La justicia da al fin la razón a los vecinos del bloque Venus de La Mina

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha instado al Consorcio del Barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) a reactivar el proyecto de expropiación y derribo del edificio Venus, que también prevé el realojo de las familias que viven en él.

Las condiciones de vida en el bloque son cada día más adversas. Cada año que pasa es peor al anterior, y ya van casi 20, desde que la administración decidió de forma unilateral no tirar sus casas. En el 2004 el Consorcio cambió de planes y optó por dejar en pie el denostado edificio y a sus vecinos atrapados en él. Su incansable lucha pese a lo adverso de la situación forzó a la administración resucitar la operación dos años después. El (fracasado) plan inicial era realojar a las 240 familias de Venus en pisos de nueva construcción de compra por los que tenían que pagar una cantidad inasumible para la mayoría de vecinos. La situación de exclusión en la que malviven ha sido definida por el Síndic de Greuges como infrahumana: suciedad, filtraciones de agua, cortes de luz, tráfico de drogas...

"Inhumano y contrario a los derechos humanos"

"Inhumano y contrario a los derechos humanos"En un comunicado este lunes, la abogada del Col·lectiu Ronda que presentó el recurso de los vecinos estimado por el TSJC, Mariona Torra, ha asegurado que la decisión "abre la puerta a la resolución de un conflicto que tiene como trasfondo la falta de verdadera voluntad para intervenir". La sentencia estima el recurso presentado por los vecinos y reclama al Consorcio, formado por los ayuntamientos de Sant Adrià y Barcelona, la Generalitat y la Diputación de Barcelona, a seguir adelante con la demolición, el realojo y la mejora de la zona. "El edificio Venus es un espacio impropio de la Europa desarrollada. Obligar a las familias a permanecer en esta situación es inhumano y vulnerador del derecho a una vida digna", ha añadido la letrada, que ha reprochado la pasividad de las administraciones.

El TSJC considera que el Consorcio ha vulnerado los derechos de los vecinos por su "patente inactividad" para ejecutar el Plan Especial de Reordenación y Mejora del Barrio de La Mina (Perm) que preveía medidas en el barrio para evitar la exclusión y la marginalidad. En el Perm se incluía la expropiación de las viviendas y el realojo de las familias, que se paralizó por la negativa del Consorcio a atender las alegaciones de los vecinos en relación a la tasación de las viviendas, que les impedía pagar los 40.000 euros necesarios para acceder a los nuevos pisos.

El fallo obliga a tramitar el expediente al Jurado de Expropiaciones de Catalunya para que resuelva sobre la tasación, peritaje y la fijación del precio justo en los expedientes expropiatorios, en un edificio en que no se han hecho obras desde hace diez años, desde que se aprobó el proyecto.

El año pasado los vecinos organizaron una <strong>campaña de micromecenazgo </strong>con la que lograron reunir casi 18.000 euros para demandar a la administración.