La desolación de Venus vapulea a los vecinos de La Mina: "No nos sacarán de aquí ni en 2039"

Nunca deja de llamar la atención que en el colosal bloque de Venus, en el barrio de La Mina, los portales siempre permanezcan abiertos, sin ninguna barrera que encubra la descomposición que vapulea a sus vecinos. Nada cierra el paso a la maltrecha finca de Sant Adrià de Besòs, condenada a un derribo convertido en un jeroglífico sin resolver desde hace 21 años: las administraciones concibieron la demolición en 2002 y luego la dieron por imposible, mientras el edificio se demacraba a marchas forzadas. Ahora, empujadas por una sentencia de 2020 que les reprochó una “inactividad” que calificó de “patente”, la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià confían en tirarlo abajo en cuatro años, abusando un poco más de la paciencia de los vecinos. El fin no es poca cosa: se trata de rescatar de la podredumbre a los habitantes de una de las calles más pobres del área metropolitana de Barcelona. 

“Esta es la quinta llave que llevamos de la portería”, dice Andrés mientras muestra el llavero. “Las puertas siempre acaban destrozadas o se las acaban llevando”, cuenta. El paso que las instituciones que componen el Consorcio de La Mina han dado esta semana para expropiar el inmueble se recibe con incredulidad dentro de Venus, muestra descarnada de la impunidad con que las instituciones se permiten descuidar sus compromisos, aunque sea a costa del sufrimiento de 244 familias. Parte del vecindario acudirá a los juzgados para reactivar la petición de que cada hogar sea indemnizado con 100.000 euros por las inclemencias que han soportado mientras se ha aplazado darles solución. 

Vecinos de La Mina exigirán en el juzgado ser indemnizados por el deterioro del bloque Venus

El Govern se propone ahora que el bloque quede desierto de aquí a 2027, un año más tarde de lo que predijo en 2021. Los vecinos reciben con recelo cada anuncio de un próximo realojo. Se muestran agotados por la desolación que los rodea y las promesas incumplidas desde hace 13 años, cuando fracasó la operación para vaciar el inmueble, al exigirse un pago por un nuevo domicilio que la mayoría de los residentes no pudo costear. En algunos casos, el precio sobrepasaba los 40.000 euros. 

“¿De dónde sacamos eso? Somos una familia humilde. Por eso seguimos viviendo aquí”, esgrime Salu. La Generalitat se abre a enmendar los requisitos que se revelaron una trampa que retuvo a decenas de familias cuando debían salir del inmueble en 2010. Sea como sea, Salu teme que la historia se repita: “Han jugado con nosotros y nuestros sentimientos. La mayoría nos queremos ir, pero tengo miedo de que nos den esperanzas, vuelvan a construir pisos y, al final, nos quedemos aquí. ¿Y si se tuerce otra vez? No me creo nada”.

Deterioro flagrante

“Vivo en el bloque desde los 11 años y ahora tengo más de 60. Dicen que en cuatro años podrían sacarnos de aquí, pero no me lo creo”, responde Andrés. Hace recuento del desaguisado que abruma a los vecinos: “Aquí en la entrada pusieron baldosas nuevas hace unos meses pero ya las han arrancado. Aún están los buzones que tuvimos reventados durante años. Hay unos nuevos, que los pusieron cuando vinieron a rodar una película. Los ascensores se estropean cada dos por tres. La puerta de la sala de contadores la revientan para almacenar lavadoras y más cosas. Debajo de mi casa, había una puerta antiocupación, pero hay gente viviendo. Vi cómo la arrancaban para entrar. ¿Si tenemos ratas? Corren tanto que nos pasan por delante en la calle... Pagamos 97 euros de comunidad al ayuntamiento. No se nota en nada”.

En el número cinco de Venus la luz ha vuelto a media mañana, tras una noche a oscuras. Una más. Las velas siempre están a mano en la casa que las familias de Ester y Ana María comparten. Ha llegado a ser tan habitual que la corriente caiga que ya saben dónde colocar los móviles con la linterna encendida para tratar de mantener una rutina por fuerza anómala.

“Llegamos ayer a las nueve de la noche y no había luz. No ha vuelto hasta cerca de las 11 de la mañana. Hemos tenido temporadas que era el pan de cada día. Hemos llegado a estar 36 horas sin luz y fines de semana enteros. Una vez su fue en Nochevieja, preparamos una cazuela y un cucharón por si nosotros mismos teníamos que dar las campanadas… Volvió cuando quedaban 10 minutos para las doce”, desgrana Ester. El domicilio está habitado por una anciana que va en silla de ruedas y una criatura. “Se ha criado en el bloque a oscuras: subíamos a él y al carro por la escalera a oscuras y lo bañábamos a oscuras”, recuerda Ana María.

“Ni en 2039”

El acceso al terrado también está despejado, igual que en las porterías. Ahora aparenta menos suciedad que en otras ocasiones, pero perdura el rastro de algún colchón abandonado y de material usado para inyectarse la dosis. Es prueba inconfundible de que los toxicómanos siguen frecuentando el lugar para consumir a hurtadillas. 

“Los apagones acaban obligando a subir a oscuras en el ascensor, sin saber qué te puedes encontrar”, se queja Marc. Manifiesta el mismo escepticismo con los gobernantes que inunda el bloque de arriba a abajo: “No viven aquí ni saben lo que es vivir esto. ¿2027? Lo veo muy cerca y cuatro años pasan volando. Seguro que serán más. Queremos que nos lo digan por escrito. De boca, las palabras se las lleva el viento”.

“Llevamos tanto tiempo esperando que no nos lo creemos. No veo que salgamos de aquí ni en 2039”, sospecha Ester. “Toda nuestra vida ha sido así. Dicen que sí, pero luego es que no”, remacha Ana María. 

Aparte, quedan por saber los requisitos que el Consorcio de La Mina ofrece a los habitantes para dejar el edificio. El embrollo en el bloque es tal que los casos se tendrán que estudiar al milímetro, incluidos los de familias que habitan Venus desde que se edificó en los 70 del siglo pasado, pero sin ningún título en su poder para acreditar la posesión del domicilio. En todo caso, la Generalitat se compromete a garantizar vivienda siempre que se demuestren condiciones de precariedad, aunque no medie un contrato. Pocos son lo que escapan de la escasez.  

Ester y Ana María son arrendatarias. Saben que tienen derecho a alquileres sociales, cada una por separado. En todo caso, no saben ni dónde ni cuándo se podrían trasladar. “Solo nos toca una indemnización porque no somos propietarias. Es lo único que sabemos”, confiesa Ester. El Departament de Drets Socials plantea compensar a quienes no son dueños con 6.846 euros si habitan domicilios de tres habitaciones y con 8.529 euros por pisos con cuatro cuartos. 

Andrés aún debe decidirse entre mudarse a un piso en La Mina -los nuevos para alojar a los afectados tardarán cuatro años en construirse- o ingresar el importe de la expropiación. Le corresponden 97.450 euros por el domicilio que fue de sus padres. “Me parece poco. La propiedad la tenemos tres hermanos y me debería repartir el dinero con ellos. Entonces, ¿qué me queda? ¿Deberé irme a una tienda de campaña?”, se pregunta.

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