CLAVES | ¿Por qué los vecinos de La Mina piden 12,5 millones de indemnización por un bloque deteriorado?

Inacción

El motivo principal que los demandantes esgrimen es que son afectados por un retraso que tachan de injustificado. Lo imputan al Consorcio de La Mina y, en consecuencia, a las instituciones que lo sostienen. El organismo acordó en diciembre de 2009 que los expropiaría, pero aplazó sus propias previsiones ‘sine die’ y aún no las ha culminado. Los vecinos sostienen que la demora los ha forzado a malvivir en un bloque que supura degradación por estar pendiente de derribo y del que no pueden escapar, debido a sus escasos ingresos. 

Tras años de parálisis, la causa de los afincados en Venus se anotó un triunfo cuanto menos simbólico en 2020, diez años después de fracasar la tentativa para realojarlos. Fue cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) les dio la razón. En un fallo sucinto, los magistrados constataron que la vivencia que atestiguaban 48 vecinos que recurrieron ante el alto tribunal “hace que resulte patente la inactividad de la administración”. La resolución impuso que se siguiera adelante con el proceso de expropiación; en cambio, evitó referirse a las indemnizaciones que parte del vecindario ya requería por entonces.

Condiciones “infrahumanas”

El pronunciamiento del TSJC fue una reprimenda en toda regla a las principales instituciones catalanas por haber postergado un plan concebido para aliviar las anómalas circunstancias que coartan la vida en Venus. Sus moradores lidian con desperfectos, penurias, insalubridad y mercadeo de droga. Todo ello es todavía fácilmente constatable. 

El anterior síndic de greuges, Rafael Ribó, lo expresó sin rodeos en una dura resolución en 2014. Criticó la “situación de dejadez” que el edificio acusa porque, señaló, “no ha sido objeto de mantenimiento” desde que se anunció que se echaría abajo. El aplazamiento “ha provocado una importante degradación física” del inmueble, que “ha obligado a los vecinos a vivir en condiciones infrahumanas”, remachó el síndic. Pese a que han transcurrido nueve años desde que lo pusiera por escrito, el diagnóstico de Ribó aún es válido hoy en día.

Realojo fallido

Enzarzada en la pobreza, la desventura de Venus se enredó aún más a partir de 2010. Debía ser el año clave para hacer efectivo el derecho de realojo concedido a los vecinos. La premisa parecía sencilla: todo aquel que acreditara vivir en el bloque desde antes de que se promulgara el plan de mejora de la Mina en 2002 sería trasladado a una de las nuevas viviendas públicas del barrio. 

Sin embargo, los requisitos económicos para canjear uno de los pisos sentenciados al derribo por otro de los recién construidos fueron un dique infranqueable para gran parte de los residentes. El intercambio se supeditaba a que los afectados abonasen la diferencia entre el valor en que se tasó las viviendas del edificio -desgastado y levantado en los años 70 del siglo pasado- y el precio de otras acabadas de erigir. Debían asumir un desembolso que, según el caso, variaba de 30.000 a más de 40.000 euros. Algunos de ellos -sin empleo fijo o perceptores de pensiones bajas- toparon con una negativa al rogar un crédito para financiar la mudanza. Solo una treintena de hogares fue capaz de sufragarla. 

Los vecinos instaron a que el Jurado de Expropiación interviniera para que fijara un precio adecuado. Sin embargo, el Consorcio de La Mina desistió de otorgar la aprobación definitiva al proyecto y elevar la discrepancia al órgano competente para dirimirlo. 

Con la disputa sin resolverse, los pisos reservados para los residentes de Venus acabaron adjudicándose a demandantes de viviendas de protección oficial. Eran 422 pisos vacíos, que permanecieron deshabitados durante años y vigilados por un gasto anual de más de 300.000 euros para las arcas públicas. Un concejal del PSC de Sant Adrià fue condenado a nueve años de inhabilitación en 2020, años después de descubrirse que pagó bajo mano al cabecilla de un clan vinculado a la droga y el crimen en la zona para evitar que los pisos fuesen asaltados. Poco después de que se detuviera a ambos durante unas horas, los domicilios fueron tomados por la fuerza.

Nuevo proyecto

Después de que el TSJC les reprendiera por desidia, la Generalitat, la Diputación y los dos ayuntamientos implicados desempolvaron la carpeta de Venus. Entre todos, se comprometieron a repartirse un coste de 30,8 millones de euros para dar una salida a los vecinos y tirar de un vez el inmueble, paradigma de las carencias y el abandono institucional que han marcado a La Mina, concebida en tiempos del alcalde franquista José María de Porcioles para amontonar a los pobladores de los suburbios de barracas un paso más allá de la linde de Barcelona.

Los demandantes han hecho coincidir su reclamación con la entrada en vigor de un reformulado proyecto de expropiación. Prospere o no esta vez, las familias se niegan a que se haga tabla rasa y se deje sin reparar el daño patrimonial que denuncian que se les ha infligido. El nuevo plan trata de deshacer los obstáculos económicos que retuvieron a los afectados en el edificio. De todos modos, no está cerrado qué se brindará a cada uno de ellos y vuelven a asomar algunas divergencias.