Ruptura total en Pedralbes

La ruptura total entre el Gobierno y la Generalitat con respecto al referéndum del 1 de octubre se consagró hace exactamente un año. El 28 de septiembre del 2017 se produjo el último intento de encontrar una salida que diera cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Justicia de evitar la votación “ilegal” y, a la vez, evitara las imágenes de represión policial que dieron la vuelta al mundo apenas tres días después. El encuentro acabó en fracaso porque los objetivos de las dos partes eran antagónicos.

Lo prueba el acta de la Junta de Seguridad extraordinaria que se celebró ese día, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Entre reproches y en un ambiente tenso, Carles Puigdemont y Diego Pérez de los Cobos constataron sus discrepancias. Mientras el presidente de la Generalitat puso el acento durante toda la reunión en la necesidad de que los cuerpos policiales tenían que actuar “sin afectar a la normal convivencia ciudadana” durante el 1-O, Pérez de los Cobos insistió en que no se podía confundir “lo sustantivo” –cumplir la ley e impedir la celebración del referéndum- con “lo adjetivo”, la forma de acatar el mandato judicial.

Los cinco folios del acta de la reunión evidencian que ese día, en el Palau de Pedralbes de Barcelona, tuvo lugar un diálogo de sordos. Acompañaban a Puigdemont el entonces ‘conseller’ de Interior, Joaquim Forn, el secretario general del Departamento y el exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, entre otros. Por parte del Gobierno, y además de Pérez de los Cobos, estaban el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, y el secretario técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver.

Puigdemont abrió la reunión afirmando que había que encontrar una “respuesta proporcionada” a las previsiones de que ese domingo participase “mucha gente” en el referéndum. Además, se quejó de la llegada Catalunya de numerosos efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, máxime cuando “no se había requerido su ayuda”. El entonces ‘president’ avisó desde el principio a sus interlocutores: la policía judicial cumplirá las órdenes “con el criterio que decidamos”, dijo.

Y en todo momento dejó claro que la referencia del TSJC a la necesidad de salvaguardar la “normal convivencia” iba a convertirse en su guía de actuación. Trapero apoyó esa idea. El entonces mayor de los Mossos, hoy procesado por sedición y organización criminal, subrayó que en su opinión los cuerpos policiales debían cumplir la ley el 1-O “preservando la convivencia” y “haciendo uso de la fuerza únicamente cuando haya que repeler agresiones a la policía o a terceras personas”.

Pérez de los Cobos se enfrentó con Trapero tras esas palabras. El coordinador del dispositivo gubernamental para impedir el 1-O expresó sus temores sobre cómo actuarían los Mossos tres días después. “Lo que no es de recibo”, recoge el acta citando la intervención de Pérez de los Cobos, “es utilizar como excusa la posible alteración de la convivencia que podría derivarse del hipotético uso de la fuerza en caso de resultar necesario para –con ese pretexto- incumplir las órdenes judiciales recibidas y facilitar el desarrollo de una actividad ilegal mediante la inacción policial”.

Jerarquía policial y 20-S

Otro foco de conflicto estuvo en cómo se organizaba el trabajo policial del 1-O. Joaquim Forn aseguró que tanto Guardia Civil como Policía Nacional debían “actuar únicamente a requerimiento de los Mossos”. Pérez de los Cobos recordó entonces que el auto del TSJC, emitido el día anterior, se dirigía “a todos los cuerpos de seguridad por igual”, por lo que “todos los cuerpos están obligados a cumplir con ese auto sin necesidad de requerimiento previo”.

Los reproches alcanzaron también a la actuación de la Guardia Civil frente a la Conselleria de Economia, que se había producido ocho días antes. El entonces director general de la Policía catalana, Pere Soler –hoy también imputado-, se quejó de que no se avisara a los Mossos antes de la operación. “Si les hubiesen anunciado previamente los operativos, habrían adoptado las medidas oportunas y dimensionado la operatividad de otra manera”, se lee en el acta.

El total desencuentro se constata con las intervenciones finales en la reunión. Pérez de los Cobos expone a Puigdemont que “hay una vía mucho más sencilla para evitar posibles altercados de orden público” y el “hipotético empleo de la fuerza”: que el entonces ‘president’ “haga un llamamiento para que no abran los colegios electorales el día 1”. Millo también le pidió directamente que “desconvocase” el referéndum. Puigdemont no contestó.