» sobre la cartelería del referéndum, sin especificar qué campaña era.

Al día siguiente le contactó un diseñador gráfico, Enric Vidal, para hablar del presupuesto de Òmnium para imprimir los carteles y le comunicó que el encargo lo pagaría la Generalitat. En cambio, la versión de Vidal es que no le dijo a Marí que lo abonaría la Generalitat y negó que la petición proviniese de Òmnium, sino de «un tal Toni» que «supone» que es el exsecretario de Difusió de la Generalitat Antoni Molons. Ninguno de los dos facturó el trabajo y, por tanto, no cobró nada. Obviamente, al menos uno de los dos mintió en sede judicial.

Tantas contradicciones hay en este capítulo que la sombra del falso testimonio planea ya sobre un testigo, el responsable de las campañas de publicidad del 1-O, Jaume Mestre, quien alegó que no se acordaba de nada. Negó todo contacto con la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, quien le identificó con nombre y apellidos en la fase de instrucción y sigue reclamando dos facturas de 93.179 y 184.624 euros que el ente público remitió a Presidència.

Unas facturas cuya existencia certificó la directora de Serveis de Presidència el 1-O, Teresa Prohías, pero de las que se desentendió asegurando que no había ningún expediente, y que solo podía responder de los trámites hechos "de forma legal".

8 ¿Hubo mediadores entre Rajoy y Puigdemont?

"No hubo ningún mediador ni nada", proclamó un ufano Rajoy durante su declaración en el Supremo, en la que solo dijo recordar que el lendakari, Iñigo Urkullu, fue una de las "muchas personas" con las que habló en aquellos meses sobre la situación en Catalunya. Sentado en la misma silla, un día después, Urkullu desmentía al expresidente del Gobierno detallando hasta ocho contactos entre él y el Ejecutivo central o el de Carles Puigdemont desde el 19 de junio del 2017 hasta el mismo 27-O, día que el Parlament declaró la independencia y Rajoy suspendió el autogobierno catalán.

Unas gestiones secretas que se tradujeron en "cuatro o cinco" propuestas del jefe del Gobierno vasco para intentar evitar la DUI y el 155. La última de ellas, in extremis, la desveló EL PERIÓDICO en octubre del año pasado: un 'e-mail' enviado por Urkullu a ambos presidentes a primera hora de la mañana del 27-O con un ruego in extremis: "Estamos a tiempo de abrir una oportunidad legal y democrática a la distensión y al diálogo".