Desalojado un campamento de supervivientes de las pateras en La Mina: “¿Y, ahora, dónde vamos?”

Ocho chicos que se embarcaron en pateras para cruzar de África a España en los últimos meses han sido desalojados este jueves de un campamento en el que se cobijaban a las puertas de Barcelona. Acampaban al raso hasta esta mañana en un descampado en La Mina, dentro del término de Sant Adrià de Besòs, a escasos metros de la capital. Un camión de la basura ha triturado los maderos con los que se habían apañado unas barracas. Los muchachos, que no llevan ni medio año en Catalunya, se mostraban inquietos por no saber ni dónde podrán guarecerse esta noche ni dónde guardarán la chatarra, la que les da el sustento para sobrevivir al sueño europeo.  

Aun llevando tan poco tiempo en la ciudad y su entorno, no es la primera vez que los echan de un solar. Algunos explican que les ocurrió lo mismo semanas atrás en la calle Bolívia, en el distrito de Sant Martí. De allí, los muchachos se marcharon a La Mina y montaron unas casetas en una parcela de titularidad pública, entre ‘el culto’ -tal como se conoce a la iglesia evangélica en el barrio- y las vías del tren. Con los desperdicios que rescatan, apenas ganan 10 euros o, como mucho, 15 al día. 

Todos han acabado anclados en la periferia tras jugarse la vida en el trayecto que va del Sahel a Canarias. De allí, y en un viaje con más de una etapa entre medias, han recalado en Barcelona a la búsqueda de una vida mejor que les permita auxiliar a los familiares que siguen en África. Mamadou era lampista en Senegal, donde ha dejado dos hijos. Se lanzó al mar porque la vida en su país “es muy complicada y no está bien”, justifica. 

“Éramos 55 personas en el barco. Todo hombres. Nos tuvieron que salvar en alta mar. Estuvimos siete días y hacía mucho viento”, recuerda. Llegó a Tenerife en septiembre y, de allí, lo llevaron a Madrid, donde merodeó por el centro. “Luego nos trajeron en bus hasta Barcelona. El billete me costó 24 euros. Cuando llegamos aquí, no nos ofrecieron nada. Nos abrieron la puerta y solo nos dijeron que tuviéramos suerte”, asegura.

Ablai también se albergaba en el asentamiento hasta esta mañana. Era capitán de barco en su país. Confiesa que pagó 4.000 euros por subir a la patera para arrojarse a la ruta en la que, en 2023, se calcula que más de 6.000 personas murieron ahogadas. “Estamos mejor en España que en Senegal. ¿Que esto es duro? Claro, así es, pero para cumplir la misión hay que sufrir. Esto es la vida”, reflexionaba. 

Denuncia de un centro evangelista

El desalojo se ha ordenado mediante un expediente de oficio del Ayuntamiento de Sant Adrià, a raíz de una denuncia del centro evangelista colindante al asentamiento. Se interpuso por supuestos “problemas de convivencia”, según el gobierno municipal. No ha mediado una orden judicial. Los agentes y el inspector que han acudido al solar advertían a los chicos que, si se resistían, se requeriría al juzgado que los expulsara. 

“La policía vino hace dos semanas para avisarnos de que hoy debíamos marcharnos. No nos han ofrecido otro sitio al que ir”, lamentaba Mamadou. “¿Y, ahora, dónde vamos? ¿Y dónde metemos los carros? Ese es otro problema”, señalaba Ablai. 

Antes de que el camión de la basura irrumpiera para despejar la parcela, los muchachos se han puesto a limpiar a conciencia: han barrido el terreno y ha cargado escombros en los carros para lanzarlos en los contenedores. Trataban de que se apiadaran de ellos. “Podemos limpiar así cada día, somos jóvenes, pero que nos dejen quedarnos para tener nuestras cosas”, rogaba Ablai.  

Un agente trataba de convencer a los muchachos que no había marcha atrás y que sería peor esperar a que un juzgado instara el desahucio. “¿Pero tú me puedes decir dónde iré?”, preguntaba Ablai al inspector. Los trabajadores municipales admitían que no tenían respuesta. En todo caso, emplazaban a los inmigrantes a dirigirse a los servicios sociales. Los acampados afirman que, por ahora, no les han brindado una plaza en la que refugiarse.

El Ayuntamiento de Sant Adrià responde que los servicios sociales han hecho seguimiento de los acampados. Además, los ha empadronado en el municipio. Uno de los jóvenes lo acreditaba con la documentación que exhibía. El consistorio añade que explicó a los barraquistas “todos los recursos que tienen a su disposición”. 

Los responsables municipales consultados subrayan que el caso sobrepasa las capacidades del consistorio. “Siempre ofrecemos los servicios sociales y podemos ayudar a insertarlos, pero la administración local no puede abordar un problema que es estructural”, recalca uno de ellos. “No tenemos pisos, pero esto es un fracaso de las grandes instituciones. Es un fracaso europeo”, resuelve otro.