La falta de títulos de propiedad en el bloque Venus complica el gran desalojo pendiente de La Mina

El rescate de centenares de habitantes de la periferia aguarda a las puertas de Barcelona desde 2002. La pobreza y la inacción de los poderes públicos los han retenido en un bloque devenido en foco de degradación, infravivienda y mercadeo de droga en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Tras 21 años de vaivenes y sinsabores, ahora se promete empezar el desalojo del edificio destartalado de la calle Venus en el primer trimestre de 2024. De no entrometerse más retrasos, la operación debe culminar en unos cuatro años con un derribo que se hace de rogar desde 2010, cuando se frustró a causa del alto coste exigido a familias con escasos ingresos a cambio de un piso nuevo. En algún caso, superaba los 40.000 euros. 

“Ahora se les pediría de 85.000 a 90.000 euros. Hizo que el realojo fracasara entonces. Lo evitaremos”, promete el secretario general de Derechos Sociales, Oriol Amorós. En todo caso, el desenlace sigue sin intuirse un camino despejado.

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El Consorcio de La Mina -que integra a la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià- ha avanzado a gran parte de los afincados qué opciones les brinda para cambiar de hogar o ser compensados por abandonar Venus. No todos se avienen a las ofertas. “Son insuficientes y la gente está muy rebotada. Por eso han aparecido 600 alegaciones en contra”, cifra Paqui Jiménez, portavoz de los afectados.

Uno de los retos es dar solución a quienes se hallan en un apuro para demostrar que son propietarios de las viviendas. La Generalitat revela que solo 105 familias han probado ser dueñas de sus domicilios, menos de la mitad del edificio. Es preciso acreditarlo para cobrar el importe de la expropiación -97.450 euros para pisos de tres habitaciones, 121.514 euros para los de cuatro- o realojarse como propietario, sin más exigencia que unos 10.000 o 15.000 euros en impuestos que la Generalitat se dispone a asumir de quedarse con un 15% de la titularidad. 

"No teníamos el dinero"

Pilar Cortés recuerda haber vivido siempre en La Mina, concebida en el tardofranquismo para amontonar a barraquistas. “Cuando vinimos de La Perona a Venus, tenía solo un año -evoca-. Mis padres me compraron un piso en el bloque cuando me casé. Era mío, pero me lo quitaron porque nos pedían 300.000 pesetas por las escrituras y no teníamos el dinero”. El domicilio acabó en manos de la administración y Carmen -viuda y con una pensión mínima- no se conforma con que le ofrezcan 6.846 euros y un alquiler social para marcharse con una deuda de mensualidades por saldar. 

Remedios Arriba tampoco ve claro su futuro. Adquirió un domicilio en Venus en 1996 por “tres millones y medio de pesetas”, cuenta, pero no se vio capaz de costear el acta notarial que ahora le abriría las puertas de otro hogar en propiedad. Percibe una renta mínima garantizada de 480 euros. “No tengo medios, y estoy entre irme a un piso de alquiler que nunca será mío o ver si hay ayudas para poder hacer las escrituras. Está en el aire”, constata. Yolanda Cortés lleva 23 años en la misma vivienda, que sigue a nombre de su tía. “A ella le darán el dinero, pero no está ni empadronada”, se queja. 

A su vez, los hay que no han podido afrontar el gasto para formalizar una herencia, otra traba para ser titulares de las viviendas. “A unos vecinos les piden 8.000 euros que no tienen”, ejemplifica Jiménez. En Venus y las calles de su entorno se declararon 7.099 euros per cápita en 2021, una de las rentas más bajas de Catalunya. 

El Consorcio de La Mina intenta confirmar los casos de quienes se reclaman dueños que compraron o heredaron a precario. De no documentarlo, se les concederá un alquiler. “Hay casos fáciles de solucionar y otros que costarán -pronostica Amorós-. Miraremos qué podemos pagar, pero probablemente sean gastos que puedan integrarse en los conceptos de la indemnización. Lo importante es que todas las familias del edificio tengan una vivienda, porque Venus no es un lugar digno para vivir”.

Riesgo de ocupación

Los 239 domicilios habitados en el inmueble no se vaciarán de una sola vez. “Es un error. Se debería desalojar cada escalera entera y tapiarla”, piensa Jiménez. Amorós admite que es “una de las dificultades”, porque “hay riesgo de que las viviendas se ocupen”. El Consorcio de La Mina ha contratado un servicio de rondas de vigilancia e instalación de alarmas y sensores en previsión del arranque del desalojo. Cuesta 183.920 euros por un año. 

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También se pagarán 937.036,10 euros anuales por desmantelar pisos para hacerlos inhabitables a medida que queden desiertos y taponar puertas y ventanas. El contrato abre la opción de reubicar de vivienda a residentes dentro de Venus mientras esperan a salir del edificio, reagrupándolos en las plantas inferiores para emparedar la media escalera superior. Amorós matiza que solo se procederá así “si fuese el deseo de los vecinos”.

La demolición de Venus se pospone ahora a 2028. La Generalitat auguró hace tres años que se echaría abajo en 2026 y, hace unos meses, en 2027. Antes queda construir y adquirir decenas de domicilios para los realojados. De entrada, se presupuestan 30,8 millones de euros para poner fin a Venus, pero la Generalitat admite que acabará costando más. Del montante, 18,76 millones se reservan para compensaciones.

“Ya tenemos 32 pisos que hemos comprado. Veremos los primeros movimientos a principios de 2024. Seguro que podremos asignar, como mínimo, 30”, predice Amorós. Estima que se requieren 266 viviendas, de las que 92 ya están en manos de la administración. No obstante, 58 permanecen ocupadas ilegalmente desde que dos escaleras fueron asaltadas a la vez en 2017. Solo se han recobrado cinco de esos domicilios, ahora tapiados. Aparte, se han iniciado los trámites para edificar unos 60 pisos en La Mina, sin fecha conocida para ser levantados.  

Amorós cita las alegaciones de los vecinos como un motivo de las nuevas demoras. "También nos ha retrasado un pequeño grupo de hogares que no ha comparecido. Sabemos que algunos pisos han servido para actividades ilícitas. Esos no vienen a pedir la indemnización”, apunta. 

Cuestión aparte son el centenar de vecinos que reclaman 12,5 millones como reparación al deterioro que han padecido mientras se dilataba una solución para el inmueble. “Que haya gente que litigue retrasará”, avisa Amorós, que condiciona dejar el bloque a que antes cada demandante renuncie a pleitear. “Si se llega a un acuerdo, no se litiga. Si alguien quiere esperar, se quedará allí solo hasta que el tribunal decida”. “¿Qué tienen que ver las demandas con el realojo? Es un chantaje”, se revuelve Jiménez.