Un centenar de familias de La Mina pide 12,5 millones de indemnización por el deterioro del bloque Venus

Los vecinos de una de las calles más pobres de Catalunya llevan años demostrando una templanza de santo frente a los incumplimientos y los retrasos de las principales administraciones del país en rescatarlos de la indignidad. Han transcurrido ya 21 años desde que se aprobó el derribo del bloque Venus, un compendio de los lastres de miseria, dejadez, infravivienda y trapicheo de droga que se cargan sobre la población desfavorecida del barrio de La Mina, pegado a Barcelona y perteneciente al término de Sant Adrià de Besòs. Dos décadas más tarde, el edificio de 244 pisos sigue corroyéndose en pie, con sus habitantes atrapados en unas condiciones degradantes mientras no se les facilite una salida acorde a sus bajos ingresos. A la espera de una solución que se intuye cercana pero que nunca acaba de llegar, casi un centenar de familias del inmueble exigen ya resarcimiento. 

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Más de un tercio de los hogares de Venus pide que el Consorcio de La Mina -que integra a la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià- compense la demora en proceder a la expropiación, el desalojo y la demolición del bloque. Ya sea en el órgano encargado de la remodelación del barrio o ante el juzgado, cada familia que ha recurrido solicita lo mismo: 10.000 euros anuales de compensación, a razón de 13 años a contar desde la operación fallida para deshabitar el edificio y tirarlo abajo. Salen 130.000 euros por demandante y una reclamación total que roza los 12,5 millones para repararlos a todos. 

Desde que aguardan que se desencalle una vía de escape, los afincados en Venus han sufrido desprendimientos y deterioro por humedades, plagas, apagones reiterados -sobre todo en invierno- y una desidia que se somatiza en unos patios devenidos en basureros. También afluyen toxicómanos a las escaleras, víctimas del tráfico descarado y que acampan con frecuencia en el terrado, sembrándolo de jeringuillas. 

La senda para tentar una indemnización que los desagravie la emprendieron una cuarentena de familias, integradas en la primera remesa de solicitudes presentadas. Interpusieron una reclamación por daños patrimoniales ante el Consorcio de La Mina en 2019 y reactivaron la petición la primavera pasada, elevándola a los jueces. Lo hicieron tras aprobarse el proyecto revisado para expropiar el inmueble, pendiente de materializarse.

50 hogares más

La cantidad de hogares de Venus que demandan al Consorcio de La Mina para que los resarza se ha doblado esta semana, al registrarse una nueva instancia ante el ente. La firman 50 familias más, que siguen la estela de sus convecinas, todas asesoradas por la cooperativa de abogados del Col·lectiu Ronda: en primer lugar, exhortan a que se les reconozca el derecho a percibir una indemnización y, luego, se adhieren al ruego de ingresar 10.000 euros anuales por los 13 años de letargo desde que las instituciones concretaron su intención de vaciar y derruir el inmueble.

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En 2010, el fracaso en desalojar el bloque vino servido por los altos importes que los residentes debían sufragar para canjear su domicilio por otro de nueva construcción en La Mina. Hubo casos en que la cuantía sobrepasaba los 40.000 euros. Era un desembolso imposible para la mayoría de moradores, que tuvo que renunciar a la expectativa de mudarse a un piso nuevo e impoluto. La Generalitat ha subido ahora las valoraciones de las viviendas condenadas a la piqueta para equipararlas con las de construcción reciente. Procura así rebajar los costes a asumir por los vecinos que pidan ser trasladados en vez de cobrar la expropiación. La renta per cápita en la calle Venus fue de 7.099 euros en 2021, la mitad que la media de Catalunya. 

Antes de apelar a la Justicia, los hogares que ahora se incorporan al procedimiento deben agotar la vía administrativa. El Consorcio de La Mina admitió que había motivo para satisfacer las primeras instancias que urgían una reparación. El órgano tasó un pago de 5.000 euros para cada familia por todos los años en que el proyecto ha permanecido paralizado. Se quedaba corto en comparación con la suma reivindicada por las familias, que trasvasaron la petición al juzgado. 

A quien le parezca que la vecindad pretende una quijotada ha de saber que ya se marcó una machada: en 2020, logró que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reprendiera a las administraciones implicadas, acusándolas de cometer una “inactividad” que calificó de “patente” al congelar la ejecución de sus propias previsiones, las que debían aliviar el malestar vecinal. 

La resolución forzó a retomar el plan. En cambio, eludió posicionarse sobre si se debía resarcir por daños y perjuicios a los afectados. La abogada Mariona Torra los asesora. “Reactivar el proyecto de expropiación no puede servir en ningún caso al Consorcio de La Mina para rehuir la responsabilidad que le corresponde por todos estos años de inactividad sin causa ni justificación posible”, expresa.