La Generalitat responde a Albiol que no tiene pisos en Badalona para los vecinos del bloque Venus de La Mina

La Generalitat de Catalunya ha aclarado este jueves que no ha adquirido ningún piso en Badalona para realojar a los vecinos del maltrecho bloque Venus, ubicado en una de las calles donde menos renta se declara en Catalunya y enclavado en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. El Departament de Drets Socials ha reaccionado así al rechazo que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, manifestó este miércoles en las redes sociales a un eventual traslado de habitantes del edificio pendiente de derribo a Badalona.

El Consorcio de La Mina -en el que participan la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià- se ha hecho con 32 hogares de segunda mano donde desplazar a los primeros desalojados del inmueble, que aguarda a ser demolido desde 2002. El Govern calcula ahora que se tirará en 2028, 18 años después de que el primer gran intento de desalojo fracasara. Por entonces, las instituciones exigieron pagos que llegaban a superar los 40.000 euros a cambio de un nuevo piso a los vecinos, incapaces de afrontar el desembolso por sus escasos ingresos. 

Drets Socials responde que “las viviendas compradas están todas en Sant Adrià”. “Por lo tanto, no hay ninguna en Badalona”, resuelve. La conselleria puntualiza que “existe la posibilidad de que se realoje a alguien fuera de La Mina” en el futuro. No obstante, añade que, si se da, será un “caso puntual”. “Ahora mismo, no es así”, refrenda. 

Por su parte, Albiol se ha mostrado satisfecho con la respuesta del Govern. “Es lo más acertado -opina-. Lo que corresponde es que los realojos sean en el propio municipio, ya que esa es la mejor opción para los vecinos”. 

La prioridad, en el barrio

La operación de adquisición de domicilios para reubicar habitantes de Venus se efectuó en 2023. Los requisitos incluyeron la opción de tantear ofertas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. En todo caso, ambas localidades figuraban en último término en la escala de prioridades, encabezada por los hogares que se ofrecieran en La Mina, seguidos por los que se pudieran poner a diposición en el resto de Sant Adrià y el barrio del Besòs i el Maresme, en Barcelona.

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Albiol expresó un aparente veto a acoger a residentes de un bloque gravemente degradado por la pobreza, la infravivienda y el mercadeo de droga a raíz de unas declaraciones del secretario general de Derechos Sociales de la Generalitat, Oriol Amorós. El cargo del Govern explicó en la radio municipal de Badalona que, “puntualmente”, alguno de los vecinos de Venus podría mudarse a zonas próximas a La Mina. “O bien en Barcelona o bien en Badalona”, ubicó. “Hablamos de pocas personas, pero sí es una posibilidad que existe”, afirmó.

El dirigente del PP reaccionó oponiendo que el realojo en Badalona “no es una posibilidad” y retó a que se desplazara a los vecinos de Venus “justo al lado del domicilio del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès”. ERC acusó a Albiol de deshumanizar y estigmatizar a los habitantes de Sant Adrià. La portavoz de los afectados del bloque, Paqui Jiménez, calificó las declaraciones del alcalde como un menosprecio por la “etnia” y “la situación social” de las familias con derecho a un realojo o a cobrar una indemnización a cambio de la expropiación prevista en el plan de transformación de La Mina, redactado hace más de dos décadas.  

Aparte de la compra de pisos de segunda mano, la Generalitat tramita la construcción de un bloque con 66 viviendas en La Mina para alojar a vecinos de Venus. Los propietarios que renuncien a un traslado facilitado por la administración e ingresar una compensación tienen derecho a percibir 97.450 euros en caso de poseer un piso de tres habitaciones en Venus o 121.514 euros si el domicilio tiene cuatro. “La gente que cobra una indemnización irá donde crea”, zanja el departament. 

Mudanza e indemnizaciones

Amorós apuntó en la radio de Badalona que, de los 239 pisos habitados que hay en Venus, 30 hogares han reclamado cobrar el importe de la expropiación y 31 han solicitado incorporarse a la primera fase de traslados. Se esperaba que las mudanzas comenzaran en el primer trimestre de este 2024, pero queda por contestar las alegaciones de los afectados y aprobar el plan de expropiación de forma definitiva, que debería refrendarse tras la Semana Santa.

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Cargado de promesas frustradas para sus moradores, el derribo de Venus es una deuda que las principales administraciones catalanas han contraído con La Mina y la periferia de Barcelona. En 2020, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) recriminó “inacción” a las instituciones representadas en el Consorcio de La Mina. El alto tribunal forzó con una sentencia que se afrontara el plan aparcado para dignificar las condiciones de vida de los vecinos y poner fin al bloque, atrapado en una espiral de sordidez.

Cuando Venus desaparezca, la segunda escuela del barrio podría erigirse sobre el solar, sugiere Amorós. El cargo del Govern anticipa que se ultima un plan de “actuaciones urbanísticas” con el Ayuntamiento de Sant Adrià, que “debe traer una mejora muy sustancial de La Mina”, augura.