UN AÑO DESPUÉS DEL 27-O

Así se fraguó la 'fake DUI'

Alcaldes independentistas ocupan las escaleras del Parlament, tras el pleno del pasado 27 de octubre en el que se realizó la declaración unilateral de independencia.

Alcaldes independentistas ocupan las escaleras del Parlament, tras el pleno del pasado 27 de octubre en el que se realizó la declaración unilateral de independencia. / periodico

Fidel Masreal / Xabi Barrena / Júlia Regué

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

-¿Y ahora qué hacemos?, preguntó vara en mano un alcalde a otro edil en el Parlament, tras la histórica declaración unilateral de independencia (DUI).

-¿Ahora? Pues ahora hay una fiesta en la plaza de Sant Jaume -le contestó el otro edil.

Una fiesta. Actuaciones musicales en un escenario frente al Palau de la Generalitat. En esto y nada más quedó la sesión solemne del día 27 de octubre del año pasado. Ese día, en palabras de un directo conocedor de los entresijos negociadores, no fue otra cosa que un triste "epílogo" a los vaivenes internos del soberanismo iniciados el 1-O. Una jornada en la que la única preocupación del bloque fue la de rebajar al máximo posible el tono rupturista de la resolución que finalmente se votaría -con medio hemiciclo vacío, el de los escaños no independentistas- a primera hora de la tarde. "El texto era lo de menos", asume otra fuente, dando a entender así que en realidad se votó una DUI muy descafeinada. Una 'fake DUI'.

El día 26, a la salida de la reunión de Junts pel Sí en el Palau de la Generalitat, hay miembros de la Mesa que lloran desconsoladamente por cuanto ven inevitable la convocatoria de elecciones y, por tanto, que no se seguirá adelante con el "mandato" del 1 de octubre. En las reuniones de partido posteriores a ese cónclave, tanto PDECat como ERC optan por impulsar una resolución cuyo texto se negocia, también, con la CUP. Pero los anticapitalistas no están invitados a sus cónclaves e interaccionan vía telefónica. El negociador republicano es el hoy presidente del Parlament, Roger Torrent. Por parte posconvergente, lleva las riendas Elsa Artadi, entonces alto cargo de Presidencia. Responde a las llamadas un espectro más amplio de anticapitalistas pero suelen sonar los de Anna Gabriel y Mireia Boya.

Forcadell, contra las cuerdas

Los partidos explican a los miembros de la Mesa lo que se espera de ellos. En concreto, se le detalla a la presidenta del Parlament a la sazón, Carme Forcadell, que tendrá que ser ella la que leerá la declaración. Y que, con toda seguridad, Puigdemont ni tomará la palabra, pese a lo trascendente del día. Según testigos presenciales, Forcadell se quedó muy sorprendida. "La presidenta estuvo vendida durante muchos días, desde el 1-O", opina un conocedor de aquel encuentro, que añade cómo fue a remolque de la republicana Marta Rovira y cómo no fue debidamente informada de las consecuencias jurídicas y penales de lo que estaba votándose. "Lo pasó mal, su antagonismo con Puigdemont ya era bastante notable", afirma otra fuente parlamentaria.

La CUP, por su parte, pone condiciones. Los anticapitalistas insisten en que la declaración debe votarse en urna y no de forma secreta. ¿Por qué? Porque temían la traición de algún diputado que, consciente de eventuales consecuencias penales, optase por no posicionarse, ya que el segundo mecanismo registra únicamente el cómputo final sin comprometer a nadie. Aceptaron sus designios y se pusieron a trabajar en una escenificación que también quedó diluida. Incluso avisaron a los diputados de que debían llevar ropa de recambio e utensilios para poder pasar la noche "defendiendo" el Parlament y el Palau.

El día 27, el secretario general comunica a la Mesa que el personal del Parlament no participará en nada relativo a la votación. Algo que, por otra parte, con lo que ya contaba incluso Forcadell. Tan es asi que incluso son los propios miembros de la Mesa los que tuvieron que llevar la urna para proceder a la votación.

El texto, (casi) lo de menos

En la reunión de la Mesa del día 27, Anna Simó, secretaria primera, dejó claro que solo era "objeto de votación y aprobación", y por tanto de obligatorio cumplimiento, la parte dispositiva, no el preámbulo, y que la resolución no tenía "efectos jurídicos". La Mesa quiso dejar constancia escrita también de que no se sometería a votación el preámbulo, que incluía propiamente la declaración de independencia.

En el acta de aquella reunión, que consta en la causa abierta por rebelión a la Mesa ante el Tribunal Supremo, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, hizo constar que la praxis parlamentaria habitual en el caso de propuestas de resolución es que "los preámbulos no sean objeto de votación ni se incorporen tampoco en el texto de las resoluciones que son aprobadas". Una tesis que la Cámara conoce bien desde la reforma del Estatut del 2006, cuando el término 'nación' voló del texto al preámbulo de la Carta para que pudiera pasar el filtro del Congreso.

El otro truco fue el propio formato del texto. Se votó una propuesta de resolución, que en la dinámica parlamentaria no es más que un documento que insta al Govern a tomar una serie de decisiones. Ni fue una declaración institucional ni una proposición con rango de ley. Y a lo que aquel texto emplazaba al Ejecutivo era a aprobar todos los decretos y resoluciones necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que creaba un nuevo marco legal catalán-, empezando por la "expedición a la ciudadanía" de los documentos de identidad catalanes.

Pero, ¿cómo se podía poner en marcha una ley como consecuencia de una declaración de independencia que jurídicamente no se había votado? Es decir, el Parlament instó al Govern a hacer algo que no podía hacer porque la secesión no se había proclamado. Para más inri, ese preámbulo sin efectos jurídicos se limitó a reproducir una declaración firmada el 10 de octubre por todos los diputados independentistas tras la 'DUI interruptus' de Puigdemont, evitando una proclamación con toda solemnidad del estado catalán.

"Solo has de recordar las caras largas de todos para darte cuenta del ambiente en el que se votó", recuerda uno de los protagonistas de una sesión en la que de nuevo los servicios jurídicos habían advertido sobre las consecuencias de la decisión. "Estábamos más pendientes de la reacción de Madrid que de lo que aquí hacíamos", afirman las fuentes consultadas, en relación a la votación del artículo 155 de la Constitución en el Senado ese mismo viernes.