Los nuevos pisos del gran realojo de La Mina: todos de igual tamaño y con diseño 'anti-conflictos'

La Mina, en la periferia a las puertas de Barcelona, empieza a vislumbrar los primeros indicios de la solución que ha de desencallar el realojo pendiente de los vecinos del maltrecho edificio de la calle Venus, condenado en 2002 a un derribo atascado desde 2010 por los costes inasumibles que se reclamaron a decenas de familias, atrapadas en una de las zonas donde menos renta se declara en Catalunya. En todo caso, el desalojo de los 239 domicilios habitados en el inmueble deteriorado no será inmediato ni se resolverá de una tacada: se cuenta con que se haga por etapas hasta 2028 si no median más retrasos, la cruz con que los afectados han cargado mientras se enquistaban los problemas de infravivienda, pobreza y venta de droga en algunos pisos.

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El Govern promete que los traslados comenzarán este primer trimestre de 2024, cuando se espera que una treintena de viviendas que ha adquirido en el barrio situado en Sant Adrià de Besòs se asignen a familias que habitan el bloque de Venus. A la espera de que arranquen las mudanzas, la Generalitat ha sacado a concurso a través del Incasòl un contrato que debe culminar con la construcción de 66 pisos de protección oficial para reubicar a residentes de la finca que tiene que ser demolida, como informó el portal desdelamina.net. El Departament de Drets Socials no descarta que se erijan más.

La licitación abierta ahora no es todavía para alzar el nuevo inmueble, sino para redactar el proyecto constructivo. El coste de salida es de 428.843,52 euros, incluido el IVA. Aún sin fechas para ser levantado, el futuro edificio queda supeditado a los requisitos que el Incasòl establece.

Dimensiones prefijadas

El organismo de la Generalitat marca que cada uno de los 66 pisos debe medir 61,80 metros cuadrados, igual que las viviendas de Venus, edificadas hace medio siglo para albergar a pobladores de núcleos de barracas y demandantes de vivienda pública. Recalca que “es muy importante” que las dimensiones prefijadas no se sobrepasen “en ningún caso”. Subraya que, de superarlas, “supondría una incremento en el precio de la vivienda de sustitución” para los vecinos del edificio por derruir.

La prevención se justifica por el fracaso que precede a la operación que ahora se trata de rehacer: se programó que el inmueble se vaciaría a partir de 2010, pero se frustró por los altos importes exigidos para canjear un domicilio depauperado de los años 70 por otro recién construido. En algún caso, la factura rebasaba los 40.000 euros. La mayoría de familias no halló cómo solicitar crédito.

El Consorcio de La Mina -participado por la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià- se compromete ahora a que los realojados que se desplacen a un piso con los mismos metros cuadrados que el que habitan en Venus solo pagarán los impuestos de compraventa. La cantidad puede fluctuar entre 10.000 y 15.000 euros. El Govern se ofrece a quedarse con un 15% de la propiedad de las viviendas para asumir el desembolso y librar así de todo gasto a quienes se ven atosigados por las estrecheces.

“Complejidad social”

A su vez, el pliego de condiciones remarca que “es importante” que el bloque se erija teniendo en cuenta “la complejidad social" de La Mina. Señala que, “para facilitar la convivencia”, es necesario concebir “espacios comunitarios" en la nueva finca, que "dificulten su apropiación individual y no puedan convertirse en extensión de alguna vivienda”.

También requiere poner “atención específica” al espacio de cubierta de las plantas bajas. “No han de ser accesibles, ya sea desde las zonas comunitarias como desde las viviendas”, estipula el Incasòl. Apostilla que “el diseño de los espacios comunitarios deben rehuir los rincones y ángulos muertos para evitar posibles conflictos”. En Venus, las instituciones destinan 1,1 millones de euros en dos contratos para evitar que los pisos se ocupen ilegalmente a medida que vayan deshábitandose a partir de los próximos meses. Se prevé desmantelarlos para que resulten inhabitables, tapiarlos, equiparlos con sensores y alarmas de seguridad y contratar rondas de vigilancia.

El nuevo inmueble ocupará un descampado entre el edificio que debe derruirse y la comisaría de los Mossos d’Esquadra. Ahora se usa como aparcamiento. La fachada que dará a la calle Venus se elevará a tres plantas de altura como máximo y escalará hasta las ocho en el lado de las dependencias policiales. Los domicilios estarán dotados con dos dormitorios dobles.

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Varias manzanas con más de 300 domicilios ya fueron construidas con fondos públicos hace más de una década en La Mina para albergar a los desalojados de Venus. Sin embargo, apenas se les dio opción de habitarlos. Aparte de los pocos vecinos que fueron capaces de sufragar el cambio, la mayoría de los pisos acabó adjudicándose a solicitantes de vivienda social en 2015, mientras el proyecto para tirar el inmueble abajo se posponía 'sine die'. Otros 58 domicilios reservados para traslados de familias pendientes de expropiación permanecen ocupados desde que se arrebataron en un asalto masivo en 2017. El Consorcio de La Mina solo ha recobrado cinco de los domicilios usurpados.

"Aún muy verde"

El Incasòl recuerda en la documentación del proyecto que, más de “10 años después de la aprobación inicial del documento expropiatorio” del bloque de Venus, la administración “aún tiene pendiente aprobar definitivamente el proyecto de expropiación”. El plan se rehizo en abril de 2023 y aguarda a ser ratificado en breve. De los 244 pisos del inmueble, quedan 180 por expropiar, así como 11 locales.

Los residentes pueden optar entre solicitar un domicilio al que mudarse o percibir una indemnización, de 97.450 euros para un piso de tres habitaciones o de 121.514 para los de cuatro cuartos. La Generalitat promete que garantizará una vivienda a todos los hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad. Quedan por resolver casos en que se carece de títulos de propiedad: ocurre en hogares que no abonaron las escrituras o la cuantía para formalizar la percepción de un piso heredado.

La portavoz de los vecinos del edificio, Paqui Jiménez, afirma que desconocen cuándo serán expropiados. “Vamos súper retrasados. La gente que se quiere ir del barrio tampoco puede cobrar todavía. Lo tienen aún muy verde”, palpa. Añade un aviso: “Nos preocupa que alguien se quede en la calle porque no cumple con los 23 años de padrón que piden”.