El Govern reúne a las grandes ciudades para garantizar el derecho al padrón en Catalunya

La Generalitat ha empezado a trabajar con once municipios catalanes para consensuar recomendaciones básicas que garanticen el derecho a la inscripción del padrón municipal. A ello se dedicó la primera reunión de trabajo, que tuvo lugar el pasado 24 de abril, en la Conselleria d'Igualtat i Feminismes.

Al encuentro, de carácter técnico, acudieron Barcelona, Badalona, Terrassa, Sant Cugat o Manresa

"La idea es unificar criterios y garantizar que se cumple la ley y que todas las personas que residen en un municipio catalán pueden empadronarse, independientemente de donde vivan o de la situación en la que se encuentren", explica a EL PERIÓDICO el director general de Drets Humans, Adam Majó.

A ese primer encuentro asistieron los 11 municipios con más población en Catalunya, aunque varios gobiernos metropolitanos acusados de no empadronar a los más vulnerables no se presentaron a la cita.

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Hace años que las entidades sociales alertan de que, en Catalunya, hay municipios que no aplican correctamente la normativa y deniegan el padrón a sus habitantes más vulnerables. En 2023, varias oenegés y defensores de la ciudadanía listaron 59 municipios que realizaban estas malas prácticas. En la mayoría de casos, son consistorios que no aplican el padrón social o padrón sin domicilio fijo en los casos en que los afectados no disponen de documentación oficial que confirme su dirección. Pero este enero, el caso que destapó EL PERIÓDICO de las trabas que pone el Ayuntamiento 'ultra' de Ripoll, que dilata en el tiempo el proceso de empadronamiento hizo saltar todas las alarmas.

En la reunión se aclaró cómo proceder con las personas que viven en habitaciones realquiladas o sin domicilio fijo

La dirección general de Drets Humans, comandada por Adam Majó, anunció una cumbre de alcaldes para abordar la problemática, consciente de que hace años que se arrastra y que invalida derechos básicos de los ciudadanos. La contienda electoral obligó a modificar este encuentro.

Pero para empezar, el Govern citó a cargos técnicos o concejales de los municipios catalanes con más población, además de las capitales de vegueries. Entre los asistentes destacan Barcelona (PSC), Terrassa (Tot per Terrassa), Badalona (PP), Lleida (PSC), Tarragona (PSC), Girona (CUP), Mataró (PSC), Sant Boi de Llobregat (PSC), Manresa (ERC), Tremp (PSC) y Tortosa (PSC).

En la lista de ausentes constan municipios señalados en la lista negra de las entidades sociales como L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell o Cornellà.

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Más allá de las ausencias, Majó se muestra optimista. "Fue una reunión de trabajo muy útil. Salieron muchas dudas que pudimos resolver". Según sus palabras, el encuentro sirvió para aclarar el proceder en relación a las personas que viven en habitaciones realquiladas en que los propietarios de los pisos o el inquilino se niegan a confirmar su presencia ante las autoridades.

"Los ayuntamientos temen estar cometiendo fraude de ley si les empadronan en dependencias municipales o en otros lugares sin domicilio fijo, pero hay instrucciones, como por ejemplo una del Ayuntamiento de Madrid, que dice que prevalece el derecho a empadronarse ante la situación de vulnerabilidad en la que se quedan los afectados si no se hace", explica Majó.

"Prevalece el derecho a empadronarse ante la situación de vulnerabilidad en la que se quedan los afectados si no se hace"

Adam Majó

— Director general de Drets Humans

En este sentido, la conselleria planteó que sean los servicios sociales quienes hagan un informe breve y rápido que dictamine que los afectados viven en el municipio para que se tramite su padrón sin domicilio fijo. Este informe podría recoger declaraciones de vecinos, matrículas escolares o de qualquier otra actividad, recibos o documentos sanitarios para corroborar la vecindad en el municipio.

"Los ayuntamientos se quejaron de que no se puede dar más trabajo a los servicios sociales porque van colapsados, y ahí es donde habría que estudiar ayudas desde el Govern", apunta Majó.

Otras recomendaciones apuntadas fueron que las visitas a los afectados que quieran empadronarse sin documento habilitante no las hagan agentes de la Policía Local, que se empadrone en albergues municipales en el caso de las personas sin hogar y que las denegaciones se notifiquen y justifiquen por escrito a los afectados.

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El encuentro se celebró el día anterior al inicio de la campaña electoral, y la idea de la Generalitat es retomar los trabajos una vez se celebren las elecciones.

El proyecto de la actual consellería es lograr consensuar este documento de forma pública con estos 11 municipios comprometidos y a partir de aquí extenderlo al resto de ayuntamientos. Pero a nadie se le escapa que el resultado electoral puede minar todos estos planes.

"Sea quien sea, hay que actuar ante esta realidad que tarde o temprano nos estallará en la cara: no sabemos cuantas personas están en estas circunstancias pero son muchas y su situación de vulnerabilidad es extrema", insiste Majó. Según su opinión, esta es una realidad consecuencia de la pobreza y de la crisis de la vivienda. Las entidades sociales hace meses que reclaman una actitud más coercitiva, con multas, sanciones o retirada de fondos públicos a los ayuntamientos que no cumplan con la normativa.