1-O: El plan conjunto de Mossos y policías estatales que nunca se cumplió

Sala CECOR de la comisaria de los Mossos en la calle Bolívia de Barcelona. 08.00 horas del 1 de octubre del 2017. La cúpula de la policía catalana sigue por las pantallas, con imágenes de cámaras callejeras y también de las televisones, los primeros instantes de la jornada del referéndum unilateral independentista. Las urnas ya están en los colegios. El mayor Trapero ha prohibido la presencia de políticos en el centro de mando. Arguye que no es lugar para responsables no policiales dado que actúan bajo tutela judicial.

Por las pantallas aparecen antidisturbios de los GRS de la Guardia Civil y de las UIP del Cuerpo Nacional de Policía distribuyéndose por puntos del territorio catalán. Sin que haya mediado ninguna comunicación, los agentes del Estado, según la versión de fuentes de la policía catalana, dan la primera señal de que se han desmarcado del plan acordado. La perplejidad en el CECOR, explican varias fuentes, aumenta cuando la televisión y las redes sociales muestran la contundencia de las cargas en las escuelas. El dispositivo conjunto entre los tres cuerpos para impedir la votación por orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha saltado por los aires antes de las 09.00 horas.

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Reparto 5-80-15

En la calle barcelonesa de Mallorca, en la primera planta de la Delegación del Gobierno en Catalunya, Interior ha montado una videoconferencia continua con el Ministerio en Madrid que también empieza a las 8:00. En la sala, el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el delegado del Gobierno, Enric Millo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ­-designado por la magistrada del TSJC Mercedes Armas jefe del operativo-, los jefes de la Guardia Civil y la Policía en Catalunya, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote, y un técnico.

Ante el 1-O, explican fuentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Pérez de los Cobos tenía un dilema: desplegar a sus efectivos de Policía y Guardia Civil de una vez, o repartirlos en dos turnos, mañana y tarde. La cúpula de la 'operación Copérnico' –así la llama la Policía; para la Guardia Civil es 'Avispa'- desecha lo segundo previendo que, si se despliega por la mañana solo una mitad, puede verse superada en situaciones de violencia. Y la otra mitad aún más por la tarde. La cúpula opta por concentrar el 80% en la mañana, y dejar un retén del 5% para posibles amenazas el 30 de septiembre y de un 15% para la noche del 1 y el día 2.

Eso supone que el 1-O, 6.000 policías y guardias civiles forman en sus bases a las 05.00 y desayunan, se equipan y se reparten en pelotones antes de las 07.00, previendo cubrir distancias de hasta una hora. Los  antidisturbios GRS de la Guardia Civil se concentran a las 08.00 en zonas no urbanas, junto a carreteras y con las radios de los furgones esperando órdenes, que no llegan hasta las 8:53, cuando se recibe la primera petición de apoyo de los Mossos. Hasta entonces no podían actuar, según el auto de la juez.

"No pusieron ningún pero"

En las reuniones de coordinación de los días previos, el comisario de Mossos Ferran López ha presentado un dispositivo que, según fuentes de la policía catalana, "no ha recibido ningún pero" de la Guardia Civil, ni de la Policía Nacional ni de Pérez de los Cobos. El plan es mandar una patrulla a cada colegio -2.315 en total- y hacer una lista con las informaciones que recaben los Mossos sobre el terreno, para solicitar el refuerzo de antidisturbios del Estado donde se les necesite para acceder hasta las urnas. Pero mucho antes de que esa lista haya sido completada y comunicada, los antidisturbios de los cruceros 'piolín' ya actúan en colegios por su cuenta, explican estas fuentes.

"Aun así", añaden, y a pesar de la inquietud creciente, mantienen el plan: se elabora la lista y el comisario López abandona la comisaría de la calle Bolívia a las 09.45 horas para acudir a la primera de las reuniones de seguimiento pactadas en la Delegación del Gobierno. En total, estaban programados cuatro encuentros: a las 10.00, a las 13.00, a las 16.00 y a las 19.00.

Al primero con López solo se presenta Pérez de los Cobos, que no aclara por qué no asisten Trapote y Gozalo (presentes en el edificio), ni explica por qué actúan los antidisturbios estatales. Sí dice al comisario que el resto de reuniones de seguimiento quedan "anuladas". López regresa al CECOR. La coordinación está formalmente rota. Los Mossos van por un lado y Guardia Civil y Policía Nacional por otro. Estallan, además, roces entre agentes catalanes y del Estado en diversos puntos. El 2 de octubre, sin embargo, se reúnen de nuevo todos, por última vez. Tampoco en ese encuentro nadie traslada al comisario López ninguna crítica a la actuación de los Mossos en la jornada anterior, según fuentes de la policía caalana.

"Nos espiaban"

La tensión entre cuerpos llega a la Delegación del Gobierno desde los CECOP (Centros de Coordinación Policial). Pérez de los Cobos había organizado cuatro, en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, con Mossos, Guardia Civil y Policía. Pero los desactiva. "Llega un momento en que ves que los Mossos estaban allí más para espiar que para ayudar", explica hoy José Antonio Nieto a EL PERIÓDICO.

A las 15:00, en televisiones y redes sociales llueven los vídeos de cargas policiales, pero el exsecretario de Estado niega que los antidisturbios pararan por eso: "Fue una decisión técnica y no política. No se podía mantener más tiempo activo el dispositivo sin tensionarlo en exceso".

En los preparativos del ministerio, "el auto de la juez no facilitó las cosas -comenta Nieto-. Quedaban cuatro días y cambió lo que ya se había trabajado con la Fiscalía". La orden judicial suponía entrar en los colegios a por urnas. "Tuvimos que valorar qué se podía conseguir. Sabíamos que era imposible actuar en 2.315 colegios distribuidos en los 36.000 km² de Catalunya. Debíamos seleccionar. El objetivo inicial (abortar el 1-0) varió al de actuar en suficientes colegios como para que aquello no se pudiera homologar como referéndum. Y se consiguió", concluye Nieto.

Entre 220 colegios seleccionados para actuar, el mando de Copérnico incluyó el de Sant Julià de Ramis, donde iba a votar Puigdemont. Nieto niega que fuera una elección política: "Sabíamos desde la noche anterior que cualquiera iba a poder votar en cualquier colegio". De los centros elegidos, según las cuentas del Ministerio, los antidisturbios actúan en 113, con incidentes violentos en 54. Otros 100 cierran sin resistencia.

Esperando el auto judicial, el mando de Copérnico descartó ocupar los colegios antes del 1-O por un cálculo de recursos. La mayoría de los 2.315 colegios eran grandes, con tres o más puertas. Habría que poner a dos agentes en cada entrada, en turnos de 12 horas. "El cálculo era un jefe de equipo, dos especialistas de información y seis de orden público por colegio -cuenta el exsecretario de Estado-.

Y eso durante tres días, porque los independentistas querían ocuparlos desde el viernes. A esos efectivos había que transportarlos: un dispositivo logístico de 3.000 agentes más. Y había ya 6.000 custodiando edificios. En total, más de 60.000 efectivos. Cerrar todos los colegios era imposible". En el otoño del 'procés', los refuerzos enviados por Interior no superaron los 10.000 policías y guardias, que se sumaron a los 4.700 destinados en Catalunya.

Trapero no quería política

Un año después del 1-O, el portavoz de la policía catalana, el inspector Albert Oliva, subraya a EL PERIÓDICO que desde el 4 de septiembre, cuando comienzan los preparativos del dispositivo Àgora -el más grande hasta la fecha- los Mossos tienen "claro" que, como "policía integral", deben "cumplir las órdenes que lleguen de la judicatura". "Jamás nos planteamos desobedecerlas", insiste. Y la manera en que se decide proceder para cumplirlas "se presenta con transparencia" a Pérez de los Cobos.

Otras fuentes, tanto policiales como de la 'conselleria', vinculan las dudas que pueda suscitar el compromiso de la policía catalana con el mandato judicial a las declaraciones del 'conseller' Joaquim Forn o del director general Pere Soler (los dos recambios ordenados por Puigdemont en verano para Jordi Jané y Albert Batlle, menos dispuestos a meter en un brete a los Mossos), que afirmaron que la policía catalana no iba a impedir el referéndum. Esas manifestaciones crisparon al cuerpo, en especial a Trapero, que incluso llegó a pedir en el Palau de la Generalitat que dejaran al margen de la política a los Mossos.

"Nos ha dolido mucho durante este año que muchas personas, y no me refiero al poder judicial, hayan dicho cosas sobre los Mossos sin conocer nuestro modelo policial -que aprendió de casos como el desalojo de la plaza de Catalunya o Ester Quintana- simplemente para hacernos daño", resume Oliva, sobre el sentir de un cuerpo con 143 agentes citados en diligencias judiciales y 72 formalmente investigados por los hechos del 1-O. Además, Joaquim Forn, Cèsar Puig, Pere Soler -la cúpula de la Conselleria d'Interior- y Trapero se enfrentan a penas de prisión de entre 20 y 30 años por delitos de rebelión, o sedición, y pertenencia a organización criminal.