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JUICIO AL 'PROCÉS'

Rajoy y Santamaría apuntalan la violencia

Subrayan el "acoso" a policías y guardias civiles y se desvinculan del operativo del 1-O

Marchena multa a dos exdiputados de la CUP por negarse a responder a Vox

Daniel G. Sastre

Rajoy: Escuché a Urkullu y le dije que no estaba dispuesto a negociar. / ZML

La violencia es la clave. Todo el juicio a los líderes del ‘procés’ orbita en torno al concepto de violencia, en concreto a la pregunta de si los impulsores del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre del 2017 se condujeron con violencia o exhortaron a los ciudadanos a que la utilizaran. A los acusados les parece una tesis descabellada, como ha quedado claro en las primeras semanas de la vista, pero este miércoles los dos principales miembros del Gobierno español que gestionó la crisis apuntalaron la tesis de la fiscalía. Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría vieron comportamientos violentos en algunos manifestantes; se trata de un elemento imprescindible para unas eventuales condenas por rebelión.

El presidente y la vicepresidenta del Gobierno del PP –además del ‘expresident’ Artur Mas- fueron los protagonistas de una jornada trepidante en el Tribunal Supremo, la primera en la que participaron los testigos de los hechos convocados por las partes. Hay más de 500, pero la inminencia de la campaña electoral ha provocado que los magistrados agruparan a los dirigentes políticos. al principio de esta fase del juicio. El resultado: declaraciones contundentes, defensas apasionadas, exhibiciones de autoridad de Marchena e incluso multas de 2.500 euros contra Antonio Baños y Eulàlia Reguant por negarse a responder a la acusación popular, representada por Vox.

Pero nueve de los 12 procesados se juegan muchos años de condena principalmente porque se les acusa de encabezar una rebelión contra el Estado. Y dos de los sus más ilustres representantes durante los ‘fets d’octubre’ explicaron este miércoles cómo vivieron el 1-O y la DUI desde la sala de mandos. Empezó Sáenz de Santamaría, y fue tajante. “Todo el mundo vio esas imágenes violentas, el acoso y la violencia contra actuaciones ordenadas por un juez”, ha dicho, en referencia a la concentración frente al Departamento de Economia del 20 de septiembre.

Las declaraciones acompasadas –las prepararon juntos- de Rajoy y Santamaría depararon respuestas casi calcadas. Pero, como en los viejos tiempos, la exvicepresidenta fue un paso más allá cuando las defensas la apretaron, sobre todo en su explicación de que sí hubo violencia. Cuando le preguntaron por qué no aplicaron el estado de alarma, excepción o sitio si temían una revuelta, contestó: “Porque pueden perjudicar a los derechos fundamentales individuales. Consideramos que el apropiado era el 155”. Y la misma tesis utilizó Rajoy poco después.

"Lamento muchísimo estas imágenes"

El expresidente no fue tan contundente, pero también se refirió al “acoso” que sufrieron guardias civiles y policías nacionales tanto en la sede de Economia como en el 1-O y en los días posteriores al referéndum, en los hoteles en los que iban a pernoctar. Incluyó en el grupo también a algunos alcaldes. Cuando las defensas le preguntaron si no había visto las imágenes de las cargas policiales durante el referéndum, se desvinculó del dispositivo; ya lo había hecho antes su vicepresidenta. Y, cuando se proyectó un vídeo de los porrazos, tuvo un momento de conmiseración: “Lamento muchísimo todas estas imágenes. No me gustan, ni estas ni las otras”. Pero enseguida volvió al carril para añadir que “la responsabilidad de los dirigentes es evitar estos acontecimientos”.

Porque su teoría es la de que fueron Carles Puigdemont y su Govern los que, al negarse a suspender la votación, propiciaron la posibilidad de que hubiera violencia. Con el mismo estilo afable pero inflexible con el que gobernó durante siete años, Rajoy  recordó que se reunió seis veces con Mas y dos con Puigdemont, y que siempre les dijo lo mismo: “Desde el primer día fueron conscientes de que no iba a autorizar un referéndum. Las reglas del juego son fundamentales”.

El expresidente y su ‘número dos’ en el Gobierno subrayaron la “preocupación” que les produjo la situación “excepcional” en Catalunya, y afirmaron que dieron a Puigdemont vías de escape, como la posibilidad de presentar su propuesta en las Cortes. Sáenz de Santamaría demostró incluso que se tomó más en serio la DUI que muchos de los acusados, que en las sesiones anteriores la han rebajado a la categoría de declaración “política”. Para la exvicepresidenta “no fue simbólica”. “Por eso aplicamos el 155”, añadió.

"¿Cómo no va a haber malversación?"

Si sus testimonios serán importantes para sustentar la acusación por rebelión, el del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro lo será para la malversación. En su opinión, el férreo control que el Gobierno estableció sobre las cuentas de la Generalitat no es obstáculo para que alguna partida destinada a financiar el referéndum pudiera escapar de su control; además, dijo que en al menos siete ocasiones denunciaron comportamientos sospechosos a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas durante el 2017. Por no hablar, subrayó, de los “funcionarios públicos abriendo locales públicos” el 1-O. “¿Cómo no va a haber malversación?”, se preguntó.

Mas puso el contrapunto. La parte más interesante de su declaración llegó cuando le preguntaron sobre el ‘Estat Major’, el Govern a la sombra que asesoró a Puigdemont durante meses. El ‘expresident’ desveló que en una de esos encuentros les dijo a sus compañeros que si el Estado “podía desnaturalizar” el referéndum, como hizo con el 9-N, no iba a utilizar la fuerza contra los manifestantes, provocando imágenes que darían “la vuelta al mundo”. Cuando Mas subrayó que se equivocó con esa apreciación estaba atribuyendo la violencia a los cuerpos policiales del Estado. Es decir, estaba opinando sobre lo más importante que se dirime en este juicio.